En los últimos siete meses —desde que implementó su nueva política migratoria en noviembre de 2014— el Gobierno de las Bahamas, miembro activo de la Comunidad del Caribe (Caricom) ha deportado a 3.369 haitianos. La misma medida ha asumido el Gobierno de República Dominicana el cual repatriaría a 250.000 haitianos.
La nueva política migratoria de Bahamas establece que no se aceptarán más solicitudes de visados de trabajo por parte de personas que residan ilegalmente en el país. Además, exige que los inmigrantes que viven en Bahamas lleven siempre consigo el pasaporte de su país natal.
De acuerdo con los medios de comunicación de Haití, el Gobierno del archipiélago ha sido más severo que el dominicano en la ejecución de sus leyes migratorias, pues el Gobierno bahameño asegura que el objetivo es acabar con la migración ilegal.
En abril el Gobierno de Bahamas fletó dos aviones a Haití, cada uno con 145 inmigrantes detenidos, a un coste conjunto aproximado de US$ 67.265.”En vez de gastar dinero en los puertos, las carreteras o los aeropuertos, tenemos que gastarlo en tratar de deportar a los inmigrantes ilegales a sus casas”, dijo el ministro de inmigración del archipiélago Frederick Mitchell.
Mitchell afirmó que son 420 las personas deportadas de Bahamas en lo que va del mes de junio: 369 haitianos, 14 cubanos, 13 jamaiquinos y 8 brasileños. Las otras 16 personas restantes son nacionales de India, Perú, Mongolia y Bangladesh.
Al mismo tiempo, el Departamento de Inmigración practica detenciones a bahameños que oculten a ilegales; tal es el caso de un grupo que dio protección a 49 haitianos que llegaron en dos embarcaciones a la costa de la isla de Eleuthera.
La comunidad ha asumido el papel de informante para las autoridades y comunican sobre indocumentados en aquellos lugares donde han hecho hogares. Esto fue admitido por el propio ministro Mitchell, quien agradeció a los ciudadanos bahameños por proveerlos con “buena información” sobre los inmigrantes que llegan o trabajan en ciertas áreas.
República Dominicana, por su parte, cuenta con un “Plan de Regularización de Extranjeros”, el cual establece que las personas nacidas en ese país después de 1929, cuyos padres sean trabajadores indocumentados, no tienen “el derecho al suelo” que les otorgaría la ciudadanía. Es decir, todas las personas con linaje no dominicano que nacieron después de 1929 serán deportados. Un 87% de afectados serían haitianos.
Dominicanos de padres ilegales, no son dominicanos
Juliana Deguis Pierre es una dominicana cuyos padres haitianos emigraron a República Dominicana para trabajar en una empresa de azúcar cortando caña; la empresa nunca les dio papeles para trabajar.
Juliana fue registrada con un certificado de nacimiento dominicano; 24 años después, cuando intentó tramitar su cédula de identidad, se la negaron afirmando que su certificado de nacimiento no era válido y se lo confiscaron.
Ella decidió demandar al Gobierno y el 23 de septiembre de 2013 la Corte Constitucional a través de la resolución anuló su ciudadanía, ya que sus padres indocumentados estaban “en tránsito” cuando nació. Pero en julio de 2014, y solo en el caso de Deguis Pierre, la Junta Central Electoral autorizó la expedición de la cédula de identidad que la reconfirma como dominicana.
Aún así, esta sentencia de la Corte Constitucional aplicará a todos los dominicanos nacidos desde 1929 con padres indocumentados.
Tras este panorama muchos haitianos buscan “legalizar” su ciudadanía dominicana pero se encuentran con la corrupción, burocracia de las instituciones y la agresión de la policía en las largas filas. Ante esto, los haitianos han decidido abandonar de forma masiva y voluntaria la República Dominicana luego de que concluyera el pasado 17 de junio el proceso de inscripción en el Plan Nacional de Regularización para Extranjeros.
Las autoridades migratorias informaron que ya no permiten el paso a territorio dominicano a quienes no tengan permiso legal, pero aseguran que aún no hay repatriaciones.
Hasta el 6 de julio las autoridades de migración trasladarán a la frontera a quienes quieran abandonar el país voluntariamente. Según un informe del Gobierno, 12.000 extranjeros ya han salido del país por su propia cuenta.
Ante esta situación, la Comunidad del Caribe (Caricom) ha hecho un llamado al Gobierno de República Dominicana para que no deporte a decenas de miles de dominicanos descendientes de haitianos y evite crear una “crisis humanitaria” en la región.
El organismo regional, compuesto por quince países, expresó en su escrito su “preocupación por los derechos humanos” de las personas que quedarán sin Estado ante la posibilidad de que descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana sean deportados a Haití, la tierra de sus padres.
Haití responde con cierre comercial en la frontera
El pasado 27 de junio, sorpresivamente, las autoridades haitianas prohibieron el ingreso a su nación de mercancía dominicana y además cerraron el mercado binacional en la frontera, como represalia a las deportaciones. Comerciantes dominicanos y haitianos criticaron la medida y aseguraron que les ha causado pérdidas económicas.
A algunos haitianos que cruzaron a territorio dominicano por el río y adquirieron algunos productos, estos les fueron confiscados por autoridades haitianas. “Aquí no entra ningún producto dominicano”, dijo un funcionario del Ministerio de Agricultura de Haití apostado en el lado haitiano de la frontera.
Las relaciones comerciales entre los dos países podrían fracturarse aún más; mientras Haití impide el paso de los dominicanos que no disponen de documentos, lo mismo hacen las autoridades dominicanas con los haitianos que no tienen pasaportes con visa dominicana.
Autoridades dominicanas subrayaron que si Haití mantiene su postura, el país no permitirá la entrada de productos haitianos.