Presionado por la oposición venezolana, el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro nombró el miércoles 13 de abril a ocho nuevos registradores en el marco de la aprobación de la “Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela” aprobada en la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la Gaceta Oficial este nombramiento surge con el objetivo de iniciar la entrega de títulos de propiedad a los venezolanos que adquirieron viviendas otorgadas por el Gobierno a través del programa social Gran Misión Vivienda.
El reconocido periodista V.J. Los Arcos Ayape asegura que el Gobierno se vio asediado por la oposición venezolana, y es ahora cuando iniciará la entrega de los títulos de propiedad; esto a pesar de que el Ejecutivo insiste de que “es una ley inconstitucional” que cercena supuestamente el “derecho social”.
Ayape afirma que aunque Nicolás Maduro vituperó la idea de la Ley, insultó a los dirigentes opositores que la promovieron y prometió bloquearla, “la gestión gubernamental ha ido ir siempre detrás de la iniciativa opositora”.
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Lo que demuestra dichos nombramientos es que al menos ocho estados venezolanos no contaban con registradores públicos que entregaran títulos de propiedad a los beneficiarios del programa social, poniendo en evidencia que hasta el 13 de abril de este año dichos inmuebles siempre pertenecieron al Gobierno.
Según el periodista, formalmente los objetivos de la bancada opositora han sido alcanzados en buena medida; sin embargo el siguiente paso será la vigilancia de su cumplimiento real, siempre y cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no la declare “inconstitucional”, tal y como lo ha hecho con el resto de las normativas aprobadas por la Asamblea Nacional.
La oposición de ese país aprobó la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela con el objetivo principal de que los ciudadanos sean dueños de sus hogares y así evitar que el Estado venezolano use los inmuebles como instrumento para chantajear al pueblo en época electoral o amenazarlo con quitarle sus viviendas en caso de perder comicios.
Este miércoles 13 de abril, el mismo día en que se aprobó la Ley en el parlamento, y en que se designó a los nuevos registradores, el oficialismo convocó a una marcha contra la normativa porque aseguran que es una ley que tiene detrás a unos supuestos “financistas para ponerle la mano al más de millón de viviendas”.
Fuente: Agencia Sigla