La exministra de Desarrollo Social y actual gobernadora de la Provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, fue denunciada por estar supuestamente involucrada en el desvío de AR$22 millones (US$1.554.080) de ese despacho a la Universidad Tecnológica Nacional (UNT)- Regional La Plata, a través de una consultoría para el Plan Argentina Trabaja.
El Ministerio de Desarrollo Social habría firmado nueve convenios con la fundación de la UNT regional para contratar ingenieros que debieron monitorear el Plan Argentina Trabaja, pero una gran parte de los profesionales que figuraba en la lista de cobro jamás participó en la auditoría.
Varios de los ingenieros que aparecen en la lista de cobro señalaron a Clarín que sus identidades fueron sustraídas para poder cobrar los cheques. Los hacían figurar como consultores del ministerio de Desarrollo Social, pero los cheques eran cobrados por terceros. Ernesto Fudim, médico jubilado del PAMI, y que nunca estuvo en la UTN, dijo que había sido víctima de este fraude.
La mayoría de los nombres de los supuestos consultores fueron copiados del padrón de graduados de la facultad de la provincia de Santa Fe de la UTN.
Un testigo mostró a Clarín dos órdenes de pago de 2013 de esos convenios, una por AR$3.991.800 (US$281.980,75) y otra por AR$ 3.115.900 (US$220.107,18) para pagar, a través de la fundación de la facultad La Plata de la UTN, a 248 y 244 profesionales, respectivamente. Según el testigo, el día de pago iba un grupo de personas, afectas al proyecto K, al Banco de La Nación de La Plata a endosar los cheques y cobrarlos. Contó que afuera del banco los esperaba una camioneta para llevar el efectivo en valijas.
La maniobra se habría repetido en otras regionales de la casa de estudio y tendrían como objetivo financiar actividades de agrupaciones afectas al kirchnerismo, destaca Clarín.
El Plan Argentina Trabaja que fue lanzado en agosto de 2009, implica el cobro de un ingreso mensual para desocupados por tareas en obras y mantenimiento del espacio público. Los beneficiarios formaron cooperativas y fueron contratados por municipios, provincias o el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
Se espera que el Poder Ciudadano presente este martes una denuncia penal contra Alicia Kirchner y otros supuestos autores de la maniobra.
Fuente: Clarín.