El supuesto autor intelectual del crimen de tres empresarios farmacéuticos en 2008 relacionado con el tráfico de efedrina, Ibar Pérez Corradi, aseguró que el gobierno de Cristina Kirchner le dio protección para que permaneciera prófugo de la justicia.
Después de cuatro años prófugo, Pérez Corradi fue detenido el domingo 19 de junio en Brasil, de donde fue expulsado y llevado a Paraguay, país en el que enfrentó cargos por falsificación de identidad. El 5 de julio fue extraditado a Argentina.
En una entrevista al programa de televisión La Cornisa transmitido este domingo 28 de agosto, Pérez Corradi detalló que le dieron tres documentos de identidad argentinos falsos en blanco, con el número correspondiente. “Uno era de una mujer, otro correspondía a un tal José Luis Fernandez. Y yo lo llené con esos datos. Y el otro no llegué a averiguar”, comentó el detenido.
“Me dieron protección en el sentido de que no aparezca porque iban a estar todos salpicados. El día del allanamiento (en febrero pasado) yo pasé por la puerta de mi casa y le pregunto a un policía qué había pasado. Y me dice que están buscando a Pérez Corradi”, señaló.
Agregó que quienes le dieron protección eran personas que trabajaban con él en el negocio del tráfico de efedrina. En este sentido, señaló que pagaba US$ 750.000 por mes a gente del exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, a quien acusa de estar involucrado en el tráfico de efedrina.
Señaló al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, de estar involucrado con el negocio del contrabando.
“El contrabando y la efedrina era el negocio de Echegaray y la protección de Aníbal Fernández”, aseveró.
Pérez Corradi también apuntó contra la juez federal Sandra Arroyo Salgado, quien la semana pasada concedió su extradición “transitoria” a Estados Unidos, donde es juzgado por el envío de 80 dosis de oxicodona a través de un correo privado. Aseguró que la jueza le pidió US$ 500.000 para dejarlo en libertad cuando él estaba detenido en Argentina.
El detenido por el crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, negó que estuviera involucrado en el hecho.
La prensa local señala Forza, Ferrón y Bina le vendían la efedrina a Pérez Corradi, que a su vez la exportaba al cartel mexicano de Sinaloa, pero el problema comenzó luego que los empresarios farmacéuticos le suministraron un cargamento adulterado para sacarlo del negocio.
“Yo no maté a Forza, Bina y Ferrón. No sé quién los mató. Ellos no tenían forma de perjudicarme, de robarme el negocio […] es como que venga un nene chiquito y te quiera pegar una cachetada; no hay forma de que me perjudicaran. Yo no he tenido motivos para matar a ellos tres. Si aparecen estos tres pibes muertos. como aparecieron vinculados con la efedrina, es obvio que el negocio se iba a pudrir e iba a dejar de ser negocio para todos”, explicó Pérez Corradi.
En la entrevista al programa La Cornisa, Pérez Corradi dijo que el dinero de la campaña electoral del kirchnerismo en 2007 provino de Venezuela.
“La plata para la campaña del 2007 vino de Venezuela. Dije eso en la justicia. Que (en el gobierno anterior) tenían una cantidad de plata para toda la campaña y no podían justificarla. Entonces salieron con Capaccioli (el recaudador de los fondos) a buscar cheques para justificar eso, para lavar dinero. Buscaron a gente que le diera cheques […] y luego el gobierno les daba la plata para cubrir esos cheques”, explicó.
Finalmente, aseguró que él trabajaba con la Secretaría de Inteligencia (exsecretaría de Inteligencia del Estado) “que subía a los aviones 300 o 400 kilos de efedrina que iban a México”.
El viernes la jueza que lleva el caso del triple crimen rechazó la extradición otorgada por la magistrada Arroyo Salgado porque considera que entorpecería el desarrollo de la investigación que ella lleva a adelante. Le corresponde al Gobierno decidir si entrega al acusado del triple crimen a EE.UU.
Pérez Corradi también es acusado en Argentina por el delito de lavado de dinero, a través del cambio de cheques a empresarios involucrados en la llamada “mafia de los medicamentos”. En junio el juez federal Sebastián Casanello lo envió a juicio oral por este caso.