La situación se complica cada vez más para el empresario kirchnerista Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero. El juez que investiga la causa de la “ruta del dinero K”, Sebastián Casanello, ordenó este lunes que Báez continuara preso, que se le embargaran sus bienes por AR$ 100 millones y congeló todas sus cuentas.
La prisión preventiva y el embargo de bienes también aplican para el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín. La semana que viene ambos deben ampliar sus declaraciones indagatorias sobre el caso.
En la resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), se detalla el secuestro y el embargo de los vehículos y otros bienes de Báez, así como los de los otros imputados. Pidió que se tasaran sus inmuebles y que se hiciera lo mismo con “los bienes registrables y otros bienes suntuarios o de lujo que se hallen en los inmuebles de los imputados”.
El magistrado pidió también que tres veedores designados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiguen las cuentas de la empresa de Báez, Austral Construcciones. Esta constructora obtuvo la adjudicación de casi toda la obra pública en la provincia de Santa Cruz, sur del país, mientras los Kirchner estuvieron en el poder.
Casanello mandó a librar exhortos a Estados Unidos, Suiza, España, Belice, Panamá y Uruguay para que colaboren con la investigación de la “ruta del dinero K”.
El juez también procesó al hijo del empresario K, Martín Báez, pero sin prisión preventiva. El hijo de Báez quedó involucrado en la causa a raíz de la divulgación de los videos donde se le veía contando grandes cantidades de dólares en la sede de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. Gracias a estos videos la causa por lavado de dinero logró un avance significativo.
Asimismo, citó a declarar en indagatoria al exjefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, a quien le prohibió salir del país; también citó para indagatoria a un excolaborador de Echegaray, el extitular de la Dirección General Impositiva Rubén Toninelli. La justicia sospecha que ambos funcionarios colaboraron en las maniobras de lavado de dinero encabezadas por Lázaro Báez.
Casanello ordenó, además, la “inmediata captura nacional e internacional” del abogado de Báez, Jorge Chueco, quien desapareció misteriosamente el fin de semana en la provincia de Misiones, al norte del país. Casanello pidió la inhibición general de los bienes del abogado.
[adrotate group=”8″]
Los otros procesados por la “ruta del dinero K”son Sebastián Pérez Gadín, Walter Zanzot, Fabián Rossi y César Fernández. También fueron llamados a indagatoria Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo Larrea y Néstor Marcelo Ramos, vinculados a Austral Construcciones y Helvetic Services Group, empresa que compró a la financiera SGI.
Lázaro Báez y el resto de los procesados en la causa, están acusados del lavado de al menos US$ 5.1 millones según el diario La Nación.
Por la causa está imputada la expresidenta Cristina Kirchner, quién debe rendir indagatoria este mismos mes.