English2.549 violaciones a la propiedad privada, 42.351 fiscalizaciones durante 2013 y 77.000 empresas cerradas en el último año son algunas de las cifras que explican el porqué Venezuela ocupa el 97.° puesto —el último— en el Índice Internacional sobre Derechos de Propiedad (IPRI), elaborado por la Alianza por los Derechos de Propiedad.
Este ranking mide cómo se encuentra este derecho en 131 países del mundo, siendo 97 de ellos los que se tienen datos completos. Para ello se evalúa el marco jurídico y político, los derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual de los países en estudio.
La escala del IPRI va de 0 (peor protección de la propiedad) a 10 (mejor protección). Para la edición 2014, Venezuela obtuvo la calificación de 3,2 por debajo de Nigeria, Burundi y Bangladesh. Otros países de la región como Paraguay y Honduras ocuparon los 89.° y 78.° puestos respectivamente. En contraste, Chile se posicionó en el puesto 24.° y Uruguay en el 36.°.
En la presentación del IPRI 2014 en la ciudad de Caracas este martes 28 de octubre, la asociación civil venezolana Cedice Libertad reunió a Lorenzo Montanari, director ejecutivo de la Alianza por los Derechos de Propiedad, al investigador Luis Alfonso Herrera y la socióloga Isabel Pereira, para analizar los resultados.
Montanari resaltó que el país petrolero avanzó en por lo menos un tema, el de igualdad de género. “Venezuela ocupa los primeros lugares en cuanto a protección de la mujer y sus derechos sociales”. También destacó el caso de Honduras, que gracias a las Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (ZEDE) ha buscado un nuevo modelo de desarrollo que permite garantizar una autonomía funcional y política, fortaleciendo así el derecho a la propiedad.
La fuerza militar como ejecutora
“Los controles de precios y de cambio, sumado a los ataques permanentes a la propiedad privada vía expropiaciones y estatizaciones afectan los derechos de propiedad de los ciudadanos”, indicó Luis Alfonso Herrera, investigador de Cedice Libertad.
Herrera agregó que la inclusión de los cuerpos militares para realizar las expropiaciones y ocupaciones, y no una autoridad civil, le da un matiz de amenaza permanente a los propietarios.
“Los derechos de propiedad son derechos humanos […] Las expropiaciones no han parado durante el Gobierno de Maduro”.
De acuerdo a Herrera para garantizar el derecho de propiedad en Venezuela se debe cambiar el régimen político socialista, reconocer el destructivo intervencionismo económico, generar políticas públicas de reconocimiento y consolidación de la propiedad, fortalecer el Estado de derecho y educar sobre la propiedad privada.
La visión sociológica: La propiedad incentiva la creatividad
Para la socióloga Isabel Pereira el ser propietario profundiza el apego o pertenencia cultural de los ciudadanos con su país. “¿Por qué nuestros jóvenes están emigrando? Porque no consiguen aquí oportunidades de realización personal”, precisó.
“En Venezuela hay 773.000 jóvenes inactivos que no emprenden ni buscan empleo, sino que aspiran a vivir de subsidios. ¿Cómo incentivarlos si no hay garantía de realización económica personal en el país? ¿Cómo incentivar a nuestra población joven en una Venezuela improductiva?”, cuestionó Pereira.
A juicio de la socióloga, la propiedad privada no sólo se ciñe a un tema económico de desarrollo de riqueza, sino que genera ciudadanía e incentiva los valores humanos.
“El reto de los venezolanos es asumir la defensa de su libertad y con ello el de los derechos de propiedad, o permitir la instalación del totalitarismo”, sentenció.