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EnglishEs una guerra que no parece tener fin. Durante la última semana los integrantes de las dos maras más sanguinarias de El Salvador (Barrio 18 y Mara Salvatrucha) pusieron en jaque a las autoridades del Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén mediante un llamado a paro de transporte que ya cobró la vida de nueve transportistas y dejó más de una decena de heridos en el Área Metropolitana de San Salvador.
Después de cuatro días de tensión en la ciudad, las autoridades decidieron militarizar el servicio de transporte público, para que las unidades pudieran salir a trasladar a las personas hasta sus lugares de trabajo o estudio.
La idea era que los funcionarios policiales y militares abordaran las unidades para garantizar que tanto los transportistas como los pasajeros pudieran salir a la calle tranquilamente y evitar nuevos ataques de los pandilleros.
Durante la jornada de este viernes, el servicio se restableció 90%, según reportaron los transportistas a los medios de comunicación local. Nelson García, viceministro de Transporte advirtió que solo la ruta 16 y la 100 no se habían restablecido.
No acaba aquí
El origen de esta nueva etapa de conflicto fue la negativa del Gobierno a atender el llamado a diálogo hecho por parte de los pandilleros, que a finales de junio enviaron una carta, desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Al no obtener respuesta, los integrantes de las maras hicieron el llamado a paro, que se inició el pasado lunes y que mantuvo paralizado el servicio de transporte de 14 municipios.
“Esta es una nueva etapa en la escalada de confrontación entre el Gobierno y los pandilleros, que se ha agravado durante el último semestre. Por un lado, está la negativa del Gobierno de dialogar con los pandilleros, y por el otro la promesa de venganza de estos grupos ante una ola de asesinatos de sus miembros, en lo que parece haber sido una ola de ajusticiamientos extrajudiciales por parte de las autoridades”, explicó a PanAmPost la doctora Jeanette Aguilar, directora e investigadora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
La experta advirtió que desde el Gobierno no se le había dado importancia a la carta enviada por los líderes de las pandillas desde la cárcel, y que el asesinato de los nueve transportistas era la consecuencia. «Desde la postura del Gobierno, el mismo presidente ha condenado severamente estos hechos. No se puede negociar ni ceder ante presiones de estos grupos delictivos y no habrá proceso de negociación. Lo que hay son operativos policiales y militares para tratar de mantener el orden en el país», señaló Aguilar, a través de una llamada telefónica.
Desde la misma noche del miércoles las autoridades del Gobierno salvadoreño habían anunciado que tenía listo el Ejército para sacarlo a las calles de San Salvador a combatir a las pandillas, si persistía la situación de amenaza contra los transportistas y los ciudadanos.
El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, explicó que «todo está preparado» por orden del presidente, Salvador Sánchez Cerén, quien pidió aumentar el patrullaje militar en el departamento del Gran San Salvador para acompañar a la Policía en las tareas de seguridad «hasta donde fuera necesario», reportó la agencia EFE.
«Tengo en reserva aproximadamente a 600 elementos (…), que si es necesario vamos a emplear», aseguró funcionario.
Aguilar indicó que la fuerza pública salvadoreña ha radicalizado también su actuación frente a los atentados cometidos por los pandilleros contra jueces, han matado a 40 policías y a cinco efectivos del ejército y han atacado a otros funcionarios penitenciarios. «Esta es una nueva escalada de confrontación entre las pandillas y el Gobierno donde se está aplicando el ojo por ojo, y que nos dejará ciegos y muertos a todos si no se detiene pronto», dijo Aguilar.
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