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¿Qué es peor que unas elecciones corruptas en Guatemala?

By: Steve Hecht y David Landau - Sep 2, 2015, 3:36 pm
US Ambassador Todd Robinson (left) and Secretary of State Counselor Thomas Shannon flank and give their support to the UN Impunity Commission, the CICIG. (US Embassy Guatemala)
El embajador de Estados Unidos, Todd Robinson (izq.), y el consejero del secretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon (der.) ofrecen su apoyo al comisionado, Iván Velásquez (centro) de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

EnglishEl Congreso de Guatemala votó anoche para retirar la inmunidad judicial al presidente Otto Pérez Molina, acusado de estar implicado en una red de sobornos. Su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, ya está en la cárcel, donde se encuentra a la espera de un juicio por cargos similares.

Tal como ahora están las cosas, el presidente Pérez estará sujeto a los procesos judiciales que enfrentaría cualquier ciudadano de a pie. En el momento en que sea arrestado, será suspendido de su cargo, aunque no removido.

Si usted ha estado siguiendo la crisis —lo que es bastante fácil, ya que la prensa internacional se ha ocupado de ella— es muy probable que haya pensado: ¡Oh, otro gran escándalo de corrupción en América Latina!

Pero no cuenten con sus medios de comunicación habituales para que le brinden una perspectiva fundamental: que este episodio se ha convertido en el capítulo más reciente en un melodrama llamado Cooptando el sentimiento popular. La novela consiste en que puede escalar hasta lo más alto en Guatemala, aunque no le agrade realmente a nadie, si tiene como guardaespaldas a Estados Unidos, a las Naciones Unidas y al Parlamento Europeo.

Durante un año o más, los grupos radicales en Guatemala han estado tratando de sacar provecho de la corrupción gubernamental como pretexto para la sustituirla por una corrupción propia mucho mayor: la destrucción del frágil marco constitucional de Guatemala. Y han estado dirigiéndose hacia ese objetivo con la complicidad activa de los Estados Unidos y las Naciones Unidas.

En abril de 2015, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que es el organismo de la ONU en Guatemala, denunció públicamente la existencia de un fraude en el cual los funcionarios de Aduanas eran sobornados para evitar el pago de impuestos a la importación. En mayo, la vicepresidenta, Roxana Baldetti, renunció a su cargo.

Este esquema de fraude fiscal ha existido durante décadas. Funcionó, por ejemplo, durante el Gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993), cuando Otto Pérez Molina era el jefe de la Inteligencia Militar. La Cicig ha estado trabajando en Guatemala desde hace ocho años, y es curioso que el grupo de la ONU haya esperado hasta este año para plantear la cuestión. Las reglas, sin embargo, dictan que la Cicig es la parte que hace las preguntas, no la que las responde.

El mismo día en que Baldetti renunció, el Departamento de Estado en Washington ya tenía preparada una declaración —como si alguien de ahí hubiera sabido lo que se venía. La declaración expresa públicamente su apoyo al presidente Pérez Molina, reafirma que Guatemala continúa siendo “un socio fuerte para Estados Unidos y un líder regional,” e invita al país a continuar “trabajando estrechamente” con la Cicig.

Diez semanas después, el 21 de agosto, la Cicig y el Ministerio de Justicia presentaron cargos criminales contra el presidente, mientras ese mismo día Baldetti fue arrestada. Pase lo que pase con el presidente, para mediados de enero dejará la presidencia. Este 6 de septiembre comienza un nuevo ciclo electoral para elegir a su sucesor; incluso si gozara de una mejor imagen, no hubiese podido aspirar a una reelección, ya que está prohibida por la Constitución.

Pese a que las acusaciones contra el presidente y la vicepresidenta no han sido probadas, parece que para la mayoría de los guatemaltecos ellos ya son culpables. Lo más destacado es que ciertos grupos políticos han afirmado que el país es demasiado corrupto como para que se celebren elecciones justas. Estos grupos están solicitando la postergación de las elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente para crear, supuestamente, una mejor estructura.

Del mundo de los activistas, Manfredo Marroquín, presidente de la ONG Acción Ciudadana, afirmó: “sin una importante reforma política las elecciones serán para elegir al próximo grupo de ladrones”. De acuerdo con el diario británico The Guardian, “los manifestantes ahora exigen que se suspenda el voto. ‘Bajo estas condiciones, no queremos elecciones’, ha sido uno de los cánticos esgrimidos por los manifestantes”.

Los defensores de esta propuesta no revelan quiénes serán los encargados de redactar la nueva Constitución, cuándo estará lista, y, más importante, quién gobernará durante el interregno. Probablemente los nuevos líderes surgirán de las filas de los grupos que ahora insisten en derogar la Constitución.

Este tipo de propuestas sigue el juego de aquellos rechazan genuinamente el sistema y la corrupción. La gente quiere una reforma electoral; pero la temporada de elecciones no es un momento adecuado. Cualesquiera sean los problemas con las elecciones, no es una idea inteligente suspenderlas, porque es probable que, una vez suspendidas, no se celebren durante un largo tiempo.

Los oportunistas que buscan una reforma han manifestado lo que gran parte del público desea legítimamente; pero muchos de esos “reformistas” intentan engañarlo, y son al menos tan corruptos como los líderes que proponen reemplazar. El tiempo y lugar para cambiar las cosas es el próximo Congreso.

La idea de posponer las elecciones —o en otra palabras, cancelarlas— ha estado circulando durante el último año y un poco más. Los cargos por sobornos contra los jefes ejecutivos del país les han dado un pretexto más que conveniente. Para finales de la primavera (boreal) de este año, las amenazas contra las elecciones ya habían adquirido suficiente entidad como para que la Organización de Estados Americanos (OEA) se refiriese a ellas.

A mediados de junio, una sesión plenaria de la OEA adoptó una “resolución de apoyo al proceso electoral en Guatemala”. El 23 de agosto, dos días después de la imputación a Pérez y el arresto de Baldetti, la OEA emitió un comunicado de su secretario general, Luis Almagro, quien expresó “preocupación los últimos acontecimientos políticos en Guatemala, incluyendo llamados de distintos sectores de la sociedad para la postergación de las elecciones programadas para el 6 de septiembre”.

Según el comunicado, Almagro sostuvo que “es indispensable que las elecciones se celebren conforme al orden constitucional vigente [y] que los ciudadanos tengan el derecho inalienable de expresar su voluntad a través del voto, garantizándose de esa manera la continuidad del proceso democrático en Guatemala”. Finalizó con un llamado a “todos los sectores sociales y a las autoridades del país a respetar las leyes vigentes y la Constitución”.

A la luz de aquel llamado urgente, el comentario de la embajada de Estados Unidos, cinco días más tarde, fue, llanamente, insulso.

“El Gobierno de los Estados Unidos”, afirma el comunicado, “apoya el proceso constitucional de elecciones democráticas en Guatemala que ha sido convocado para el 6 de septiembre, y hacemos un llamado a todos los partidos políticos a realizar sus campañas electorales de una manera pacífica. Los Estados Unidos reconoce[n] el derecho de los guatemaltecos a reunirse pacíficamente, a expresar libremente sus puntos de vista y opiniones, y a tener elecciones libres, justas y transparentes. Instamos a los guatemaltecos a ejercer su derecho democrático de votar con responsabilidad”.

Estados Unidos, en vez de seguir el ejemplo de la OEA, decidió alinearse con la Cicig — que, por su parte, podía asumir los costos de manifestarse en contra de las elecciones, mientras que Estados Unidos no podía. El 16 de julio, la Cicig publicó una investigación llamada El financiamiento de la política en Guatemala. Decía esto, de acuerdo con un amigable resumen:

Un reciente informe detalla el amplio alcance de la infiltración que el crimen organizado y los distintos grupos de interés han tenido en la política guatemalteca. Los partidos políticos guatemaltecos obtienen cerca de la mitad de su financiación mediante la corrupción, incluyendo un 25 por ciento que proviene de las élites económicas y empresariales y otro 25 por ciento de organizaciones criminales (…) Esta situación es exacerbada por el alto costo de las campañas electorales en Guatemala, así como por una débil regulación en la financiación de las campañas, la falta de medios de comunicación independientes y una impunidad casi total en los casos de corrupción política.

Al presentar el informe, el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, ofreció un convincente resumen de su argumento contra las elecciones. Guatemala, dijo, “es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia”.

El informe de la Cicig sobre el dinero en la política es en verdad un documento potente. El problema es que se trata de un misil teledirigido en la dirección equivocada. Analistas de la Cicig están en lo correcto al identificar los problemas que afectan a la sociedad; son sus soluciones las que causan daño. Han dicho la verdad, pero en miras a llevar adelante una agenda destructiva.

En el campo de las acciones sin ninguna consecuencia, la Cicig puede hablar con mucha autoridad. Es una poderosa organización que reparte críticas mientras permanece exenta de ellas. La Cicig ejerce el poder estatal en Guatemala, sin rendir cuentas a los ciudadanos de este país o de cualquier otro. Para invocar esa palabra tan cargada, la Cicig funciona bajo un manto casi perfecto de impunidad.

Sus acciones, además, rara vez están libres de intereses partidarios. Cinco años atrás, la Cicig recurrió a su peso político para expulsar a un fiscal general cuya reputación fue mancillada por meras especulaciones lanzadas desde la agencia de la ONU. La Cicig luego instaló a una fiscal general que estableció un régimen basado en estadísticas infladas — un régimen judicial en el cual el acto de la acusación era su propia justificación. Hasta que las acusaciones contra Pérez y Baldetti sean probadas, debe recordarse que sus acusadores, la Cicig, son defensores de las acusaciones por las acusaciones mismas.

Mientras que la Cicig se ejercita sobre la corrupción en torno al financiamiento del proceso electoral, ha dejado sin investigar, y sin siquiera mencionar, los varios millones de dólares que han inundado a Guatemala, provenientes del exterior, para colaborar con las actividades de grupos radicales y milicias al estilo de guerrillas —actores que ahora intentan obtener mediante manipulaciones lo que no pudieron obtener durante cuatro décadas de insurgencia, o en las dos décadas de relativa competencia política pacífica que le siguieron.

En 2012, el profesor Miguel Castillo elaboró una investigación para ser presentada al presidente sobre seguridad, justicia y desarrollo energético. El informe contiene un diagrama que muestra extensas redes de organizaciones que promueven el conflicto y niegan la validez del Estado guatemalteco. Las redes incluyen financistas (azul), intermediarios (azul oscuro) y grupos de activistas ambientalistas, campesinos e indígenas (verde, rojo y marrón). Varios de estos grupos, incluyendo al violento CUC, entre otros que surgieron del conflicto armado, han reclamado que no se celebren elecciones.

Guatemala conflict: the network of violent and rogue organizations includes entities of primary financing (blue), of intermediaries (dark blue) and of action groups (green, red, and brown: environmentalists, farmers, and indigenous). (Miguel Castillo)
La red de organizaciones violentas y rebeldes incluyen a financistas, intermediarios, y grupos de acción. (Miguel Castillo)

Si uno le quita el velo de impunidad a la Cicig, probablemente encuentre que la agencia de la ONU simpatiza con los grupos de este diagrama, y con los otros que quieren postergar las elecciones.

Y así, a pesar de sus afirmaciones opuestas, están los Estados Unidos. El mismo día que la Cicig emitió su informe sobre el financiamiento de los partidos políticos, la embajada de Estados Unidos lo recibió con un aullido de alegría:

El informe deja claro que la clase política ha estado burlándose de la población guatemalteca. Los guatemaltecos merecen algo mejor. Han sufrido bajo estas condiciones por demasiado tiempo. Como el Comisionado indica en sus conclusiones y recomendaciones, los guatemaltecos deben decidir qué hacer al respecto: seguir como hasta ahora o cambiar la dinámica (…) Nadie dijo que el cambio sería fácil, ni que se daría de la noche a la mañana. Los intereses que crearon este sistema corrupto trabajarán fuertemente para defenderlo. Pero eso no vencerá la determinación de los guatemaltecos que han llenado la Plaza de la Constitución semana tras semana. El Gobierno de los Estados Unidos apoya su llamado a la reforma y al cambio. Apoyamos un mejor futuro para Guatemala.

Es una lástima que el Departamento de Estado no haya podido dedicar semejante pasión a la Revolución Verde en Irán, cuyo movimiento cayó en el olvido con escasas palabras de Estados Unidos. Este mensaje a los manifestantes de Guatemala, por el otro lado, es un llamado a la insurrección —y cómo sienten con mayor intensidad ese llamado que la convocatoria a elecciones ordenadas.

Muchos guatemaltecos que han seguido estos asuntos están bien al tanto de que Estados Unidos, al menos por el momento, no tiene los intereses de la sociedad en mente. Por el otro lado, suponen que la Cicig, que plausiblemente afirma estar actuando contra la corrupción, es una amiga del orden constitucional.

Los guatemaltecos están impresionados con la Cicig, y con razón, porque la Cicig ha atacado los males que ellos odian. Pero mientras que su análisis es sólido, su agenda es engañosa. Y su lugar en la sociedad guatemalteca es el clásico ejemplo del poder mal utilizado.

Es tiempo de observar más a este participante — y a las suposiciones que dicen que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Una dura lección de la política es que el enemigo de mi enemigo también puede ser mi enemigo. En un caso como el del defectuoso sistema electoral de Guatemala, más vale lo viejo conocido que lo bueno por conocer, porque lo bueno por conocer reemplazará un sistema de malas elecciones con uno mucho más duro, que no deja lugar a ninguna elección.

Traducido por Adam Dubove y Belén Marty.

Steve Hecht y David Landau Steve Hecht y David Landau

Los autores de esta serie de seis entregas han trabajado juntos en asuntos políticos por 20 años. Steve Hecht (en la foto) es empresario con dos títulos de la Universidad de Columbia y ha vivido en Guatemala por más de cuatro décadas. David Landau, radicado en San Francisco, se inició en el periodismo como gerente editorial del Harvard Crimson. Es experto en Cuba y edita Pureplay Press. Síguelo en @shecht6.

¿Impedirá el voto electrónico el fraude en Argentina?

By: Escritor Invitado - Sep 2, 2015, 3:09 pm
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Es inevitable, válido y valioso Por José Patiño En los últimos años, la simplificación del sistema electoral en algunas provincias a través de la Boleta Única fue abriendo la puerta para que algunas empresas comenzaran a ofrecer servicios de informatización del proceso electoral. En esta línea, primero la provincia de Salta y más tarde la ciudad autónoma de Buenos Aires, comenzaron a implementar la Boleta Única Electrónica (BUE). En ambos casos, el proveedor que obtuvo el contrato fue la empresa argentina MSA. El modelo propuesto por MSA es un sistema denominado Vot.ar, y en las últimas elecciones se constituyó en el foco de discusión entre los promotores del sistema electrónico y los que prefieren el sistema tradicional de papel. En este escenario me toca estar entre los primeros, no por estar de acuerdo con una determinada solución tecnológica, sino por estarlo con un sistema que puede ayudar a recuperar la confianza en el proceso electoral. Digo esto porque, para entender cómo llegamos a esta discusión, es importante partir de la comprensión de un sistema político que históricamente fue bipartidista, y esto hacía que los partidos mayoritarios tuvieran la suficiente estructura como para controlarse mutuamente, en un ámbito donde el Estado delegaba su autoridad en un actor respetado por la comunidad, como era el maestro de escuela que se desempeñaba ese día como presidente de mesa. Este escenario cambió a partir de 2001, cuando la crisis política derivó en oficialismos con estructuras poderosas para controlar y hasta torcer resultados, y oposiciones atomizadas y débiles sin capacidad de reacción. En octubre de 2007 se instaló una nueva modalidad, cuando masivamente comenzaban a desaparecer las boletas de la Coalición Cívica, principal fuerza opositora al oficialista Frente para la Victoria. Cuatro años más tarde la provincia de Santa Fe implementó el sistema de Boleta Única para evitar que esto se constituya en un problema recurrente. La BUE no sólo evita el robo de boletas, sino que también facilita el recuento y confección de actas y certificados de resultados. El escrutinio provisorio, en la Argentina a cargo del Poder Ejecutivo, es el recuento de votos que se realiza el mismo día de la elección para difundir una tendencia ganadora y evitar que más de un candidato se considere ganador y de esa manera peligre la paz social. El recuento definitivo se realiza unos días después, está a cargo de la Justicia Electoral y es el único escrutinio válido. En esta instancia se revisan todas las actas de escrutinio confeccionadas por los presidentes de mesa, y se las coteja con los certificados que confeccionaron los fiscales que ese día controlaron cada mesa electoral. Si entre ambos documentos no hay diferencia, se da por aprobado el resultado de la mesa y los datos se ingresan al sistema de cómputos de la Justicia Electoral, que es diferente al utilizado en el escrutinio provisorio. Si por el contrario, difieren entre ellos, se procede a la apertura de las urnas cuestionadas y se corrige el resultado para volcarlo correctamente en el sistema. Este procedimiento es el que hace necesario contar con casi cien mil fiscales para controlar cada una de las mesas electorales del país. Donde no existan fiscales, un acta mal confeccionada se traduce en pérdida de votos. En las recientes elecciones primarias, en la Ciudad de Buenos Aires se recuperaron más de veinte mil votos para la lista de candidatos a diputados de la alianza Cambiemos, debido a que durante la confección manual los resultados de esta fuerza política se consignaron en un casillero equivocado. El sistema BUE permite la fiscalización más eficiente, que es la del propio ciudadano cuando visualiza la pantalla al pasar el chip por el lector y controlar que lo que se grabó en el mismo y se imprimió en la boleta es lo que quiso votar. El sistema BUE también permite la fiscalización partidaria con la posibilidad de abrir la urna y verificar que el conteo manual de votos coincide con el recuento electrónico realizado por la máquina. En síntesis, considero que la búsqueda de la transparencia electoral nos tiene que llevar a controlar también los procesos licitatorios y las soluciones ofrecidas por el mercado, pero teniendo en claro que la tecnología es siempre mucho más auditable que la complejidad de las prácticas políticas humanas. José Patiño fue candidato a diputado nacional en 2013 en Argentina; es consultor en comunicación política y experto en procesos electorales. D irigente de Unión por la Libertad. Síguelo en @joseppatinho No hay sistema perfecto Por Rosario Pavese EspañolLas deficiencias de nuestro actual sistema de votación, el sistema de boleta múltiple, han renovado el debate acerca de cómo garantizar la transparencia y evitar el fraude en los procesos electorales. En esa discusión es que algunas voces se alzan de modo casi fundamentalista en favor del cambio hacia un sistema de voto electrónico como solución mágica a todos nuestros padecimientos. El problema es que, en sí mismo, esto no garantiza ni preserva la transparencia de los comicios. No existe en ningún lugar del mundo un sistema de votación perfecto ni inviolable. Cualquier sistema debe contar con una fuerte estructura de control, auditoría y fiscalización. Para eso, las autoridades electorales deben estar preparadas y contar con el respaldo normativo y presupuestario correspondiente. Introducir tecnologías en el proceso de votación sin adecuar estos controles puede traer más problemas que soluciones. Los sistemas electrónicos suelen ser vulnerables a ataques, que abren una serie de ventanas de oportunidad por las cuales se puede violar la integridad del proceso. Por lo tanto, resulta importante que todo sistema preserve a su vez el respaldo del voto en papel, y cuente con un fuerte componente de fiscalización, tanto de parte de los partidos, como de la ciudadanía en general. En materia de sistemas electorales no hay una única solución válida. Para definir el mejor sistema a ser adoptado se requiere de un debate profundo en el cual se evalúe el contexto en el cual se aplicaría dicho sistema. Se requiere además que la solución elegida sea consensuada entre todos los actores políticos y sociales, para que el sistema sea reconocido como legítimo. Idealmente, esto debe realizarse además fuera del período electoral, ya que no resulta deseable el cambio de reglas con las elecciones en marcha. Es importante además tener en cuenta que todo cambio tiene un costo, no solo económico, sino también de aceptación social, de aprendizaje y de adopción de nuevas prácticas electorales, por lo que no pueden ni deben ser readaptados ante cada elección. La variación de sistema a sistema solo conlleva confusión y desconfianza hacia el electorado, por lo que la decisión de adopción de un nuevo sistema debe ser consensuada y duradera. Desde Poder Ciudadano consideramos que el actual sistema de boleta múltiple es obsoleto, por lo cual instamos a los diversos actores políticos a debatir y adoptar medidas que garanticen, por un lado, la transparencia de las elecciones de 2015, pero que también definan el paso hacia un sistema de boleta única que resuelva los actuales problemas que desde hace años estamos enfrentando. Rosario Pavese es argentina, politóloga y trabaja como Directora de Instituciones Políticas y Gobierno en Poder Ciudadano. Síguela en @ropavese.

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