A pesar de estar en manos del Gobierno de Venezuela a través de la red estatal de alimentos Pdval, Día Día Practimercados, empresa privada intervenida desde febrero, fue multada por 1,2 millones de bolívares (aproximadamente US$180 mil en el tipo de cambio del mercado no oficial).
Aunque Pdval está encargada de la administración temporal de esa empresa desde el pasado mes de febrero, y además su principal directivo y su representante legal se encuentran detenidos, el 26 de agosto fueron fiscalizadas 14 tiendas en Caracas, lo que dejó una sanción económica sobre sus dueños por presuntamente incumplir en ocho de sus tiendas en la retención de productos, altos márgenes de ganancia e insalubridad.
A través de un comunicado, la empresa afirmó que no se explica cómo, estando la administración en manos del Gobierno Nacional puede existir una multa sobre sus dueños, sobre todo porque las fiscalizaciones se efectuaron seis meses después de la ocupación estatal. La red Día Día Practimercados califica la acción como “una nueva arremetida gubernamental”.
Andrea Rondón, directora del Comité de Derechos de propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) y directora académica del Instituto Mises Venezuela, dijo a PanAm Post que la sanción aplicada por el Gobierno a los directivos de Día Día no tiene explicación, y “es un exceso más en los ataques a la propiedad privada en Venezuela”.
Explicó que aunque Día Día esté siendo administrada y controlada por Pdval, sigue siendo propiedad de sus dueños iniciales, y agregó: “los dueños deben pagar la multa pero no tienen ningún poder de decisión sobre la empresa, esos son los riesgos de que haya sido ocupada temporalmente”.
Informó que los dueños de Día Día no tienen ningún papel en la empresa ni pueden tomar decisiones después de haber sido intervenida por el Estado, “no pueden usar, gozar, disponer ni decidir”.
Cabe destacar que desde el pasado 2 de febrero, el Ministerio Público dictó privativa de libertad para el director general de los supermercados Día Día, Manuel Morales, quien fue detenido por presuntamente incurrir en irregularidades en la distribución de productos de primera necesidad.
En su audiencia de presentación, lo imputaron por la presunta comisión de los delitos de “boicot y desestabilización de la economía”.
Morales está preso tras ser señalado por el Estado venezolano como el culpable de las filas de personas que surgían en sus locales comerciales ante la escasez. Pero en el país las largas colas de ciudadanos que buscan acceder a productos básicos continúan.
¿Una medida electoral?
La especialista aseguró que la acción forma parte de políticas que el Estado implementará antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Agregó que el Gobierno de Nicolás Maduro está tomando una serie de medidas bastante llamativas al público, que considera lo beneficiarán en el tema electoral. Dijo además que el Gobierno colocará un “enemigo visible” que es la iniciativa privada y los empresarios.
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“Estas medidas no están aisladas, van junto con otras medidas que se han tomado en las últimas semanas, se han dictado expropiaciones en gran parte del municipio Libertador en Caracas, han continuado medidas de ocupación temporal, intervenciones, etc.”, afirmó.
Por su parte, empresarios venezolanos aseguran que están siendo víctimas de una jugada política; esto porque son señalados y responsabilizados por el Gobierno de Nicolás Maduro de emprender una supuesta “Guerra Económica”.
La “Guerra Económica” es el término que utiliza el Gobierno de Nicolás Maduro para desacreditar la actuación de la empresa privada en el país, calificándola como “capitalista, imperialista y golpista”, asegura que las colas que surgen en el país son responsabilidad de los empresarios que supuestamente acaparan productos y los facilitan a los bachaqueros (vendedores informales que emprenden una actividad económica ofertando con sobreprecio los productos que escasean).
De acuerdo Cedice Libertad, solo durante los primeros seis meses de 2015, el Gobierno de Venezuela ha efectuado 799 acciones contra la propiedad privada; Andrea Rondón asegura que ese número se ha incrementado.
El 24 de agosto por ejemplo, el diario El Nacional informó sobre la expropiación de una clínica por parte del oficialista Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador en Caracas.
El Centro Clínico Médico Plaza Sucre, había presentado retrasos en su apertura porque estuvo invadido por meses. De acuerdo con el concejal Jesús Armas, Rodríguez lo expropió para construir un teatro.