English Version
El estado de excepción decretado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se extendió este lunes a tres municipios del estado Zulia, lo que implica el cierre de la frontera colombo-venezolana también por el noroeste del país suramericano.
Aunque en un principio la medida se tomó por un presunto ataque a militares en la frontera, que aún el Gobierno venezolano no ha podido esclarecer, Nicolás Maduro, hoy en día, mantiene el decreto de estado de excepción para supuestamente acabar con el contrabando y la reventa de productos alimenticios controlados.
A 20 días del cierre de la frontera colombo-venezolana y de diez municipios del estado Táchira bajo la figura del estado de excepción, a los que se suman ahora tres en el estado Zulia, las filas de personas en las puertas de supermercados y abastos comerciales para adquirir productos básicos continúan, tanto en estas localidades como en el resto del país.
Lorena Arraíz, periodista venezolana y corresponsal del diario El Universal en el estado Táchira, informó a PanAm Post que aunque aunque por un lado se ha reducido el contrabando de alimentos y combustible hacia el país vecino, el desabastecimiento de productos básicos continúa y las filas de personas se acrecientan; esto, a pesar de que el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, informó que con el cierre de la frontera en 15 días se regularía el abastecimiento en el país, pues la escasez continúa.
Arraíz informó que surgió un fenómeno económico y social, explicó que muchas de las personas que se dedicaban al contrabando de productos hacia Colombia, actualmente se convirtieron en «bachaqueros internos», pues después de pasar largas colas y de conseguir los productos, los revenden con sobreprecios pero a los mismos venezolanos.
Informó que se mantiene la escasez de toallas sanitarias, pañales, leche y aceite, además de repuestos, cauchos y baterías para vehículos; la periodista afirmó que «pareciera que la situación se estuviera acrecentando».
[adrotate group=»8″]
Como otro punto negativo, Arráiz explicó que el cierre de la frontera ha afectado la capacidad hotelera, el turismo y la actividad comercial, esto, porque el estado Táchira también dependía de la visita de muchos colombianos que venían a comprar textiles, por ejemplo, a razón de que les salían mucho más baratos; aseveró: «la economía fronteriza se vino abajo».
De igual modo informó que efectivamente han desaparecido las colas para adquirir combustible, pues el contrabando de gasolina ha disminuido. Al mismo tiempo, resaltó que la criminalidad se ha minimizado.
Colombianos con trabajo formal podrán pasar la frontera
Luego de las peticiones del sector comercial, el Gobierno de Nicolás Maduro accedió que los ciudadanos colombianos que tengan empleo formal en Venezuela puedan continuar laborando en sus lugares de trabajo, siempre y cuando presenten su carnet y constancia.
Esta excepción se suma a la de estudiantes y casos especiales de salud que también tienen permitido pasar la frontera colombo-venezolana.
Vielma Mora informó también que este domingo 6 de septiembre se iba a permitir el paso de 103 camiones venezolanos que debían transportar productos importados y estaban del otro lado de la frontera.
Sin embargo, Isabel Castillo, presidenta de la cámara de comercio, industria y producción de San Antonio del Táchira, informó a PanAm Post que se mantiene la dificultad del paso del transporte de carga en la frontera debido a que los conductores deben presentar papeles y certificados que retrasan todo el proceso.
Castillo informó que se calcula que en territorio colombiano permanecen entre 250 y 300 unidades de transporte de carga pesada a la espera de entrar a Venezuela.
El pasado viernes 4 de septiembre, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), la mayor patronal del país, emitió un comunicado en el que explicó que el intercambio comercial entre los dos países se ha visto afectado con una disminución del 38%,
Fedecámaras informó que entre las consecuencias del cierre de la frontera se encuentra la paralización de los auxiliares aduaneros por el cierre de operaciones del comercio binacional, lo cual según la institución, representa al menos 100 empleos directos, perjudicando así alrededor de 150 empresas debidamente constituidas y autorizadas por los entes venezolanos para su operatividad.
De igual modo, hizo referencia a la paralización del intercambio legal de bienes y servicios, no solo de los habitantes de la frontera sino también del sector productivo nacional que depende de materias primas o bienes, cuya importación se realiza a través esa zona fronteriza.
En sector metalúrgico y metalgráfico es el que más se ha visto afectado porque de insumos traídos desde Colombia para la producción de envases plásticos y metálicos utilizados en la industria de alimentos.
Pero este lunes 7 de septiembre, representantes del sector comercio del estado Táchira aseguraron que en reuniones con autoridades fronterizas, se les informó que la medida podría prorrogarse hasta enero del próximo año.
Discusión sobre post