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Québec quiere asfixiar a Airbnb con impuestos y regulaciones

By: Yaël Ossowski - @YaelOss - Ago 20, 2014, 12:20 pm
Despite being popular with travelers and hosts alike, the government of Quebec is doing everything it can to stop AirBnb.
A pesar de ser popular entre viajeros y anfitriones, el Gobierno de Québec está haciendo todo lo posible para detener a Airbnb. (PanAm Post)

EnglishDurante una reciente visita a Montreal decidí probar el servicio Airbnb, que ahora ya se ha convertido en un ritual en todos mis viajes internacionales.

Los utilicé en más de una decena de países en Europa, muchas ciudades de Norte América, e incluso en Australia y Nueva Zelanda.

Airbnb reúne a individuos que tienen un espacio libre en sus departamentos con turistas que necesitan un lugar para quedarse –casi como cuando un amigo o un conocido te ofrece su habitación por una pequeña tarifa. Es un mercado pequeño y voluntario que le permite a las personas utilizar la infraestructura de pagos de Airbnb, según sus términos y condiciones para el manejo de controversias.

Utilizarlo me permitió experimentar la ciudad a través de los ojos de un residente, sin la necesidad de acudir a aburridos cuartos de hotel con costos exorbitantes.

Hay perfiles personalizados y rankings mantenidos por los usuarios del servicio que brindan una buena cantidad de información tanto para los que buscan alquilar como para los anfitriones. Es exitoso y revolucionario; prospera sin ninguna intervención directa del Gobierno, y eso molesta a muchas personas.

Más específicamente, me refiero a la industria hotelera y a los burócratas de los Gobiernos locales que nunca han considerado que no valga la pena cobrar impuesto a alguna actividad.

En la provincia canadiense de Québec, el Ministerio de Turismo desalentó a los turistas a buscar el hospedaje “sin licencia” ofrecido por propietarios e inquilinos de departamentos. Ha ordenado que cualquier persona que ofrezca alojamiento a los turistas sin un permiso podría enfrentar multas de hasta CAN$2.250 (US$2.050), citando una ley dirigida a los hospedajes para turistas.

The Committee on Illegal Accommodation in Quebec held its first meeting in Jan. 2014 and plans to release a report with its recommendations for taxation and regulation.
El Comité sobre el Alojamiento Ilegal se reunió por primera vez en enero de 2014 y planea publicar un informe con recomendaciones de regulaciones e impuestos.  (CITQ)

En un boletín reciente a sus miembros, la Corporación de la Industria del Turismo lanzó su “batalla contra el hospedaje ilegal”. Promocionaron su éxito al anunciar el logro de que el expartido gobernante Partí Québecois formara una comisión especial sobre el tema, cuyo informe sobre su investigación se espera para los próximos meses.

Los dueños de departamentos han acudido a los medios para expresar su sorpresa cuando encontraron que sus inquilinos utilizaban el servicio para subalquilar habitaciones a viajeros de corto plazo, e hicieron un llamamiento al Gobierno para poner un punto final a esto.

“Todas las operaciones de Airbnb, como los hoteles y B&B, deberían ser responsables para recaudar y remitir los impuestos hoteleros a los gobiernos”, dice la editorial principal del Montreal Gazette en un artículo publicado la última semana.

“Solo porque las innovaciones que revolucionan el comercio establecido son populares, a la moda, y convenientes para los consumidores, no quiere decir que deban dejar de lado sus responsabilidades fiscales”.

El problema con esta evaluación es que los anfitriones de Airbnb no son dueños de hoteles. No existen únicamente para obtener un beneficio. Los anfitriones acuerdan compartir su propio departamento solo con gente específica que ha pasado a través de un proceso de registro. A cambio de abrir sus casas, los viajeros le pagan a sus anfitriones a través de Airbnb. Los impuestos a la propiedad sobre las viviendas de departamentos siguen siendo recaudados por la ciudad y la provincia, y todos se benefician.

La hostilidad contra el servicio de alojamiento de Airbnb pone en riesgo al turismo y deja un mal precedente para la comunidad de emprendedores tecnológicos locales que esperan seguir innovando. Si el Gobierno prohíbe Airbnb y servicios similares que existen ahora, forzará a anfitriones y a viajeros a recurrir al mercado negro, algo que nadie quiere.

Más que discutir sobre cómo cada nueva idea le debe una tajada al Gobierno, los críticos de Airbnb y servicios similares deberían analizar los beneficios a largo plazo comparados con el costo de permitir al sitio operar.

Junto a Uber, un servicio para compartir autos que enfrenta la misma presión de los reguladores alrededor del mundo, Airbnb ha creado una infraestructura completamente privada que empodera a los inquilinos y anfitriones a intercambiar, bajo sus propias condiciones, estadías cortas a cambio de un pago.

Si eso es de por sí ilegal, entonces se afirma que todos los intercambios voluntarios entre dos personas deben estar sujetos a impuestos gubernamentales. Esto a pesar de que los dueños de las propiedades ya pagan impuestos sobre sus bienes y la mayoría de ellos les transfiere dicho costo a los inquilinos.

Sí, la gente gana dinero con esto. Pero también vive ahí y tienen la posibilidad de interactuar con viajeros de todas partes del mundo que nada más quieren explorar las ciudades como un local. Los anfitriones aceptan compartir los espacios personales más sagrados con gente a la que pueden confiar gracias al servicio que los pone en contacto.

La campaña contra Airbnb quiere trasladar nuestra capacidad de celebrar contratos privados al Gobierno. Si eso es lo que ocurre en Québec, se chocará de frente con la encomiable economía entre iguales o peer-to-peer, al mismo tiempo que los comercios tendrán un incentivo limitado para crecer, y ningún incentivo para innovar.

Por el contrario, Québec debe sentirse halagada. Los turistas están utilizando nuevas maneras de explorar la provincia y sus residentes les están ofreciendo excelentes oportunidades para vivir, comprar y gastar dinero como hacen los locales. ¿No debería permitirse que esto continuara?

Traducido por Adam Dubove.

Yaël Ossowski Yaël Ossowski

Yaël Ossowski es periodista, activista en Young Voices y presentador de Liberty In Exile en LRN.fm. Nació en Quebec, creció en Estados Unidos y actualmente vive en Viena, Austria. Síguelo en @YaelOss, y en su sitio web Yael.ca. Puedes leer su columna destacada en PanAm Post, "Cuestionando la narrativa".

Nicaragua acusa a Costa Rica y Colombia de querer apodarse del Canal Interoceánico

By: Staff de PanAm Post - Ago 20, 2014, 12:05 pm
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EnglishEl embajador de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Carlos Argüello, declaró el pasado lunes que las pretensiones tanto de Colombia como de Costa Rica en sus respectivos litigios ante La Haya, no es otra que la de lucrarse con cualquier posibilidad que ofrezca el canal interoceánico que apenas está en proyectos. "Las pretensiones de Colombia y Costa Rica tienen un mismo origen y es el deseo tanto de Colombia como de Costa Rica de adueñarse de cualquier posibilidad de un canal por Nicaragua, eso fue el origen de todo esto", declaró Argüello. La preocupación de Nicaragua es que la construcción del Canal Interoceánico, que en teoría iniciará a finales de este año y finalizará en el 2019 —según los planes presentados por la constructora china encargada del proyecto—, se vería obstaculizada por los litigios que el Gobierno de Daniel Ortega tiene en la Corte Internacional de la La Haya con ambos países. En el caso legal con Colombia, Argüello señaló que se pretende "cercenar a Nicaragua miles de kilómetros cuadrados de la plataforma marítima en el Caribe, los cuales van a tener una valor enorme para las próximas generaciones y un capital muy importante que les ha sido negado durante décadas”. Argüello afirmó que a más tardar en noviembre la CIJ podría emitir un fallo definitivo sobre la delimitación de la frontera marítima con Colombia. Por su parte el presidente Juan Manuel Santos anunció que Colombia presentó ante La Haya una demanda luego que el gobierno de Daniel Ortega buscara ampliar la frontera hasta la plataforma marítima de Cartagena. Para Santos, la demanda que Nicaragua interpuso el pasado 16 de septiembre de 2013 en miras de reclamar una plataforma continental extendida es inadmisible. Costa Rica también busca delimitar la frontera marítima con Nicaragua, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Ambos países comenzaron a negociar el límite desde 2002, cuando Nicaragua publicó mapas de concesiones petroleras en aguas reclamadas por Costa Rica. A la vez, tienen un litigio pendiente en La Haya, relacionado con una carretera construida por los costarricenses, paralela al río fronterizo de San Juan y que, según los nicaragüenses, ha causado daños al medio ambiente. Fuentes: Caracol, El País Colombia, BBC Mundo.

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