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El gobierno de Ollanta Humala declaró este martes un estado de emergencia en seis provincias al sur del país, luego de que una protesta pacífica en contra del mayor proyecto de cobre del Perú se tornara violenta. El resultado de la revuelta fue un saldo de 4 muertos; 18 heridos de bala, de perdigones o contusiones; y 22 manifestantes detenidos, según manifestó el gobernador de la región Apurímac, Wilber Venegas.
El proyecto multimillonario de Las Bambas es liderado por la filial china MMG Ltd, que espera producir hasta 400.000 toneladas anuales de cobre a partir del 2017, en lo que el primer ministro peruano calificó como «el plan minero más importante en la historia del Perú».
Sin embargo, el pasado viernes, los habitantes de la región peruana de Apurímac iniciaron una protesta en rechazo del proyecto luego de que se hicieran cambios en su instalación, pues temen que este ocasione daños ambientales considerables en la región.
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Desde el inicio de las manifestaciones, el gobierno peruano ordenó el traslado de alrededor de 1.500 efectivos policiales a la región, con el objetivo de disminuir las tensiones entre los manifestantes. No obstante, este lunes la situación se agravó aun más al presentarse enfrentamientos con la policía.
Los oficiales aseguran que los manifestantes entraron a la fuerza a un área reservada de la mina, por lo que tuvieron que recurrir a la fuerza para controlar la situación. Mientras tanto, los habitantes locales afirman que protestaban pacíficamente en los alrededores de la mina cuando la policía arremetió contra ellos.
Es el segundo decreto de estado de emergencia en Perú en lo que va del año. En mayo, las protestas en la mina de cobre Tía María también cobraron víctimas mortales, por lo que el Gobierno decretó el estado de emergencia durante 60 días en la provincia de Islay, en la región sureña de Arequipa.
Durante un estado de emergencia, las autoridades tienen la potestad de ingresar a las viviendas sin orden de registro, pueden realizar arrestos sin la orden de un juez y se suspende la libertad de reunión de los ciudadanos.
Fuentes: La Prensa, El Comercio.
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