El Gobierno Nacional detuvo, el pasado lunes 13, el improvisado racionamiento eléctrico que venía aplicando desde abril, luego de una reciente y mínima recuperación de un vital embalse que genera gran parte de la energía del país.
A partir de este lunes y hasta el viernes 24 de junio, el horario especial laboral en las instituciones públicas de Venezuela será desde de las 8:00 de la mañana, hasta la 1:00 de la tarde, hora local, según la Gaceta Oficial 40.923, de fecha 10 de junio de 2016, publicada en el Decreto número 2.352 por la Presidencia del país.
En el marco del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el artículo 1° del mencionado decreto destaca que “se considerarán sectores y servicios de carácter esencial exceptuados de su aplicación; obligándose a garantizar la prestación de servicios públicos de alimentación, salud, banca, finanzas, telecomunicaciones, entre otros”.
La aplicación del decreto se exceptúa para el personal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el del Instituto Nacional de Estadística (INE), el del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y el de la banca pública, tal y como establece el artículo 3.
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Este nuevo horario, que entró en vigor el lunes, se mantendrá hasta el viernes 24 de junio y la nueva jornada se podrá prorrogar si así lo acuerda el gobierno.
Según el Ministro de Energías Eléctricas y también presidente de la Corporación Eléctrica (Corpoelec), Luis Motta Dominguez, el motivo por el que se restablece el horario de lunes a viernes es la recuperación del embalse del Guri, siendo éste el principal embalse generador de energía de Venezuela. Igualmente, se restablece el viernes escolar y se suspende el plan de administración de carga los días sábados y domingos.
No obstante, los venezolanos afirman que esta normalización temporal del horario laboral no es casual, pues coincide con los días pautados para la verificación de las firmas para el referendo revocatorio. Aseguran, también, que se trata de un obstáculo más para que los trabajadores de las instituciones públicas que plasmaron sus rúbricas no puedan acudir a certificar su apoyo al revocatorio
Fuente: El Universo