Mañana 7 de julio, en Caracas, se llevará a cabo la apelación de la condena a 14 años de cárcel del preso político venezolano Leopoldo López. Una apelación que ya se ha diferido una vez y ante la cual se han denunciado violaciones de derechos humanos contra el dirigente.
Su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, es optimista de que en esta oportunidad, la justicia prevalecerá, y que lo que procede para López es la absolución y la anulación del juicio de primera instancia, al cual diferentes y prestigiosos organismos internacionales de Derechos Humanos han calificado de farsa.
Gutiérrez conversó con PanAm Post minutos antes de ingresar a la infame cárcel de Ramo Verde, donde López está preso, para revisar los últimos detalles del drama jurídico que tendrá lugar hoy en el Palacio de Justicia de Caracas. Al proceso podrán concurrir, si el Gobierno venezolano no dispone lo contrario, prestigiosos juristas como Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia español, sumado a la defensa del dirigente político.
¿Cómo vislumbran la sesión de mañana en la Corte de Apelaciones y qué elementos van a usar en la defensa de Leopoldo López?
Llevamos 16 puntos de impugnación contra la sentencia condenatoria de Leopoldo López, una sentencia que es abiertamente contraria a Derecho. Se van a presentar denuncias muy claras de violaciones graves de Derechos Humanos, basándonos en la falta de transparencia del juicio de primera instancia, que fue oscuro, a puerta cerrada, sin posibilidad de que entraran ni la prensa ni los observadores internacionales.
En paralelo, estamos advirtiendo sobre el manejo inadecuado de las pruebas. Las que presentamos nosotros fueron totalmente negadas y las presentadas por el Estado eran exculpatorias. Y esta verdad exculpatoria de la responsabilidad penal de López fue totalmente desatendida por la jueza. El resultado de las pruebas que lo favorecían fue sustraído del proceso, tanto de las actas de juicio como del desarrollo de la sentencia y su análisis, lo que genera una sentencia inmotivada, sin fundamento probatorio, que sesgó la verdad procesal y neutralizó la verdad verdadera.
El tercer grupo de argumentos está vinculado a la infracción de ley en cuanto a los delitos que se le han imputado a Leopoldo López: los hechos que describe la sentencia, a pesar de su ausencia probatoria y el manejo inadecuado de las pruebas, no pueden serle acreditados. No se puede hablar de determinador si no hay una orden, un mandato directo y eficaz contra una persona, para la ejecución de un delito. Y la misma perito [Rosa Amelia Asuaje] reconoce que eso no lo hizo Leopoldo, que hizo unos llamados a salir a la calle a protestar. La figura del determinador no se verifica mediante un simple llamado, tiene que haber una orden, una instrucción y no un llamado a un público en general.
En resumen: Hay vicios de carácter procedimental y de violación de derechos humanos que deben traer como consecuencia la nulidad de la sentencia. En paralelo, las normas vinculadas a los delitos imputados fueron incorrectamente aplicadas, lo cual debe derivar en una sentencia de carácter absolutorio. Con cualquier cariz que usted vea esta sentencia, tiene que ser revocada.
¿Qué piensan de que la Corte de Apelaciones les haya permitido presentar el testimonio del fiscal Franklin Nieves, cuya deserción y denuncias se producen luego de que ustedes hayan apelado la sentencia de la juez Susana Barreiros?
Lo que ha permitido la Corte de Apelaciones es lo correcto: no solamente el testimonio, sino además los argumentos asociados al mismo; los vicios que el fiscal Nieves ha admitido; de igual manera, cómo de forma pública la perito Rosa Amelia Asuaje denunció que su testimonio y su informe fueron abiertamente manipulados por la juez. Eso fue presentado como una petición de nulidad, posterior a la apelación, y lo que ha hecho la Corte de Apelaciones es decidir que esos dos puntos van a ser objeto de juzgamiento.
Eso se va a desarrollar oralmente mañana, y la Corte de Apelaciones considerará si da lugar o no da lugar, de acuerdo con lo que estamos pidiendo. Ese es un elemento que nosotros vemos positivo. El derecho a la defensa se tiene que preservar. La Corte de Apelaciones tiene la obligación de permitir que la defensa presente todos sus alegatos, cosa que no ocurrió durante el desarrollo del juicio anterior, en el que no se permitió no solamente que la defensa probara, sino que argumentara y tuviera una posibilidad real de justicia en el caso de Leopoldo López.
¿Cómo ponderan la llegada del abogado Alberto Ruíz Gallardón y del equipo de defensores internacionales que se ha incorporado a la defensa de Leopoldo López?
Con los abogados españoles e internacionales hemos tenido comunicación permanente, muy largas sesiones de trabajo jurídico, de revisión de expedientes, de jurisprudencia nacional e internacional, casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas; del Tribunal Constitucional Español y de la Corte Constitucional colombiana, vinculados a asuntos similares; y toda la jurisprudencia nacional e internacional que mañana vamos a presentar mañana ante la Corte de Apelaciones, apunta hacia la nulidad y la absolución. Cada uno de los 16 aspectos de impugnación que vamos a presentar mañana está soportado por normas de derecho, de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. Cada uno tiene soporte jurídico: las propias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano indican que, en el caso de Leopoldo López, la sentencia tiene que ser revocada con carácter obligatorio.
¿Están preparados para otra postergación del juicio? Es posible que mañana otro magistrado se vuelva a “enfermar”…
Muy lamentablemente, en Venezuela puede ocurrir cualquier cosa, y, más lamentablemente, los abogados venezolanos estamos preparados para cualquier situación de esta naturaleza que ocurra. Esto no debería ser normal, pero es nuestra realidad jurídica. Toda la información que tengo es que la audiencia se va a celebrar, estamos preparados para ello, y para dejar el alma en la sala de audiencias por un caso justo, noble, que tiene que culminar con un final que restablezca, fortalezca, elimine la mancha que existe sobre el sistema de justicia venezolano.
Eso nada más le corresponde a los propios jueces, que son quienes tienen que dar respuesta a la ignominia, al abuso del derecho que ha caracterizado este caso.
Esto no es un tema de política, no es un tema que se soluciona en una mesa de negociación, es un tema que tienen que resolver los jueces venezolanos. Limpiar la mancha que tiene el sistema de justicia venezolano frente a las claras, evidentes, contundentes acciones injustas que han ocurrido en este caso: restablecer el estado de Derecho en Venezuela a través de una sentencia justa, una actuación que sea independiente, imparcial, proba, ajustada a Derecho.
Es lo que esperamos de la Corte de Apelaciones de Caracas: el rescate del estado de Derecho venezolano como valor fundamental de nuestro sistema democrático.
¿Cómo se encuentra Leopoldo López? ¿Cómo lo ve usted de salud y de voluntad?
Afortunadamente, Leopoldo es un hombre recio, joven, con una alta capacidad de resiliencia, de fortalecerse frente a esto. Pero la situación aquí en la cárcel de Ramo Verde es dura, es de aislamiento. Lo último que le hicieron, la semana pasada, fue terrible: una requisa salvaje, y le quitaron todos los papeles que había preparado para su defensa, todos los puntos de su argumentación, todo el trabajo que habíamos venido desarrollando durante estos seis meses, desde que presentamos la apelación en octubre del año pasado.
Se lo decomisaron ilegalmente. Esto es algo sumamente grave que se está denunciando el día de hoy (miércoles) ante la Fiscalía General de la República. Esto es un acto de tortura, legislado nacional e internacionalmente, pero esta es la realidad de este caso: no solamente la violación del debido proceso, sino la situación de tortura constante de la que es objeto aquí en la cárcel de Ramo Verde.
¿En un país en el que la justicia está totalmente manipulada, no es optimista pensar que Leopoldo López puede ser liberado?
La Corte de Apelaciones tiene la obligación de sentenciar conforme a la legalidad. Independientemente de que el resultado de la correcta aplicación de la ley beneficie a Leopoldo López o perjudique al presidente de la República. Los jueces tienen que deslastrarse de los efectos de una sentencia, de los efectos de una decisión que afecte a un Gobierno o afecte a un individuo. Esas afectaciones personales no tienen que ser tomadas en cuenta por ningún juez de la República.
Esto tiene que deberse a la norma procedimental del derecho penal y tiene que estar fundado en la evidencia del juicio. Lo demás escapa del conocimiento y del papel de un juez en una República democrática. Entonces al juez no tiene por qué importarle lo que diga el presidente de la República, ni tiene que importarle que esté juzgando a Leopoldo López. Que se aplique correctamente la Ley y, de ser así, estoy absolutamente seguro de que esa sentencia lo liberará.