English Apenas unas semanas luego de que la Corte Suprema de Canadá declarara inconstitucional la prohibición del suicidio asistido, otra batalla legal se prepara para sacudir al sistema sanitario canadiense.
En marzo, Brian Day, un cirujano ortopédico de Vancouver y copropietario del Centro Cirúrgico Cambie, disputará ante la Corte Suprema de la Columbia Británica la prohibición del Gobierno de que pacientes inscritos en programas estatales de salud puedan a la vez contratar cobertura médica privada.
A Day lo acompañan como colitigantes Walid Khalfallah, Chris Chiavatti, Krystiana Corrado y Mandy Martens para exigir su derecho constitucional a elegir el sistema de salud de su elección.
La demanda surge tras supuestas ineficiencias en la provisión de salud estatal en la provincia, donde largas listas de espera muchas veces conllevan a un deterioro de las condiciones del paciente, e incluso a muertes previsibles.
En 2013, el Instituto Fraser, un think tank liberal con sede en Vancouver, informó que el tiempo total de espera desde la derivación del médico generalista hasta la recepción del tratamiento era de 18,2 semanas, una semana más que en 2012. En el informe de 2014 no se encontró mejoría alguna.
El sistema de salud de la Columbia Británica se rige por la Ley de Protección Médica, que prohíbe a los proveedores de cuidados médicos del sistema cobrar por servicios cubiertos por el plan estatal. La ley también impide que médicos no involucrados en el sistema estatal cobren por cualquier procedimiento más de lo que establece el Plan de Servicios Médicos de la provincia.
De acuerdo con los demandantes, cuatro de los cuales afirman haber pasado por sufrimientos innecesarios mientras esperaban la atención médica estatal, la Ley de Protección Médica viola el derecho individual establecido en la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Argumentan que dicha ley “impide o limita severamente el desarrollo y disponibilidad de cuidados médicos privados para el habitante común de la Columbia Británica” y “limita el acceso de los habitantes de la Columbia Británica a una atención médica estándar dentro de un tiempo razonable”.
Además reclaman que “las cláusulas de la ley que prohíben y restringen el acceso razonable a la atención médica son innecesarias e inconsistentes” con su propósito, “son perjudiciales para la mayoría de los habitantes (…) y no toman en cuenta las necesidades y circunstancias reales de personas con condiciones de salud que no son beneficiarios preferenciales [del sistema estatal]”.
La demanda está dirigida en contra de la Comisión de Servicios Médicos, el ministerio de Servicios de la Salud, y el fiscal general de la Columbia Británica. Day la inició en 2009 y luego fue enmendada en 2012 cuando se le unieron Khalfallah, Chiavatti, Corrado y Martens.
Los demandantes esperan la Corte tome en cuenta su precedente de 2005 Chaoulli vs. Quebec, caso en el que declaró inconstitucional la prohibición en la provincia de Québec de que las aseguradoras privadas presten servicios a hospitales y médicos.
En una entrevista con el Vancouver Sun, Day dijo que el punto central de su demanda era determinar si “el Gobierno tiene el derecho a ofrecer atención médica oportuna, no cumplir dicha promesa y luego prohibir que el ciudadano acceda al servicio médico por sus propios medios”.
“Lo que hay que hacer es mirar a este sistema, evaluarlo a la luz de otros sistemas del mundo y reconocer que es moral y éticamente incorrecto obligar a las personas a esperar”, afirmó.
“Somos el único país en el mundo con leyes que dicen que un ciudadano no puede cuidar su propio cuerpo usando sus propios recursos si el Gobierno no puede proveerle esos recursos”, añadió Day.
Apoyo de la sociedad civil
Varias organizaciones de la sociedad civil han brindado apoyo a la acción legal. La Fundación por la Constitución Canadiense (CCF) anunció públicamente que estará presente en Vancouver el 2 de marzo cuando la Corte empiece los procedimientos. La organización con sede en Alberta celebró la demanda de Day como un “desafío histórico a la legalidad de forzar a los canadienses a languidecer en las listas de esperas del sistema de salud estatal”.
“Apoyamos este caso porque creemos que la prohibición de buscar atención médica fuera del sistema estatal viola los derechos a la vida, libertad y seguridad de una persona, protegidos por la Carta [de Derechos y Libertades de Canadá]”, afirmó el director ejecutivo de CFF, Marni Soupcoff.
Por otro lado, se espera que representantes de organizaciones como la Coalición por la Salud de Columbia Británica, Los Amigos del Sistema Sanitario de Columbia Británica, y los Médicos Canadienses por el Sistema Sanitario argumenten en contra del derecho a contratar atención médica privada para aquellos inscritos en programas estatales.
Danielle Martin, fundadora de Médicos Canadienses por el Sistema Sanitario y quien se vio lanzada a la fama cuando defendió el sistema de salud de Canadá en el Senado estadounidense en marzo de 2014, también es una posible fuerte opositora a la iniciativa de Day.
“Yo creo que es la mayor amenaza a la atención médica en esta generación, y tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestro sistema de salud del daño que su resultado podría desencadenar”, dijo en abril de 2014.