La Cámara de Diputados del Congreso argentino aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó al principio de su mandato el presidente Mauricio Macri, en el que se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y dejó sin efecto puntos centrales de la polémica ley de medios del kirchnerismo.
La iniciativa pone punto final a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la gestión de Cristina Kirchner utilizó contra los medios de comunicación independientes.
En este sentido, se recomendó al Poder Ejecutivo una serie de medidas que establecieran una competencia adecuada y efectiva en el mercado de la prestación de servicios de radiodifusión.
Macri designó como responsable del Ente Nacional de Comunicaciones a Miguel de Godoy. Enacom, que controlará las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones, funcionará en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones.
Enacom sustituye a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) que fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A su director, el militante kirchnerista Martín Sabbatella, se le cuestionaba su parcialidad a la hora de tomar decisiones y cometer actos de corrupción.
Este jueves, el Gobierno de Macri y entidades no gubernamentales expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, sus motivos para estar a favor o en contra de la ley de medios sancionada en 2009 por Cristina Kirchner y derogada parcialmente por el presidente Mauricio Macri con la ratificación de la Cámara de Diputados.
La delegación del Gobierno Nacional estará integrada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, y los exrelatores de la libertad de la CIDH, Santiago Cantón y Eduardo Bertoni, actuales funcionarios de Mauricio Macri.
En representación de las entidades que apoyan a la derogada ley, expondrán ante la CIDH el presidente y el secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, Damián Loreti, redactor de la ley de 209, y Martín Becerra.
Ante la OEA, el Gobierno de Macri hará un repaso del historial de los últimos años en el país en materia de libertad de expresión y de prensa. Se espera, según señala La Nación, que se hable de los “juicios populares” a periodistas en la Plaza de Mayo, el uso partidario de la televisión estatal para descalificar y demonizar a los periodistas, la persecución contra los hijos de la directora del diario Clarín, el reparto arbitrario de la publicidad oficial en función de la línea editorial de los medios, la prohibición, de hecho aplicada, a grandes anunciantes privados para que no contraten espacios de publicidad en diarios críticos, las amenazas de expropiación de la fábrica de papel para diarios Papel Prensa, entre otros tantos sucesos.
Por su parte, los enviados del Gobierno de Macri también enumerarán las supuestas arbitrariedades de la Afsca en la aplicación de la ley audiovisual de 2009.