English Perú inició el año 2014 con un tema que generó gran polémica: el supuesto “acaparamiento” de los medios de prensa escritos por parte del Grupo El Comercio, al adquirir el 54% de las acciones de la empresa Epensa para la comercialización, distribución y operación de sus diarios en el país.
El presidente Ollanta Humala criticó (ver aquí y aquí) duramente esta operación, incluso planteando que la adquisición de medios de prensa por una empresa debe ser debatida en el Congreso, en tanto constituye una amenaza a la libertad de expresión. “Es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que sea prácticamente el dueño de los medios de comunicación, eso es peligroso para la libertad de expresión”, apuntó en el canal estatal TV Perú. Asimismo, cuando se le preguntó sobre la legalidad de la operación, expresó: “no es ilegal, ahorita no es ilegal”.
Algunos analistas han señalado que se trataría de una distracción frente a asuntos que han acaparado la opinión pública en los últimos meses. Por ejemplo, el escándalo por la protección policial indebida a Óscar López Meneses y el nombramiento de la Primera Dama, Nadine Heredia, como Presidenta del Partido Nacionalista, entre otros.
Sin embargo, el tema de la concentración de medios de prensa escrita ha suscitado un gran debate en diversos medios de comunicación, y sin duda es un tema de fondo que merece un análisis adecuado. Por un lado están quienes se oponen a esta adquisición de medios, al señalar que esta operación habría vulnerado el derecho constitucional a la libertad de información. Por otro, quienes sostienen que se trata de una operación estrictamente empresarial llevada a cabo dentro de la legalidad y el marco de la libre competencia. Lo cierto es que también hay que considerar que los principales críticos de esta supuesta concentración estarían liderados por el Grupo La República, que ya había pretendido adquirir las acciones de la empresa Epensa sin mayor éxito.
Fuera del tema político, el artículo 61 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado promueve la libre competencia. Asimismo, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. En cuanto a los medios, establece que la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; así como las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
En este caso, el hecho de que no se trata de un monopolio al tratarse de seis diarios de los cerca de 60 existentes a nivel nacional es claro y no requiere mayor análisis. Sin embargo, llama la atención el precepto constitucional de “acaparamiento” dado el porcentaje de lectores que el Grupo El Comercio tiene ahora a nivel nacional. Sobre el referido acaparamiento se pronuncia la Ley de Radio y Televisión, que en su artículo 22 establece de manera muy similar a lo establecido por la Constitución, que la radio y la televisión no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. Pero al definir acaparamiento habla de espectro radioeléctrico y frecuencias disponibles, es decir, de un mercado finito, limitado al número de frecuencias existentes. El artículo 11 de la misma norma establece muy claramente que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas.
En el caso de la prensa escrita no existe tal espacio o espectro finito. Por el contrario, es infinito, y podrá haber cuántos medios escritos decidan estar libremente en el mercado. Por si fuera poco, al día de hoy, a través de Internet, se cuenta con un gran número de medios de prensa más allá de los impresos en papel. Finalmente además serán los lectores quienes definan a través de su preferencia qué diarios prefieren leer.
Como también es conocido, por resolución judicial del 27 de diciembre de 2013 se admitió a trámite una demanda constitucional de amparo contra el Grupo El Comercio por la supuesta vulneración a los derechos constitucionales de libertad de expresión e información, pluralismo informativo, entre otros, aduciendo que la transferencia de acciones del 54% de Epensa a favor del Grupo El Comercio produce una alta concentración en un solo grupo empresarial. La decisión sobre la legalidad de dicha operación recae ahora por lo tanto en las manos del Poder Judicial y el debate ahora debería centrarse ahí y no politizarse más.
Finalmente, es importante reflexionar sobre lo que señalan las proyecciones para este año. Perú tiene la posibilidad de recibir alrededor de US$ 10 mil millones de inversión este 2014 y se calcula un incremento del PBI de entre 5 y 6%, según señala el El Comercio en un suplemento del 6 de enero de 2014. Sin embargo, nada de esto está garantizado si no se establecen políticas claras de promoción y protección a la inversión y se mejora la confianza empresarial. El Estado debe también enfrentar los problemas relacionados a los conflictos sociales en diversas zonas del país, como es el caso del proyecto minero Conga, que sin duda, a diferencia de lo que opinó el Presidente, no es intrascendente para el desarrollo del país.
Este es el verdadero desafío del Estado este año y, ciertamente, no debería involucrarse y desgastarse como lo está haciendo en un asunto de naturaleza empresarial que corresponde al ámbito privado. De hacerlo, corremos un grave riesgo, especialmente en América Latina donde es un patrón que la prensa, la última línea de defensa de las libertades, es muchas veces monopolizada por caudillos populistas que buscan proteger sus propios intereses.