El pasado viernes, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los soldados venezolanos ocupar varias tiendas de electrodomésticos con el fin de realizar un control de precios y combatir así la especulación económica que, según el discurso oficial, desestabiliza el país. El mandatario anunció que los precios de los electrodomésticos serían reducidos debido a los sobreprecios que los afectaban, y esto provocó que una ola de venezolanos se amontonara en las puertas de las tiendas buscando adquirir distintos productos.
La situación entonces requirió la intervención del Ejército para controlar el acceso a las tiendas y detener los saqueos que se produjeron en la semana del sábado. El mismo Presidente, había llamado a “ocupar” las tiendas que realizan especulación y remarcan precios, aclarando además que “el pueblo no es saqueador”. Informó que las tiendas continuarán siendo inspeccionadas para evitar el “acaparamiento”, citando en su discurso pasajes contra la usura pertenecientes a la Biblia, el Torá y el Corán.
Hace ya meses, frente a la creciente inflación y la escasez generalizada que está sufriendo Venezuela, Maduro sostiene que el país está viviendo una “guerra económica” promovida por la “derecha desestabilizadora”. El gobierno argumenta que son los empresarios y la oposición los que buscan desestabilizar Venezuela a través de la especulación, generando la inflación y escasez. El domingo, haciendo uso de la cadena nacional, el Presidente señaló que la responsabilidad recae directamente en “Fedecámaras, Venancham y Consecomercio, de dirigir una guerra económica contra del pueblo de Venezuela”, aunque los economistas sostienen que luego de diez años de control de cambios y precios, el problema es que la economía venezolana ha alcanzado sus límites.
Sin embargo, Maduro continúa con su estrategia de establecer más controles a la economía, para lo cual solicitó hace un mes a la Asamblea Nacional poderes para legislar por decreto por un año. De conseguir la aprobación de estos poderes extraordinarios, el Presidente informó que establecerá márgenes de ganancia para todos los sectores económicos y endurecerá las penas para los delitos relativos a las restricciones del mercado cambiario. Pues, según declaró el en cadena nacional, “no hay razones económicas para los fenómenos de escasez y de abultamiento de precios. La razón principal es política”.
Hasta el momento, rigen diversos controles como el control de precios, del comercio exterior y la prohibición del acaparamiento, que el gobierno encuentra cada vez más difíciles de implementar. Adicionalmente, el pasado sábado cinco gerentes de las tiendas Daka, JVG y Krash fueron detenidos, y según anunció a través de un comunicado el Ministerio Público, organismo del cual depende la Fiscalía General, serán procesados por presunto remarcaje de precios en la mercadería importada adquirida con dólares oficiales.
Los empresarios comprometidos son el gerente de la tienda JVG Hogar de Caracas, José Gregorio Fernández, los gerentes operativo y de ventas de la comercializadora Daka, Carlos Dávila Rodríguez y César León Arismendi, y el gerente de comercialización y el subgerente de la empresa Krash, Edward Sosa Velazco y Angel Latuff Goitía. Además, la Fiscalía del Estado de Carabobo informó que fueron detenidas cinco personas que habrían intentado saquear por la mañana del sábado la tienda Daka, en el municipio Naguanagua.
Finalmente, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el gobierno venezolano abrió un procedimiento contra ocho proveedores de Internet que habrían permitido el acceso a portales web donde se informa la cotización extraoficial del dólar. Según informó el organismo, la decisión se tomó debido a que la difusión de estos portales “podría afectar la paz, tranquilidad y el sosiego de los ciudadanos, además de la afectación de la oferta y demanda de productos y el posible fomento de la zozobra de la ciudadanía y alteraciones del orden público, causando graves afectaciones a la economía nacional y el pueblo venezolano”.
Los proveedores de internet afectados – Cantv, Movilnet, MoviStar, Digitel, Inter, Supercable, NetUno, Omnivisión y Level3 – tienen diez días para presentar sus alegatos, pero ya se han dictado las medidas cautelares necesarias para que la información se retire de la web.
El 8 de diciembre tendrán lugar las elecciones municipales en Venezuela y se espera que a medida que se acerquen los comicios, el clima social y político sea más tenso. Maduro continuará reforzando sus medidas de control de la economía con el fin de transmitir una imagen de gestión fuerte frente a una crisis económica para la cual Venezuela aún no encuentra solución.