Cinco comandantes de las FARC operan desde Venezuela

By: Thabata Molina - @Thabatica - Feb 26, 2015, 3:52 pm

EnglishCinco comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operan en distintos municipios del Estado Apure, al suroeste de Venezuela, de acuerdo con la información revelada en un informe elaborado por la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, que además menciona la existencia de pistas de aterrizaje clandestinas en fincas de varios Estados, utilizadas para la recepción y despacho de alijos de droga.

En el documento oficial, de acceso exclusivo de Panam Post, los militares venezolanos señalan que estos comandantes de las FARC pertenecerían al décimo frente guerrillero, y que tienen poder en las comunidades que cubren.

“Se han observado varios sujetos vistiendo uniformes camuflados, portando armas largas y cortas, y con brazaletes alusivos a las FARC, quienes han implementado varias normas y los mismos se movilizan efectuando patrullajes tanto diurnos como nocturnos, en varios vehículos Toyota 4.5 tipo pick up y motos todo terreno”, dice el texto oficial.

Uno de ellos, Jaime Alberto Parra Rodríguez alias Mauricio Jaramillo, es calificado como el comandante del Bloque Oriental de las FARC, y estaría ubicado en un radio de operaciones sobre el sector Capanaparo del municipio Rómulo Gallegos.

Al segundo de los irregulares que han identificado y ubicado es alias Polanco al que se señala de tener el dominio entre las poblaciones de Achaguas, Guachara, Yagual y Apurito.

El documento da cuenta de otro líder con un especial poder, alias Gollo,  quien tendría el dominio sobre la población de Capanaparo, Tres Bocas, Paso Arauca y Cunaviche, así como del ingreso a Venezuela de los cargamentos de estupefacientes a través de la frontera con Colombia.

En el mapa que elaboraron las autoridades venezolanas, se indica que el comandante alias Buda estaría en la población de San Juan de Payara, junto con otros tres hombres, y que durante las labores de inteligencia realizadas se le vio en compañía del alcalde del municipio Pedro Camejo, Pedro Leal, quien pertenece a las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Presencia de las FARC en el Estado Apure, Venezuela. (DIM)
El mapa elaborado por la Dirección de Inteligencia Militar muestra la distribución de seis comandantes de las FARC en Venezuela. Alias Chapulín murió en enfrentamiento con el Gobierno colombiano en 2014. (DIM)

El Estado Apure es el tercero de Venezuela en tamaño, tiene una extensión similar a la de la República de Panamá (76.500 kilómetros cuadrados), y comparte con Colombia 685 kilómetros de frontera. Como lo señala el informe de la DIM, además del tráfico de drogas, “estos grupos irregulares han convertido gran parte de esta zona en sitios donde ejercen el sicariato, cobro de “vacuna” (extorsión), secuestros y actividades de tráfico de combustible”.

Otras zonas de Apure donde han sido vistos estos irregulares de las FARC son Cinaruco, El Meta, San Juan de Payara, La Soledad, Cunavichito, Río Claro, Achaguas, Guachara, El Yagual, El Samán, Elorza, entre otros.

Últimas operaciones conocidas

En Elorza, una de las poblaciones más importantes de Apure, trabajaba el sexto de los comandantes mencionados por la DIM, alias Chapulín, quien fue ultimado en 2014 por el Ejército colombiano durante un enfrentamiento en la zona fronteriza.

En esa misma población detuvieron el 24 de diciembre de 2014 al comandante guerrillero Germán Arturo Rodríguez Ataya, miembro del frente 10 de las FARC, alias El Gago o “el piloto de las FARC”.

El "piloto" de las FARC espera por extradición a Colombia desde Venezuela. (Interpol Venezuela)
La ficha de Interpol Venezuela sobre su detención figura que sobre “El Gago” de las FARC pesaban los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. (Interpol Venezuela)

Rodríguez Ataya fue aprehendido por una comisión de Interpol del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en esa localidad. Sobre él pesaba una orden de captura de la policía internacional signada como A-4489/6-2014 por un expediente del 11 de enero de 2003, debido a un allanamiento que se realizó en Bogotá en 2002 en el cual se decomisó un cargamento de droga que pertenecía a los frentes 10 y 16 de las FARC, a cargo de Rodríguez Ataya.

En 2005 fue capturado en Colombia por transportar, por vía aérea, guerrilleros y drogas, y la licencia de piloto que tenía le fue revocada.

Cuando Interpol Venezuela hizo la captura, hace más de dos meses, el detenido fue puesto a las órdenes de la Fiscalía 15 del Ministerio Público, la cual declinó competencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano para que gestionara la extradición de Rodríguez Ataya.

Este hombre tenía varios años viviendo en Venezuela y de hecho, era naturalizado venezolano. Las autoridades de la policía científica venezolana tenían conocimiento de su presencia en el país al menos desde 2012, según reporta una minuta del CICPC de fecha 15 de enero de ese año.

En ese momento se inició una averiguación debido a una denuncia anónima en la cual se señalaba que Rodríguez Ataya poseía “una finca denominada San Rafael, ubicada en Capanaparo, municipio Rómulo Gallegos, Estado Apure, la cual la utiliza como centro de acopio de grandes cantidades de sustancias estupefaciente y psicotrópicas, y posteriormente las traslada vía aérea, a bordo de avionetas personales hacia la capital del país y  países cercanos, para su comercialización, ya que cuenta con pista clandestina en terreno perteneciente a la referida finca”.

El pasado 26 de enero el TSJ de Venezuela asignó expediente a la solicitud de extradición de Rodríguez Ataya y al día siguiente otorgó su caso al magistrado Héctor Manuel Coronado Flores.

Las autoridades militares venezolanas advierten que en el territorio también estaría alias Jhon Sapo Negro, quien anteriormente operaba en la localidad de Elorza, pero que recientemente se habría transferido a la población de Barinas, en el Estado homónimo.

El tránsito aéreo de drogas se extiende a otros Estados

La unidad militar que hizo la labor de investigación determinó que además del Estado Apure, en Mérida y Zulia existen terrenos que también son utilizados por estos grupos irregulares para el aterrizaje y despegue de aeronaves presuntamente utilizadas para el narcotráfico.

Una de las pistas clandestinas estaría ubicada en el sector La Burra Mocha, en el Estado Mérida, dentro de una hacienda  llamada San Francisco. La fachada del negocio sería la cría de caballos de paso, pero cuenta con un terreno de 900 x 20 metros para el aterrizaje de aeronaves.

También en Zulia, en el municipio Francisco Javier Pulgar, detectaron la existencia de una pista con 800 x 30 metros dentro de la finca La Mano de Dios. La hacienda no cuenta con ninguna actividad productiva dentro de sus tierras.

En esta misma localidad del Zulia, que limita con Mérida, detectaron que dentro de la hacienda Bramaderos, donde supuestamente se dedican a la cría y venta de búfalos, cuentan con una pista de aterrizaje de un kilómetro x 30 metros, y un helipuerto.

Con la contribución de Elisa Vásquez.

Editado por Pedro García Otero.

Thabata Molina Thabata Molina

Thabata Molina es una periodista venezolana especialista en temas de seguridad, violencia y conflictos penitenciarios con 12 años de experiencia en periódicos venezolanos, entre ellos El Nacional y El Universal. Oriunda de Caracas, actualmente reside en Panamá. Síguela @Thabatica.

Se alzan voces contra estatización de los fondos de pensiones en Bolivia

By: Belén Marty - @belenmarty - Feb 26, 2015, 3:30 pm
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El Gobierno de Evo Morales estatizó, a través del decreto supremo 2.248, los fondos privados de pensiones. Para ello, creó la Gestora Pública de Seguridad Social, que comenzará formalmente a operar en poco menos de 17 meses. Opositores criticaron los altos sueldos de quienes asumirán la gestión pública. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial el 15 de enero, establece la creación de un ente estatal que administrará los fondos de pensiones de los bolivianos. Para mediados de 2016, las dos empresas privadas de administración de fondos de pensión deberán ceder la gestión, ahorros e información al flamante organismo estatal. "Todo este espacio de 18 meses [desde la publicación del decreto] es para la compra de software y la migración de los datos de la AFP en una sola base que controle la Gestora Pública", indicó Luis Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas. La empresa estatal, que estará bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, según establece el artículo 4 del decreto, se encargará de la “administración y representación de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos”. La ley dispone asimismo que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional el ente encargado de su fiscalización y quien nombre al personal encargado del Directorio y de la gerencia. "En 18 meses levantamos la banderita para que las AFP dejen de administrar y todo lo hará nuestra Gestora Pública", auguró el ministro en enero. Para su inicial funcionamiento, el Estado aportará al patrimonio de la estatal gestora BOL$120 millones (US$17.366.000) que saldrán de las arcas del Tesoro General de la Nación y que estarían ya contemplados e el Presupuesto General del Estado para este año. "Este es un préstamo que se está haciendo a la Gestora para arrancar, comprar el software, comprar sus instalaciones, sus inmuebles, contratar el personal adecuado, en fin, comenzar a armar esa institución que ha de administrar la pensión de los bolivianos", añadió. Aportes invertidos en el exterior El ministro manifestó que los recursos que aporten los bolivianos podrán invertirse en el exterior bajo el amparo del Banco Central de Bolivia (BCB), con el objetivo de aumentar su rendimiento. Entre los fondos que administrará la Gestora se encuentran el Fondo de la Renta Universal de la Vejez, el Fondo de Vejez, el Fondo Colectivo de Riesgos y el Fondo de Ahorro Provisional (FAP). La estatización de los fondos de pensión de los trabajadores cobró relevancia en los últimos días, dadas las críticas que suscitaron los altos sueldos de los futuros empleados de la Gestora. La escala salarial fue publicada en el anexo de decreto supremo y fue blanco de críticas de la Confederación de Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani, quien declaró que la estatización es un “un atentado al ahorro de los trabajadores”. “Sorprendidos totalmente, el Decreto Supremo 2.248 nos sorprende en su anexo B, donde indica claramente que el presidente del directorio ganará BOL$70 mil (US$10.200), la gerencia general 70 mil, la gerencia nacional $50 mil (US$7.200)”, expresó el dirigente gremial. Por su parte, Mario Guillén, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, se defendió de las críticas y alegó que los altos sueldos son para atraer a eficientes profesionales técnicos. "Nos dimos cuenta que en las AFP's los sueldos de los gerentes en un caso estaban en BOL$100.000, en otro caso por encima de los $85.000 (US$12.390). Si nosotros no establecíamos un nivel salarial expectante no podríamos contratar un gerente de alto nivel que maneje de manera eficiente estos US$10.000 millones", advirtió. La estatización obedece a la necesidad imperiosa de recursos El economista boliviano Mauricio Ríos García, director de CrusoeResearch.com y analista financiero de Schifforo.com, explicó a PanAm Post que esta intención estatizadora se debe a la necesidad desesperada que tiene el Gobierno de recursos, tras el desplome del precio del crudo y a su resistencia por no modificar las atribuciones sociales que ha ido adquiriendo a lo largo de los años. “Los incrementos del salario mínimo nacional o los dobles aguinaldos [políticas sociales propuestas por Morales] no constituyen más que devaluaciones diferidas, que buscan postergar la solución a los problemas estructurales que se vienen registrando en la economía desde hace al menos año y medio atrás (mucho antes del desplome petrolero) con la desaceleración de más de un punto porcentual del PIB”. Para él, estas políticas públicas “son sólo malabares económicos, típicos de gobiernos autocráticos en etapas de crisis”. Además, el economista Gastón Balderas Encinas expresó que este hecho traerá tres problemas fundamentales. “El primero son las designaciones políticas en los cargos ejecutivos de la gestión. Los ejecutivos cederán muy fácil ante presiones políticas y no se regirán por criterios empresariales o de rentabilidad. El segundo problema es el conflicto de intereses. El Estado se convierte tanto es prestamista como en prestatario, ya que ;os aportes están invertidos en la deuda del mismo Estado”, indico. Finalmente expresó su preocupación por que los aportes de pensión sean invertidos en empresas estatales deficitarias ademas. “¿Está segura tu jubilación en empresas estatales tales como Karachipampa (empresa metalúrgica estatal)? Te sientes seguro que el trabajo de toda tu vida están yendo a empresas de este tipo?”, concluyó Balderas Encinas.

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