El Leitmotiv del proyecto de ley que busca reglamentar la carrera profesional del periodista y del reportero gráfico en Panamá, es supuestamente la necesidad de reivindicar los derechos económicos y sociales de los comunicadores locales, pero de retruque se cuela la posibilidad de que se implemente una restricción para los profesionales de la comunicación que sean extranjeros, quienes, en caso de aprobarse el texto legal, podrán ejercer su profesión en el país centroamericano solo por dos años.
El proyecto fue promovido por el diputado del partido Panameñista Juan Moya. Sin embargo, entre las reacciones adversas que generó la iniciativa, se cuenta precisamente la del Gobierno del presidente Juan Carlos Varela (también del partido Panameñista), pues el pasado lunes 3 agosto, desde el Ministerio de la Presidencia, el ministro Álvaro Alemán emitió un comunicado en el cual señaló que cualquier iniciativa orientada a regular libertades de información y expresión debe someterse a una cuidadosa revisión y debate de toda la sociedad.
“Nuestra posición como Gobierno es que cualquier ley sobre periodismo debe redundar en un fortalecimiento de las libertades que plantea proteger, en ningún caso debe restringirlas”, señaló Alemán a través del comunicado.
¿Dónde está el detalle?
El proyecto de ley de periodismo en Panamá consta de 22 artículos, pero es específicamente el número 5 el que ha generado la controversia, pues tiene varios elementos que constituyen una afrenta directa al ejercicio del periodismo por parte de foráneos, en un país que solo durante los últimos cinco años aprobó 17.981 permisos de residencias definitivas o permanentes a extranjeros, más 33.396 visas de inmigrantes, y permisos provisionales y temporales para residir en el territorio panameño.
De entrada, el artículo señala que: “El extranjero que desee ejercer en territorio nacional como Periodista, Reportero Gráfico, o en alguna posición dentro de un medio de comunicación, deberá contar con la acreditación profesional transitoria, otorgada por la Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP)”.
Hasta allí no parece haber ningún inconveniente, pues según lo que declaró el diputado Juan Moya a PanAmPost, la idea es, supuestamente, saber cuántos periodistas de otras nacionalidades ejercen en su país.
Sin embargo, más adelante el mismo artículo contemplado en el proyecto legal hace la advertencia clara de que esa acreditación, que otorgará la CTAP a discrecionalidad, “será válida por un año, con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año”. Después que se venza tal permiso, el extranjero simplemente no podrá volver a ejercer el periodismo en ese país, según lo señalado en el texto.
El periodista Luis Blanco, presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (Acopep), advirtió que el pronunciamiento del Gobierno panameño reconoció los riesgos que supondría para la libertad de expresión la aprobación del proyecto de ley promovido por Moya.
“Lamentamos que los gremios locales (Colegio de Periodistas de Panamá y el Sindicato Nacional de Periodistas) mantengan esa posición que respalda la iniciativa del diputado Moya. Muchos periodistas panameños entienden nuestro punto de vista, y entienden el enfoque que hemos manifestado. Nosotros apoyamos las reivindicaciones sociales y económicas para nuestros colegas, pero Panamá necesita una ley que sea un avance para el país, no un retroceso”, dijo Blanco a PanAmPost.
El proyecto de ley no solo limita al periodista extranjero a poder ejercer solo durante dos años en Panamá, sino que además, en el artículo 21 del texto sanciona una pena de entre dos y cinco años de prisión a todo aquel profesional que ejerza el periodismo de manera ilegal en el país, basándose en lo que dice el artículo 377 de su Código Penal.
“Hay una confusión de objetivos, que se quiere hacer ver que son por reivindicaciones salariales, pero en nombre de esa reivindicación para los periodistas locales, se han invocado principios de protección que son ofensivos, como categorizar a persona por su origen. Eso es muy lamentable. Poner en un texto todo en blanco y negro, con el uso de palabras como corresponsales y extranjeros nos tiene que llamar la atención, porque no sabemos cómo pueden terminar las cosas”, acotó Blanco.
Días atrás el presidente de la Acopep indicó que además el texto constituye una violación al artículo 37 de la Constitución panameña y atropella varios principios básicos sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, Moya indicó que más allá de la restricción para ejercer el periodismo para los extranjeros, lo importante para ellos es saber cuántos hay en el país. Al ser consultado directamente sobre la imposibilidad de ejercer para los periodistas extranjeros después de dos años, ambiguamente señaló: “Después que venza la prórroga que dará la CTAP se buscarán fórmulas para resolver la situación, pero después de los dos años. Las empresas podrían contratarlos de nuevo, pero lo importante es que deben afiliarse a la comisión”.
De momento el proyecto será sometido a un proceso de consulta, en el cual participarán los gremios, periodistas y dueños de medios de comunicación. Este martes se celebró la primera reunión en la que participaron representantes del Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Panamá, según lo informó a través de su cuenta de Twitter Filemón Medina, quien se desempeña como secretario general del sindicato.
Reunión de los gremios periodísticos con el sector empresarial en el CNP, reivindicando a los periodistas @FIP_AL pic.twitter.com/glK5Mmz4eU
— filemon medina (@fimera) agosto 4, 2015
Después de la consulta, el texto legal será asignado a la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional para que comience la primera etapa de su discusión. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo podría tomar este proceso.