Manuela Picq es periodista, activista, catedrática universitaria y una reconocida académica. Es de origen franco-brasileño y reside desde hace ocho años en Ecuador. Actualmente la reportera permanece detenida en al “Hotel Carrión”, que es el lugar donde el Gobierno de Rafael Correa mantienen a los ciudadanos que han sido reportados con situación migratoria irregular. El lugar está ubicado al norte de la capital ecuatoriana, y hasta los momentos las autoridades locales no le han explicado el por qué le fue cancelada su visa.
La reportera está detenida desde el pasado 13 de agosto, cuando fue aprehendida por funcionarios de la Policía Nacional, durante la masiva protesta convocada por trabajadores y comunidades indígenas en contra del régimen de Correa. En el momento de su detención, al menos una docena de oficiales la acorralaron, arrastraron y golpearon, tal como muestra un video difundido por el diario local El Comercio.
Picq es pareja del líder indígena Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), y después de su detención, fue llevada al hospital Eugenio Espejo y a otra casa de salud para recibir atención médica.
[adrotate group=”7″]El viernes por la mañana recibió un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que le informaban que su visa de intercambio cultural, que tenía vigencia hasta el 28 de agosto, había sido cancelada.
En declaraciones que pudo hacer a la prensa durante su traslado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el Hotel Carrión, la reportera de la cadena Al Jazeera y de la revista Upsidedownworld dijo que su visa había sido cancelada “de modo arbitrario”, y que no había tenido un debido proceso.
“Me mueven de un lugar a otro cada media hora. Mi visa fue cancelada hoy (viernes) en la mañana y ahora estoy reportada en situación irregular (…) y no me han acusado de nada”, manifestó Picq.
“Es una visa que requiere que no participe en actividades políticas. Yo no hago política, no soy una dirigente política”, dijo a los medios la reportera, quien además aseguró que estaba secuestrada por el régimen de Correa, que no le había permitido ni siquiera decidir en qué centro de salud atenderse, después de la golpiza que le dieron durante la manifestación.
Asimismo, señaló que de ser deportada a Brasil, organizará actividades de resistencia contra el Gobierno de Correa desde su país natal. “No sé si volveré pronto, pero organizaré una resistencia más estructural contra este Gobierno”, aseguró.
Las manifestaciones no paran
Durante el fin de semana, las manifestaciones en la capital del país andino no cesaron. “A la voz de la Manuela; todo el mundo se levanta”, coreaban los manifestantes que marcharon en Quito en solidaridad con Manuela Picq.
Se concentraron en los alrededores del “Hotel Carrión”, que contaba con un fuerte resguardo policial. Carlos Pérez, abogado defensor y pareja de Picq, junto con otros líderes indígenas y políticos expresaban su rechazo a lo sucedido con la reporortera. Los presentes pudieron observar cómo Pérez tuvo que negociar con los policías para poder ingresar a ver a ver a su esposa, para que ella pudiera firmar los documentos necesarios para una acción de protección a su favor.
Por su parte, Juan Pablo Albán, abogado especialista en Derechos Humanos y parte de la defensa de Picq, describió en redes sociales las irregularidades ocurridas en este caso.
De acuerdo con Albán, varios jueces de la Unidad Judicial de Flagrancia de Quito obstaculizaron a los defensores de Picq para evitar que interpusiera una garantía jurisdiccional en favor de la detenida.
El jurista señaló que la jueza Paulina Sarzosa Guerra ordenó a la policía impedir el paso de los abogados de Picq, pero que en un descuido de la seguridad, él pudo ingresar al edificio, en donde Sarzosa le indicó que su turno ya había terminado y que no podía tramitar la solicitud. La siguiente jueza de turno también ordenó que se les impidiera el paso a los abogados, por lo que finalmente no pudieron interponer la garantía.
“Llevo casi 16 años ejerciendo la profesión de Abogado, y hasta hoy no había experimentado algo tan surreal como el fallido proceso de presentación de una acción de protección en favor de Manuela Picq, a punto de ser injustamente deportada de Ecuador”, escribió Albán en Facebook.
¿Cómo era el slogan del @CJudicaturaEc?… ah cierto! "La (in)justicia es una práctica diaria" https://t.co/RFYhHmkSgi
— Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) August 17, 2015
Dos versiones de la historia
El viernes 14 de agosto, el Ministerio del Interior emitió un comunicado titulado “Ciudadana extranjera, con permanencia irregular en Ecuador, recibió apoyo de la Policía Nacional”.
Informa que durante la protesta del #13A, una oficial notó que Picq había sido agredida, por lo que llamó a otros agentes para ayudar a la mujer. “La uniformada acudió en ayuda de Manuela Picq, a realizar el procedimiento de primeros auxilios y enseguida solicitó apoyo para la ciudadana”, dice el comunicado.
Difundieron además un video en el que la detenida dice haber sido “muy bien tratada por los policías y equipos de salud que estaban a cargo”.
No obstante, horas antes ya había circulado en redes el testimonio que la misma Picq dio en una entrevista con El Comercio, contando una versión completamente diferente a la del Ministerio.
“Me dijeron que me deportan del país. Sé que intentan hacer el trámite lo más rápido posible para que permanezca el menor tiempo posible en Ecuador… este no es un tema jurídico, sino político. Ahora solo me toca esperar”, dijo Picq.
“Primero nos pegaron muy duro a Carlos [Pérez] y a mí en la calle. Me dieron un toletazo en la cara; perdí la visión del ojo izquierdo por varias horas, por suerte estoy bien. Me golpearon duro, me trataron como criminal solo por caminar en las calles…. Además, de todo el proceso de criminalización y secuestro, hubo una separación”, añadió la periodista en su declaración previa.
En apoyo a Manuela
El caso de Picq ha recibido amplia cobertura nacional e internacional. El medio digital brasileño BemParaná informó que Marcus Vinicius Furtado Coelho, presidente de la Orden de Abogados de Brasil, ha estado en comunicaciones con el Colegio de Abogados de Pichincha y la Embajada de Brasil en Quito.
De acuerdo con Furtado, Picq “fue presa de manera arbitraria y expuesta a tratos que constituyen violaciones de los derechos humanos, así como el irrespeto a los derechos fundamentales a la defensa y al acceso a sus abogados”.
Asimismo, O Globo reportó que Lena Lavinas, madre de Picq, se pronunció sobre el caso:
“Las escenas de mi hija siendo golpeada son iguales a las mías cuando yo era golpeada durante la dictadura [en Brasil]. Pero el Gobierno ecuatoriano dice ser democrático y revolucionario. ¿Qué clase de estado de derecho es ese?”, dijo Lavinas.
La audiencia de deportación de Picq se llevará a cabo este lunes 13 de agosto a las 16h00 (hora local).