EnglishPor Félix Javier Puga
Panamá es un país muy particular. En los sufragios electorales, no solo no elegimos a la izquierda populista sino que hicimos desaparecer su partido. Cuando el Primer Mundo debate si para combatir la recesión debe imprimir más dinero, nosotros, sin tener banco central, nos preocupamos porque solo creceremos al 6%.
A veces hacer las cosas al revés tiene sus beneficios. Es por esto que no es sorpresa que, mientras varias legislaciones a nivel mundial están tratando de asfixiar a Uber por ofrecer un servicio más económico al transporte selectivo, en Panamá el tema ni siquiera es de conocimiento popular, al ser un servicio con mayor precio, y cuya clientela común son personas que previamente no usaban taxis.
Para los que no lo conocen, Uber es una compañía que, a través de una aplicación gratuita disponible para teléfonos inteligentes y tabletas con iOS (IPhone) y Android, proporciona a sus clientes una red de transporte, conectando pasajeros con conductores de vehículos registrados en su servicio.
El cliente podrá visualizar vehículos disponibles cerca de su área y seleccionar el que se encuentra más cercano. Aparecerá en su pantalla el nombre y rostro del conductor. junto al modelo de su auto. El vehículo se dirigirá al lugar donde esté el usuario y lo llevará a su destino. La transacción se cancela a través de una tarjeta de crédito que ya se habrá registrado en Uber previamente, con lo cual no hay intercambio de dinero entre el usuario y conductor.
En el mundo de la empresa privada, los malos servicios simplemente desaparecen.
Al final del viaje, se le pide al cliente que califique al conductor a través del teléfono. Esto le brinda a los conductores un incentivo enorme para manejar de manera ordenada y a una velocidad correcta. Por esta razón, la experiencia Uber dista mucho de la aventura desagradable a la que diariamente miles de panameños se ven forzados cuando utilizan taxis amarillos.
Al ser indiscutible la superioridad de Uber frente al desastroso sistema de transporte panameño, queda en evidencia que todo llamado a regulación será otro ejemplo de la constante batalla entre la falta de escrúpulos de los políticos y los mejores intereses de nosotros, los usuarios.
No es secreto que el servicio de transporte en este país está diseñado para beneficiar a unos pocos. Para proveer dicho servicio en Panamá utilizamos un servicio de cupos en el cual la Autoridad de Tránsito decide quién puede o no ser transportista, independientemente de que cumpla con requisitos que aparentemente se adaptan al paladar de la administración corriente.
Esto no es un accidente, como tampoco lo es que muchos diputados y exdiputados sean dueños de piqueras y accionistas de las compañías de transporte registradas. De esta manera, permitimos que los políticos elijan quién puede ejercer el transporte, y al hacer esto, también imponen las condiciones para brindarlo. Las rutas, sectores y tarifas han sido predeterminadas por individuos con gran influencia política, que aplastan la aparición de una competencia sana y en beneficio al usuario.
Terminamos entonces con taxis que no recogen pasajeros, que incluyen a otros pasajeros en su viaje, que manejan de manera desordenada al no cobrar un salario fijo, y a quienes constantemente vemos involucrados en actividades criminales. Esto es el transporte regulado en Panamá.
Todo este predicamento surge de tener un concepto errado del transporte como un derecho y no como un servicio. De no ser así, entenderíamos que al brindar un servicio la prioridad son los intereses del cliente y no los de los trabajadores y administradores del servicio.
Para ilustrarnos, hagamos una comparación. El transporte público y un gimnasio tienen algo en común. Ambos proveen un servicio y ambos cumplen con una regulación para poder ejercer.
Como en un gimnasio tienen claro que la prioridad es el cliente, estarán enfocados en su beneficio. Para asistir a un gimnasio simplemente te presentas y solicitas los requisitos para obtener dicho servicio. Se te pedirá una cantidad de dinero regular y luego se te dirá un corto listado de requerimientos que debes cumplir para estar en el gimnasio, como llevar una toalla, no escupir en el suelo y no mirar fijamente el tórax de la entrenadora personal por más de cinco segundos (tres segundos es el tiempo mundialmente aceptado).
Si el gimnasio funcionara con la dinámica del transporte regulado, al presentarte se te haría llenar un formulario con tres juegos de copias debidamente autenticados en una notaría. Luego pagarías un monto que no garantiza que puedas ingresar (a pesar de cumplir los requisitos legales), si además no pagas cierta cantidad de manera clandestina a Thompson, entrenador de crossfit (a pesar de que no practicarás crossfit) y a Yaritxenia, la coordinadora de caminatas grupales (actividad que tampoco practicarás, porque tienes respeto propio). Luego se te informa que solo puedes utilizar el gimnasio de 3:00 a 6:00 p,m,. y debes llevar un uniforme totalmente fucsia según las exigencias de Abdul, el coordinador de piso.
Intentas comenzar a entrenar el martes pero Abdul te comunica que ese día no puedes entrenar piernas. Te recomienda que comiences con tus trapecios pero que lo hagas después de las 6:00 pm. pues le comunicaron que tu horario ya le ha sido asignado a Peter Vallarino (que en realidad solo se llama Pedro), el sobrino del viceministro de Crecimiento Social.
En fin, cuando por fin comience la discusión sobre regularizar servicios como Uber, tratemos de recordar esto; En el mundo de la empresa privada, los malos servicios simplemente desaparecen. Toda preocupación del usuario es además la principal preocupación del que ofrece el servicio pues es precisamente su negocio. Si una compañía competidora ve deficiencias, como la identificación de los conductores, la utilizarán para procurarse más clientes y probablemente Uber responda haciendo lo mismo. La autorregulación no es un mito y aparece de la compatibilidad entre intereses del usuario y el proveedor.
Por último, recordemos los catastróficos resultados que ha traído la regulación del transporte en Panamá. ¿Es sensato brindarle esta potestad a grupos políticos que han mostrado su incompetencia administrativa? Es evidente quién no debe regular el transporte.
Félix Javier Puga, es abogado panameño con especialización en Derecho Bancario y también se desempeña como realizador audiovisual. Escribe para El Canal desde Ciudad de Panamá.
Editado por Elisa Vásquez.