En un intento por cumplir con su promesa de campaña electoral de impulsar la transparencia en la gestión pública, el Gobierno de Mauricio Macri implementó un nuevo método para las licitaciones de la obra pública nacional.
El Ejecutivo está solicitando a las empresas que quieren presentarse a licitación que hagan uso de Internet para hacerlo. En este sentido, cualquier compañía puede bajarse los pliegos de la licitación sin pagar por ellos y luego presentarse a la compulsa. En los pliegos se encuentran las bases para ser parte del proceso.
Asimismo, se le solicita a las empresas que presenten sus ofertas en pendrives, CD o DVD para que luego se hagan públicas en los distintos organismos del Estado.
El secretario de Obras Públicas, Daniel Chacín, aseguró a La Nación, que a comienzos de año obtuvo buenos resultados con la primera experiencia con la que se trabajó aplicando el nuevo sistema. “En principio, bajamos los precios y se sumaron más oferentes que lo habitual”, comentó Chacín.
La Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, tiene entre sus responsabilidades no sólo la realización de obras públicas, sino también aumentar los servicios de agua y cloacas en todo el país. Esta oficina tiene en agenda proyectos por US$21.000 millones en los próximos cuatro años para tender 55.000 kilómetros de tubería para agua y otros 30.000 kilómetros para cloacas.
El presidente Macri habría sugerido que la nueva metodología de adjudicar obras se replique en otras áreas del Estado y que sumen las las gobernaciones y los municipios.
La relación del Estado con las contratistas está en el centro de la polémica luego de que salieran a la luz los beneficios que obtuvo el empresario de la construcción, Lázaro Báez, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Austral Construcciones, propiedad de Báez, fue la adjudicataria de gran parte de las licitaciones de la obra pública de la Provincia de Santa Cruz. El “empresario K” hoy es investigado por lavado de dinero que se cree es producto del sobreprecio en la obra pública.
La Nación detalla que con el sistema anterior era relativamente sencillo para las constructoras o consorcios saber quién había comprado pliegos y ensayar algún tipo de acercamiento mutuo para acordar precios. Con la nueva forma se puede bajar el formulario para licitar una obra sin dejar registro, lo que impide que se sepa quiénes son todos los competidores hasta que se abren las ofertas, que luego se hacen públicas. Con el nuevo método el Gobierno espera evitar la cartelización en el proceso de licitación.
Fuente: La Nación.