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Uso de armas mortales contra manifestantes formaliza la “dictadura moderna” en Venezuela

By: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Ene 29, 2015, 1:11 pm
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó un promedio de 26 protestas diarias en Venezuela durante 2014, un total de 9.286 en el año. (Libertad Digital)
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó un promedio de 26 protestas diarias en Venezuela durante 2014, un total de 9.286 en el año. (Libertad Digital)

EnglishUna resolución del Ministerio de la Defensa de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial este martes 27 de enero, autoriza el uso de armas mortales en contra de manifestantes por parte de la Fuerza Armada Nacional (FANB), en clara violación a los derechos contemplados en la Constitución de Venezuela, y a los tratados internacionales sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.

La resolución 008610, suscrita por el general en jefe Vladimir Padrino López, Ministro para la Defensa, establece el “uso de la fuerza, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

Lo sentenciado contradice expresamente el artículo 68 de la Constitución, que sostiene: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

La disposición establece que en los próximos tres meses se dictará un Manual de Normas y Procedimientos Operativos del Servicio de Seguridad en Materia de Orden Público para capacitar a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y evitar que cometan excesos. Sin embargo, la aplicación de lo oficializado es “inmediata”.

El Ministerio para la Defensa no tiene las competencias para evitar la aplicación de la norma constitucional. María Esperanza Hermida, coordinadora de Exigibilidad de la ONG nacional, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), afirmó que la medida viola los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de atribuir a la FANB funciones que le competen a la policía civil.

En una entrevista concedida a PanAm Post, Jose Vicente Haro, profesor universitario de Derecho Constitucional en Venezuela, expresó que restringir o limitar la aplicación de los derechos humanos, es una medida que solo puede ser discutida en la Asamblea Nacional venezolana, y mediante una ley de carácter orgánico que debería ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros del parlamento, de conformidad con el articulo 203 de la Constitución.

De igual forma, Haro explicó que el artículo 23 de la Constitución venezolana establece que todos los tratados suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos tienen rango constitucional y carácter preferente incluso sobre cualquier ley y resolución que emita el Estado venezolano.

La criminalización de un derecho

La resolución expresa que tiene como objetivo “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”. Pero para la activista de PROVEA, tal cosa es contradictoria con el espíritu de la protesta. En declaraciones a PanAm Post sostuvo que las protestas, en esencia, son un reclamo a las autoridades; esto quiere decir que cualquier manifestación que se oponga al poder establecido podría ser disuelta con armas mortales.

Hermida explicó que la gran mayoría de las 9.286 manifestaciones ocurridas en 2014 —cifra inédita en Venezuela— no se volvieron violentas sino hasta que los cuerpos de seguridad del Estado decidieron disolverlas. Por tanto, considera que predecir en un texto legal que este tipo de expresiones se pueden convertir en una agresión, es criminalizar el derecho a protestar.

La representante de Provea hizo mención a los precedentes inmediatos a esta tendencia autoritaria del Gobierno; Uno de ellos es la Ley orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo permite a los jueces venezolanos calificar una movilización pacífica como actividad terrorista; otra, es el Sistema de Protección para la Paz que estableció hace una semana que toda la ciudadanía debe informar al Estado sobre presuntos hechos que generen “desestabilización”, a juicio de Hermida un estímulo para la creación de grupos paramilitares.

“La próxima masacre, el próximo Caracazo, el próximo Bassil Dacosta, podrían ser legales. Los milicos quieren acelerar la violencia e implantar el miedo con plomo. Nos van a matar gente, y lo harán ‘dentro del marco de las leyes’ que ellos mismos se aprueban”, reclamó en Facebook el ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz.

Denunciarán en sistema de Naciones Unidas

Las organizaciones reunidas en la coalición del Foro por la Vida recurrirán de manera inmediata ante las relatorías competentes de Naciones Unidas para formular una nueva denuncia contra el Ejecutivo nacional, por haber dictado una resolución de esta naturaleza.

Hermida informó que está en evaluación si se procederá a través de los mecanismos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o a través de los de la Convención Internacional contra la Tortura.

“Una Dictadura Moderna”

Haro hizo referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) hace más de 50 años, y al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos que entró en vigencia en 1977, en los cuales se establece el derecho a la protesta pacífica y se prohíbe el uso de armas de fuego por parte de los órganos de seguridad del Estado para tratar de impedir, contener o atacar este tipo de manifestaciones.

Afirmó que en Venezuela están dados todos los supuestos establecidos para solicitar la aplicación de la Carta Democrática por parte de los diversos miembros de la OEA, y que esto de lugar para que se envíe una misión a reunirse con las autoridades venezolanas.

Recordó también que Venezuela es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos, y el Estado está obligado a cumplir con todas las resoluciones y tratados internacionales.

Afirmó que otros Estados deben abogar en la ONU para que se designe una comisión que solicite una explicación al Gobierno Nacional sobre esta normativa que contradice la Declaración Universal.

Haro denunció que “en Venezuela no hay un sistema democrático, hay un Gobierno que debe calificarse como una Dictadura Moderna”.

Con la contribución de Elisa Vásquez

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.

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Por noveno año consecutivo retrocede la libertad en el mundo

By: Adriana Peralta - @AdriPeraltaM - Ene 29, 2015, 12:27 pm
El aumento de fuerza de regímenes autoritarios durante 2014 hizo que la libertad retrocediera en el mundo. (Freedom House)

EnglishPor noveno año consecutivo, el número de países que sufrieron retrocesos en su  libertad (61) casi duplica el número de países que avanzaron en este respecto (33). Esto según el estudio de Freedom House publicado el 28 de enero que analiza la libertad política y civil de 195 países. El 46% (89) de estos son catalogados como libres, 28% (55) como parcialmente libres y el restante 26% (51) fueron calificados como "no libres". El informe califica a los países en una escala del 1 al 7, siendo 1 la mejor puntuación. Los casos más graves se encuentran en el Medio Oriente y el Norte de África (Siria, Guinea Ecuatorial, Arabia Saudita, Sudan entre otros), así como en Corea del Norte. Este retroceso se debe a un aumento de la vigilancia y control por parte del Estado hacia el individuo —sobre todo en regímenes autoritarios—, restricciones en la comunicación en internet y ataques terroristas. El reporte concluye que el fortalecimiento de las instituciones democráticas es clave para la libertad de un país. Las practicas antidemocráticas conducirían a crisis humanitarias, y permitirían el surgimiento de grupos terroristas cuyos efectos son internacionales. “¿Reconocerán las democracias establecidas que los asaltos globales a las instituciones libres representan una amenaza a sus propios intereses nacionales?”, expresa el estudio ejemplificando las acciones que EE.UU. y la Unión Europea tomaron contra Rusia cuando esta invadió a Ucrania. En cambio, el informe condena que la comunidad internacional no se manifestó en contra de las violaciones a derechos humanos e irrespeto a las libertades cometidos por el Gobierno venezolano. “La aceptación de la democracia como el modo de Gobierno dominante en el mundo y de un sistema internacional basado en ideales democráticos está bajo amenaza, más que en cualquier otro punto en los últimos 25 años”, expresó Arch Puddington, vicepresidente del estudio,  en un comunicado de prensa. Puddington añade que en el pasado los regímenes autoritarios decían respetar acuerdos internacionales y hablaban sobre elecciones democráticas y derechos humanos. Pero, para el académico, estos regímenes en este momento argumentan la superioridad del unipartidismo y buscan maneras de eliminar las limitaciones de los principios diplomáticos. Un caso emblemático es la invasión de Rusia a Ucrania. América, continente de contradicciones El anuncio hecho el 17 de diciembre por Barack Obama y Raúl Castro sobre la intención de Estados Unidos y Cuba de mantener pláticas democráticas después de más 50 años de rompimiento, de ningún modo marcó un punto de inflexión en la libertad en América. Sin embargo, de forma individual, Cuba presentó una ligera mejoría gracias al crecimiento de la prensa libre. En la otra cara de la moneda, la falta de respeto a los derechos humanos en México (3,0) y Estados Unidos (1,0), con los casos de Ayotzinapa, Iguala, y Ferguson, Misuri, respectivamente, marcaron un retroceso en la libertad civil en América. Sobresale el caso de El Salvador (2,5), calificado como un país con libertad debido a que posee una fuerte libertad de prensa y expresión, una sociedad civil activa y, desde sus Acuerdos de Paz (1992), ha tenido Gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Esto a diferencia de Guatemala y Honduras, que con índices de violencia similares son calificados como parcialmente libres. Venezuela (5,0) es un país parcialmente libre, que en 2014 fue caracterizado por represión gubernamental durante las protestas estudiantiles de febrero y marzo pasados. La represión incluyó violencia de las fuerzas de seguridad en contra de manifestantes, arrestos de opositores al Estado, y fallo en la aplicación del debido proceso legal y el respeto a los derechos humanos de los detenidos —más de 3.100 según datos del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Por su parte, Ecuador (3,0) es calificado como un país parcialmente libre. El mayor atentado contra la libertad fue por parte de la Asamblea General de Ecuador, que aprobó una ley que permite restricciones en los medios de comunicación y acoso en contra de periodistas. 20 años de caminos bifurcados En 1995 el panorama de libertad en América del Sur era ligeramente distinto al actual. Durante el lustro de 1995 a 2000 en Chile se dio un cambio democrático de Gobierno; Venezuela, por su parte, vivió cambios constitucionales en manos del recién elegido Hugo Chávez. 20 años después ambos países se distanciaron aún más. Las gráficas interactivas del informe de Freedom House permiten comparar la trayectoria de ambos países. La búsqueda arroja que desde 2004 el Gobierno de Venezuela, por ley, es capaz de controlar el contenido de la radio y de la televisión. El año pasado, las libertades civiles en Venezuela presentan dificultades, sobre todo la libertad de prensa, cuyo medio sufre intimidación y en ocasiones ataques físicos y críticas gubernamentales. La presencia de oposición gubernamental en los medios ha decaído. Más dificultades se presentaron el año pasado cuando la prensa escrita tuvo problemas en la compra de papel para imprimir periódicos. En un mayor declive, este martes el Ministerio de Defensa local emitió una resolución en la que permite el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas en el control de manifestaciones. En Chile, calificado como un país libre, la libertad de expresión es generalmente respetada, según Freedom House. No hay restricciones en el acceso a internet y los medios de comunicación son privados. La Constitución asegura todas las libertades. Por otro lado, el tema de abuso a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973 - 1990) sigue siendo sensible en ese país. Y el país presenta problemas en su libertad económica debido al exceso de regulación y control de precios de parte del Gobierno. Editado por Elisa Vásquez.

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