Virales

Newsletter

El “Gran Hermano” pone cámaras en los moteles y burdeles de Ecuador

By: Rebeca Morla - @RebecaMorla - Mar 10, 2015, 11:21 am
Discotecas, bares, cabarets, moteles y otros establecimientos similares en Ecuador deben haber implementado sistemas de video vigilancia para finales de marzo de 2015.
Discotecas, bares, cabarets, moteles y otros establecimientos similares en Ecuador deben haber implementado sistemas de video vigilancia para finales de marzo de 2015. (Comunicación Central)

EnglishEl Ministerio del Interior del Ecuador ha aprobado una nueva regulación que obliga a los centros de diversión nocturna a instalar cámaras de seguridad dentro de sus instalaciones. La medida, adoptada el 30 de enero, establece que los sistemas de vigilancia mediante video deben estar ser colocados antes de finales de marzo, para que los dueños de discotecas, bares, cabarets (eufemismo con el que en Ecuador se suele esconder la figura del prostíbulo) y moteles puedan recibir los permisos de funcionamiento correspondientes.

La medida requiere que las cámaras de vigilancia sean colocadas “en sitios estratégicos públicos, y que no violen la privacidad del ciudadano”, tales como pasillos, salas de espera, entradas y salidas. Los videos deben ser archivados por seis meses, y serán proporcionados a las autoridades cuando sea necesario.

Asimismo, la nueva reglamentación requiere a este tipo de negocios tener un guardia de seguridad por cada 50 clientes. Su incumplimiento puede llevar a un cierre permanente del lugar por parte del gobierno.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, el objetivo de la nueva medida es “seguir consolidando la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica” en el país.

Consuelo Castro, intendente de Policía de la provincia del Guayas, aseguró al público que la medida no violará la privacidad de aquellos que visitan estos establecimientos, aduciendo que su principal objetivo será prevenir los actos violentos o ilegales.

“Los videos permitirán identificar la presencia de adolescentes en el lugar, o el ingreso de armas, y nos facilitarán la identificación de quienes cometan un delito o infracción”, dijo Castro.

Sin embargo, Enrique Barreiro, representante de la Asociación de Propietarios de Establecimientos Nocturnos (Apden), dijo al diario local El Comercio que la nueva política debe ser estudiada en detalle, “dado que en muchos casos los clientes sentirían que su privacidad está siendo violada”.

El público responde

El aumento de la vigilancia estatal en la vida pública de Ecuador no es nada nuevo. Desde 2012, el gobierno ha implementado la colocación de 55,000 cámaras de vídeo en taxis y autobuses, más de 2,000 en calles y carreteras, y más de 1,400 en los colegios del país.

Sin embargo, la última disposición que ahora rige sobre la vida pública nocturna ha sido recibida con un fuerte rechazo entre los usuarios de las redes sociales del Ecuador. En medio de bromas y quejas, varios usuarios de Twitter han alegado que el Estado ecuatoriano tiene como objetivo controlar aún más la actividad de sus ciudadanos.

Seguridad versus Privacidad

Andrés Delgado, fundador de Apertura Radical, y miembro del colectivo #InternetLibre, es un firme opositor a la medida de vigilancia más reciente del gobierno. En una entrevista con el PanAm Post, sostuvo que poner cámaras en los clubes nocturnos, bares y otros establecimientos similares es una clara violación de la privacidad en la vida personal.

“El problema no es, como piensan algunas autoridades, que pensemos que las cámaras van en las alcobas o los baños de estos lugares. El registro de las actividades en las zonas públicas —es decir quién, cuándo, dónde y con quién estaba alguien— supone una invasión a la privacidad, puesto que se puede asociar todos estos datos al tipo de actividades que se desarrollan en estos centros, incluso cuando no necesariamente se cometan estos actos”.

Cuando se le preguntó acerca de la justificación del gobierno para la nueva regulación, Delgado dijo que no cree que el público esté dispuesto a sacrificar su libertad por seguridad.

“El Estado me puede encerrar a mí y a mi familia entre cuatro paredes de concreto, garantizarnos alimentación adecuada y atención médica cuando así lo requiramos, pero la razón de que esto suena tan absurdo es que, evidentemente, nadie estaría dispuesto a sacrificar su libertad a cambio de obtener ‘seguridad ciudadana’ o ‘convivencia pacífica’”, sostuvo.

“La colocación de cámaras es una medida igual de agresiva, pero menos evidente. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la seguridad, pero también la de respetar nuestro derecho a la privacidad. Ya se han establecido varios Principios Internacionales sobre la Aplicación de Derechos Humanos a la Vigilancia y, claramente, en este caso no se están respetando”, añadió.

Por otra parte, explicó que han habido otros intentos de obtener información privada sobre los ciudadanos a través de la legislación en el país. Delgado recordó que hace un año, el Gobierno intentó incluir en el nuevo Código Penal un artículo para recopilar todos los datos de todo el tráfico de conexión a Internet en el país, así como los metadatos asociados a estas comunicaciones.

La ley trató también de obligar a los propietarios de cibercafés a registrar la actividad de sus usuarios, pero la Asamblea Nacional rechazó después la propuesta con el argumento de que violaba los derechos humanos. Más recientemente, un segundo intento de mantener el acceso y los registros de llamadas se realizó a través de la Ley de Telecomunicaciones, pero el presidente Rafael Correa vetó la legislación.

Delgado señala que existen importantes paralelismos entre la legislación que fue finalmente rechazada por el presidente o por la Asamblea Nacional, y el reglamento actual de vigilancia establecido por el Ministerio del Interior.

“En ambos casos hablamos de recopilación de datos por parte de terceros en bases de datos que son vulnerables a ataques”, señaló, aduciendo que si las medidas similares anteriores han sido rechazadas, esta disposición tampoco debería permitirse.

Por último, Delgado dijo que aunque la Secretaría de Inteligencia Nacional del Ecuador (Senain) no es tan poderosa como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) o el GCHQ británico, “tiene un presupuesto anual de US$58 millones, y dispone de un software capaz de espiar en las redes sociales, teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores, así como reconocimiento facial y de voz”.

“¿Qué mecanismos existen para que los ciudadanos nos aseguremos de su adecuado proceder? Esa es una pregunta que me gustaría respondan las autoridades. La democracia no debe ser una cuestión de fe”, afirmó Delgado.

Rebeca Morla Rebeca Morla

Rebeca Morla es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Ecuador. También es miembro del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad. Síguela por Twitter @RebecaMorla.

Salarios mínimos e inflación: círculo vicioso del boliviano

By: Contribuyente - Mar 10, 2015, 9:57 am

EnglishComo si fuera una costumbre anual, el presidente Morales ha pactado con la Central Obrera Boliviana (COB) un aumento en la masa salarial del 8,5% y un aumento en el salario mínimo del 15%, dejando el salario mínimo en 1656 Bolivianos (238 dólares). A pesar de ser  este aumento el menor de los últimos cuatro años, no deja de ser una medida absurda y que genera más daños que beneficios. Es cierto que para el oficialismo, predicador de una doctrina socialista, sería un suicidio político el no incrementar el salario mínimo todos los años; sin embargo, con la finalidad de quedarse en el poder y de mantener convencidos a los inocentes ciudadanos sobrevivientes a este sistema de miseria, este gobierno juega con el salario mínimo y la inflación como si fueran armas de juguete, cuando en realidad son mortales para la economía. Uno de los principios centrales del “salario real" es que este representa la productividad de cada trabajador, dicho de otra manera, el valor de su trabajo respecto a las necesidades del empleador. El salario real, que también viene a ser un pacto o por qué no, un contrato privado entre dos personas; desaparece por completo cuando se implementa una ley de salario mínimo. ¡Ojalá los decretos aumentaran la productividad! Lamentablemente, no es así. El salario mínimo es un precio ficticio, mentiroso y dañino. Es regulado por un tipo (ministro de Economía) que no tiene la menor idea de lo que necesita un empleador y lo que está dispuesto a ofrecer un empleado. No podemos sobrevalorar en una cantidad determinada el trabajo de un empleado en el mercado, solo porque el gobierno convirtió en ilegal ese empleo a una cantidad de dinero inferior Por otro lado, el salario mínimo establece un nivel de mediocridad en la sociedad, puesto que elimina inmediatamente los incentivos de superarse. Las personas ya no quieren formarse para ofrecer más productividad y ganar más dinero. Estas personas más bien esperan que “papá Estado” venga cada año a incrementar la paga; lo que resulta muy cómodo para un gobierno de tintes… o mejor dicho, pintado entero de populismo y autoritarismo. Que además goza —no por mucho tiempo más— de recursos de hidrocarburos y, lo que es peor, de impuestos. Las personas saben lo que valen y los empleadores saben lo que quieren, por tanto y cuanto, cuando los decretos no confirman lo que demanda la gente, simple y espontáneamente estos no son cumplidos. Lo que viene a dar como resultado el gigantesco grado de informalidad en el país. El salario mínimo, luego de la burocracia, es el mayor causante de informalidad en una economía por el simple hecho de que, no podemos sobrevalorar en una cantidad determinada el trabajo de un empleado en el mercado, solo porque el gobierno convirtió en ilegal ese empleo a una cantidad de dinero inferior. En tristes palabras, el sujeto que no sea valorado por 1.656 bolivianos o más, nunca podrá encontrar trabajo, lo que conlleva al desempleo o a la informalidad, en la que la gran mayoría de personas en este país empiezan y terminan pobres. A todo esto nos preguntamos ¿Cuál es el motivo principal por el cual los obreros exigen un incremento del salario mínimo? La respuesta es, además claro que la pura grata sensación de ganar más, la inflación. Cada año los trabajadores sienten que lo que ganaban hace apenas 12 meses, ya no les alcanza para llenar la heladera cada semana. A lo que surge otra pregunta ¿Quién maneja la inflación? La respuesta es, El Estado. ¿Ya se ve el círculo vicioso? El Estado aumenta a propósito cada año la inflación, a una tasa un poco menor a la del salario mínimo, con la finalidad de mantener dependiente, servil y contento a un país que lamentablemente no logra dejar la mamadera estatal, por la responsabilidad individual. Como dije al principio, los salarios mínimos y la inflación son armas mortales para la economía, tienen graves consecuencias a corto plazo y son insostenibles a largo plazo. Bolivia se aproxima a una crisis y no es tiempo de jugar a precios ficticios con fines políticos. Es tiempo de eficiencia, productividad, salarios reales, inversión y mucha libertad en lo económico y social.

Boletín electrónico

¡Recibe lo último de PanAm Post por correo electrónico!

Nunca compartiremos tu correo electrónico con nadie.