El Gobierno de Bolivia fiscalizará el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y expulsará a aquellas que, a su juicio, se entrometan en la vida política del país, aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera en una conferencia de la Asamblea Legislativa Nacional el 10 de agosto.
El Ministerio de Autonomías, encargado del registro de personas juridicas para el funcionamiento de ONG, identificará y evaluará las tareas que realizan las ONG del país para así determinar cuales siguen una política “transnacional e imperial”, con el propósito de estancar el desarrollo de la región.
“¿Quiere hacer política? Forme su partido político. Tiene todo el derecho. Arme su partido (…) vaya a las elecciones. Pero no bajo el pretexto de ser una fundación y una ONG para hacer política partidaria, mentir, tergiversar”, dijo García Linera.
Hugo Siles, titular de dicha dependencia, dijo que se publicará una lista sobre las organizaciones autorizadas para trabajar en el país. Dependiendo de los resultados de la fiscalización, algunas “pueden ser susceptibles de sanción o anulación”, añadió Siles.
Dentro del aviso, García Linera identificó a cuatro organizaciones que “hacen política”, las cuales son: Milenio, Fundación Tierra, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
“Fundación Milenio, Cedib, y Fundación Tierra, Cedla, a la cabeza de unos trotskistas, ¿qué podríamos decir? Trotskistas verdes o trotskistas oenegeístas, digámoslo así, que por plata han cambiado su ideología, de acérrimos defensores de la industrialización hace 20 años y ahora acérrimos defensores de que no hay que tocar ni un pétalo de ninguna planta, de ninguna flor en el mundo”, dijo García Linera.
Siles afirmó que dichas organizaciones serán las primeras en ser evaluadas y que corren el riesgo de ser expulsadas del territorio nacional.
La nueva reglamentación de Estado contra las ONG resulta incongruente si se toma en cuenta que tanto Morales Ayma como García Linera tienen un pasado con las mismas.
En julio de 2004, el presidente Morales envió una carta de respaldo al Cedib, una de las organizaciones acusadas, por defender los intereses de los productores de la hoja de coca y apoyar a dirigentes de federaciones cocaleras en momentos de represión, según el diario El Deber.
Por su parte, el vicepresidente García Linera concursó a fines de 2004 para competir por el cargo de director de Cedla, dentro de una convocatoria pública abierta para cualquier profesional que cumpliese los requisitos.
El PanAm Post reportó que el pasado 5 de agosto, la organización Human Rights Watch aseguró al Tribunal Constitucional Boliviana que el poder de las leyes bolivianas para restringir y disolver ONG viola el derecho a la libre asociación.
Fuentes: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, El Deber, JornadaNet.