El juez Arile Lijo decidió procesar a exfuncionarios kirchneristas y empresarios farmacéuticos por financiar de forma ilícita la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
En una resolución publicada este jueves 23 de junio se detalla que el procesamiento aplica para Héctor Capaccioli, exsuperintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria (FPV); Sebastián Gramajo, exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral kirchnerista; y para los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, y Gabriel Brito.
También será procesada Solange Bellone, quien es viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen relacionado con el tráfico de efedrina.
El magistrado Lijo interpretó que en los aportes efectuados por las empresas “Multipharma”, “Global Pharmacy” y “Seacamp” para la campaña del Frente para la Victoria (FPV) se pusieron en circulación AR$886.000 (US$62.976,88) que provenían de estafas con medicamentos.
“Parte del financiamiento de la campaña de Cristina tenía origen ilegal, hablamos de lavado de dinero”. dijo el juez en una entrevista a Radio Nacional.
“Se terminó demostrando que parte del financiamiento que se obtuvo para la campaña del 2007, fundamentalmente el que tiene que ver con el aporte de algunas droguerías, tenía origen ilegal, por lo tanto se trata de un caso de lavado de dinero”, agregó Lijo.
“En el 25 por ciento de los aportes de las droguerías, el financiamiento, desde el punto de vista del origen del dinero, fue ilegal”, concretó el magistrado en la entrevista.
En la resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), Lijo detalla que el exfuncionario Héctor Capaccioli y el empresario Néstor Lorenzo fueron los encargados de poner en circulación el dinero ilícito y aprovecharon la campaña política para hacerlo.
Las empresas farmacéuticas mencionadas entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio un recibo por parte de éstos y, en la fecha de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo.
“Multipharma” de los empresarios Lorenzo y Torres aportó a la campaña AR$376.000 (US$26.726,08); Global Pharmacy de Gabriel Brito aportó AR$310.000 (US$22.034,80), y “Seacamp” que pertenecía al asesinado Sebastián Forza contribuyó con AR$200.000 (US$14.216,00).
Lijo comprobó que estas empresas no contaban con los fondos suficientes para asumir los aportes que hicieron a la campaña de Kirchner en calidad de “donación”; tampoco contaban con registros contables del dinero que ofrecieron. El juez considera que estas operaciones solo podían ser posibles manejando dinero que no les pertenecía, con plata de origen ilícito que no estaba debidamente declarada.
Los recibos de aportes de las empresas fueron encontrados en la casa de Néstor Lorenzo en unos allanamientos que se realizaron por la causa de la “mafia de los medicamentos”. Las personas involucradas en el aporte de la campaña electoral de Kirchner fueron procesadas en el marco de esa causa. Quedó así comprobado un vínculo delictivo directo entre ellos.
El magistrado concluyó que una de las hipótesis es que el dinero aportado en la campaña haya provenido del tráfico de efedrina.
Lijo dijo también a Radio Nacional que Capaccioli, Lorenzo, Brito y Gramajo podrían acogerse a la ley del arrepentido.
En marzo el juez había citado a declaración indagatoria a los empresarios y exfuncionarios kirchneristas por presunto lavado de dinero durante la campaña electoral del 2007, pero este jueves se concretó el procesamiento en la causa para los implicados.
La decisión del magistrado Lijo se dio a conocer justo el día en que el presidente Mauricio Macri anuncia que enviará al Congreso la ley de Reforma Electoral.
“Justo en estas horas nos enteramos que la Justicia avanza en una causa que pasó hace una década. (Los jueces) deberían tener mejores herramientas para que ese tipo de trampas no suceda”, dijo Macri en la presentación de la iniciativa.
Esta ley contempla, entre otras cosas, que se dote a la Cámara Nacional Electoral de más herramientas para el control del financiamiento de las campañas.