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EnglishUna resolución del Ministerio de la Defensa de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial este martes 27 de enero, autoriza el uso de armas mortales en contra de manifestantes por parte de la Fuerza Armada Nacional (FANB), en clara violación a los derechos contemplados en la Constitución de Venezuela, y a los tratados internacionales sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.
La resolución 008610, suscrita por el general en jefe Vladimir Padrino López, Ministro para la Defensa, establece el “uso de la fuerza, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Las organizaciones reunidas en la coalición del Foro por la Vida recurrirán de manera inmediata ante las relatorías competentes de Naciones Unidas
Lo sentenciado contradice expresamente el artículo 68 de la Constitución, que sostiene: «Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas».
La disposición establece que en los próximos tres meses se dictará un Manual de Normas y Procedimientos Operativos del Servicio de Seguridad en Materia de Orden Público para capacitar a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y evitar que cometan excesos. Sin embargo, la aplicación de lo oficializado es «inmediata».
El Ministerio para la Defensa no tiene las competencias para evitar la aplicación de la norma constitucional. María Esperanza Hermida, coordinadora de Exigibilidad de la ONG nacional, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), afirmó que la medida viola los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de atribuir a la FANB funciones que le competen a la policía civil.
Art. 329 CRBV excluye al Ejército, Armada y Aviación de labores de control de orden público
— PROVEA (@_Provea) January 29, 2015
En una entrevista concedida a PanAm Post, Jose Vicente Haro, profesor universitario de Derecho Constitucional en Venezuela, expresó que restringir o limitar la aplicación de los derechos humanos, es una medida que solo puede ser discutida en la Asamblea Nacional venezolana, y mediante una ley de carácter orgánico que debería ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros del parlamento, de conformidad con el articulo 203 de la Constitución.
De igual forma, Haro explicó que el artículo 23 de la Constitución venezolana establece que todos los tratados suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos tienen rango constitucional y carácter preferente incluso sobre cualquier ley y resolución que emita el Estado venezolano.
La criminalización de un derecho
La resolución expresa que tiene como objetivo “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”. Pero para la activista de PROVEA, tal cosa es contradictoria con el espíritu de la protesta. En declaraciones a PanAm Post sostuvo que las protestas, en esencia, son un reclamo a las autoridades; esto quiere decir que cualquier manifestación que se oponga al poder establecido podría ser disuelta con armas mortales.
«en Venezuela no hay un sistema democrático, hay un Gobierno que debe calificarse como una Dictadura Moderna».
Hermida explicó que la gran mayoría de las 9.286 manifestaciones ocurridas en 2014 —cifra inédita en Venezuela— no se volvieron violentas sino hasta que los cuerpos de seguridad del Estado decidieron disolverlas. Por tanto, considera que predecir en un texto legal que este tipo de expresiones se pueden convertir en una agresión, es criminalizar el derecho a protestar.
La representante de Provea hizo mención a los precedentes inmediatos a esta tendencia autoritaria del Gobierno; Uno de ellos es la Ley orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo permite a los jueces venezolanos calificar una movilización pacífica como actividad terrorista; otra, es el Sistema de Protección para la Paz que estableció hace una semana que toda la ciudadanía debe informar al Estado sobre presuntos hechos que generen «desestabilización», a juicio de Hermida un estímulo para la creación de grupos paramilitares.
«La próxima masacre, el próximo Caracazo, el próximo Bassil Dacosta, podrían ser legales. Los milicos quieren acelerar la violencia e implantar el miedo con plomo. Nos van a matar gente, y lo harán ‘dentro del marco de las leyes’ que ellos mismos se aprueban», reclamó en Facebook el ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz.
Denunciarán en sistema de Naciones Unidas
Las organizaciones reunidas en la coalición del Foro por la Vida recurrirán de manera inmediata ante las relatorías competentes de Naciones Unidas para formular una nueva denuncia contra el Ejecutivo nacional, por haber dictado una resolución de esta naturaleza.
Hermida informó que está en evaluación si se procederá a través de los mecanismos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o a través de los de la Convención Internacional contra la Tortura.
«Una Dictadura Moderna»
Haro hizo referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) hace más de 50 años, y al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos que entró en vigencia en 1977, en los cuales se establece el derecho a la protesta pacífica y se prohíbe el uso de armas de fuego por parte de los órganos de seguridad del Estado para tratar de impedir, contener o atacar este tipo de manifestaciones.
Afirmó que en Venezuela están dados todos los supuestos establecidos para solicitar la aplicación de la Carta Democrática por parte de los diversos miembros de la OEA, y que esto de lugar para que se envíe una misión a reunirse con las autoridades venezolanas.
Recordó también que Venezuela es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos, y el Estado está obligado a cumplir con todas las resoluciones y tratados internacionales.
Afirmó que otros Estados deben abogar en la ONU para que se designe una comisión que solicite una explicación al Gobierno Nacional sobre esta normativa que contradice la Declaración Universal.
Haro denunció que «en Venezuela no hay un sistema democrático, hay un Gobierno que debe calificarse como una Dictadura Moderna».
Con la contribución de Elisa Vásquez
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