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Este martes 14 de julio la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de manera unánime un «acuerdo en respaldo a las gestiones del presidente Nicolás Maduro en relación con la controversia territorial con Guyana».
Aunque por unanimidad se logró la aprobación, la bancada opositora presentó 10 propuestas, que no fueron tomadas en cuenta para dicho acuerdo. Sin embargo, el texto presentado por el partido oficial de Gobierno, el PSUV, fue aprobado sin modificaciones.
Sadio Garavini, embajador retirado de Venezuela y doctor en Ciencias Políticas, explicó a PanAm Post que la medida tomada por el Gobierno tiene un aspecto positivo, porque surge «después de 15 años de absoluto olvido y abandono en la reclamación del Esequibo y en la defensa de la fachada atlántica del propio estado Delta Amacuro», señaló el diplomático quien además aseguró que «por fin hay un interés por parte de las Fuerzas Armadas y del Ejecutivo» en el tema.
Garavini considera que las nuevas reacciones del Ejecutivos surgen por mera conveniencia.El especialista afirma que el Gobierno decidió retomar el tema del Esequibo por dos posibles razones: en primer lugar porque cree que la unión nacional en defensa de la Zona en Reclamación puede ayudarlo a subir puntos en las encuestas, de cara a las próximas elecciones parlamentarias a efectuarse en diciembre de este año.
En segundo lugar, el especialista considera que el Gobierno de Nicolás Maduro ha sido presionado por el alto rango de la Fuerza Armada Nacional, por la vulnerabilidad de la soberanía y las concesiones de Guyana en aguas venezolanas.
El experto advirtió que aunque el Gobierno venezolano ha tratado de responsabilizar a la oposición venezolana por el tema del Esequibo, no es posible relacionarlo pues la oposición en Venezuela no tiene, ni tuvo poder alguno para que se dieran las concesiones a petroleras que hoy vulneran la fachada atlántica de ese país.
Propuestas opositoras, un cero a la izquierda
El documento presentado enaltece la política de integración desarrollada por el exmandatario Hugo Chávez, y consta de seis puntos, entre ellos: respaldar las decisiones políticas y diplomáticas que tomó el presidente Nicolás Maduro el 6 de julio durante su intervención ante el parlamento, y rechazar categóricamente los comunicados y declaraciones de Guyana.
El acuerdo plantea también «rechazar la política de dominación internacional que impulsa la petrolera Exxon Mobil; unirse al llamado a la unidad nacional y al debate político y académico sobre la disputa. Por último, la Asamblea se plegó a la afirmación: «Dentro del acuerdo de Ginebra todo; fuera de él, nada».
Pero la bancada opositora en el parlamento presentó 10 propuestas concretas que iban más allá de una postura política. Sugirió desempolvar el proyecto de ley para la defensa y desarrollo de la fachada atlántica, consignado en 2013 y nombrar representantes no permanentes de la oposición ante el Consejo Nacional de Defensa.
También plantearon declarar a la AN en emergencia para aprobar cualquier solicitud que permita a la Armada ampliar el patrullaje preventivo en la Zona Económica Exclusiva, designar un negociador a tiempo completo, con rango de ministro de Estado, y aprobar una ley de sanciones que prohíba expresamente a las empresas que están explotando el Esequibo hacer negocios en Venezuela.
Además, consignó por secretaría el proyecto de ley que crea el estado del Esequibo, constituido por el municipio de Tumeremo, en Bolívar, y posteriormente por el territorio en reclamación cuando sea recuperado. El proyecto consta de 32 artículos, 10 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. Nada de eso fue tomado en cuenta.
En cambio, este lunes en Gaceta Oficial, la Presidencia de la República emitió la Ley para la Soberanía Territorial y la Paz, que tiene como propósito crear una instancia de coordinación institucional, de alto nivel, que genere recomendaciones con pertinencia, dirigidas a la garantía reforzada de la integridad territorial.
Falta de seriedad
En la mencionada ley se crea la Comisión Presidencial de Estado Mayor para la garantía de la Integridad Territorial y Limítrofe, que estará presidida por el Vicepresidente Ejecutivo e integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, de la Defensa, del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Procurador General de la República, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y tres representantes designados por la Asamblea Nacional.
Garavini criticó que la nueva Comisión Presidencial está conformada por funcionarios venezolanos que no están enterados completamente de cuál es la situación con Guyana y el Esequibo, asegura que eso demuestra poca seriedad y compromiso con respecto al tema.
«Lo más serio sería que en vez de nombrar a todos estos funcionarios que tienen múltiples obligaciones que cumplir y no saben mucho del tema, nombrar un negociador a tiempo completo que cuente con un grupo de asesores que lo apoyen en todo el trabajo que implica negociar e informar a la comunidad internacional sobre la situación», aseguró Garavini.
El acuerdo de Ginebra, afirma que debe haber un negociador a tiempo completo por cada uno de los dos países, Venezuela tiene al embajador Roy Chaderton que tiene cuatro cargos más que atender, para el especialista «eso es una demostración de falta de seriedad y de irresponsabilidad».
Aseguró además que hay una serie de incoherencias; ejemplificó el decreto 1.787 inicial que delineaba la fachada atlántica y no solo abarcaba la Zona en Reclamación, sino que las líneas definitorias se extralimitaban. El especialista aseguró que eso evidenció una incoherencia muy grade porque el mismo decreto fue reformado en una reimpresión, y que en el discurso del 6 de julio de Nicolás Maduro se derogó totalmente.
Por otra parte, criticó la actitud del presidente Maduro al «atacar agresivamente insultando a la persona del presidente de Guyana»; Garavini explicó que Venezuela debe seguir el proceso de los buenos oficios que es una negociación bilateral apoyada por el buen oficiante nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas.
El especialista aclaró que en la teoría de la negociación es fundamental entender que si un país quiere negociar, lo menos que debe hacer es insultar.
Pero Guyana descartó resolver el conflicto con el proceso de buenos oficios que corresponde a la Organización de Naciones Unidas; ese país asegura que acudirá a la Corte Internacional de Justicia porque considera que «es la única opción».
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