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El Gobierno venezolano obligará a empresas tanto públicas como privadas a ceder parte de sus trabajadores para que presten servicios en el sector agroalimentario.
En resolución del Ministerio del Trabajo publicada en la Gaceta Oficial número 20.950, el Gobierno implementó la medida con el argumento de «contribuir con el reimpulso productivo» en el marco del estado de Excepción y de Emergencia Económica.
La cartera estableció un régimen especial para “todas las entidades de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas”.
La resolución establece que las entidades de trabajo del sector agroalimentario «están obligadas a cumplir con el estricto imperio del presente acto administrativo» por lo que deberán proporcionar los trabajadores requeridos por un período de 60 días prorrogables.
Apunta además que quienes sean elegidos deben tener “condiciones físicas adecuadas” y “conocimientos teóricos y técnicos” en áreas productivas.
Las empresas a las que sean destinados los trabajadores pagarán los sueldos de los nuevos “empleados”, mientras que la compañía de donde provengan continuará cubriendo las obligaciones relativas a cotizaciones establecidas en el sistema de seguridad social, así como las prestaciones sociales.
La Unión Nacional de Trabajadores rechazó la resolución por tratarse de una medida arbitraria del gobierno, que “trata a los trabajadores como si fueran soldados que se pueden mover inconsultamente”, afirmó Roger Palacios, coordinador de la Unete y directivo del sindicato de Alimentos Polar.
Fuentes: El Nacional; La Patilla
