El director de Régimen Penitenciario en Bolivia, Jorge López, informó este martes 5 de abril que la examante del presidente Evo Morales, no fue envenenada en la cárcel.
López aseguró con un informe forense realizado a Gabriela Zapata, que descarta la posibilidad de que hayan atentado contra la vida de la detenida, al mismo tiempo que calificó de “mentiroso” al abogado defensor.
“El certificado médico forense establece que Zapata no fue envenenada, era denuncia falsa”, sostuvo y añadió que la salud de la expareja del presidente Evo Morales “es buena”, y garantizó la seguridad de la interna en la cárcel de Miraflores, como la de las otras 52 reclusas.
El 31 de marzo, la interna denunció que alguna persona puso una sustancia en una de sus bebidas y que se sintió mal tras ingerirla.
López insistió en que los abogados mienten para lograr que su defendida pueda regresar al penal de Obrajes, de donde fue trasladada el 24 de marzo por razones de seguridad.
Este lunes 4 de abril, reclusas realizaron una protesta exigiendo que Zapata sea trasladada a otro penal. Aseguran que la detenida tiene prácticas discriminatorias.
“La señora Zapata no ha cesado de discriminarnos con adjetivos que nos denigran: maleantes, asesinas, nacas, negras, indias y un amplio etc. (…) Asimismo denunciamos que la señora Zapata nos hostiga con el uso de sus supuestas influencias para lograr lo que quiera dentro y fuera del penal”, acusan las privadas de libertad.
Ante esta situación, la defensa de Gabriela Zapata denunció “tentativa de asesinato” en el penal de Miraflores.
“Encienden fuego, pretenden sacar a la señora Gabriela Zapata del lugar donde estaba aislada, pretendiendo acabar con su vida, pretendiendo llevarla y tal vez quemarla allá, por lo que nosotros queremos denunciar un serio atentado, tentativa de asesinado en este caso contra la señora Gabriela Zapata”, denunció el abogado Eduardo León.
La expareja de Morales guarda detención por la supuesta comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento inicuo con afectación al Estado, uso indebido de influencias, denuncias de ejercicio ilegal de la profesión, y falsedad material e ideológica.
Fuente: La Razón.