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EnglishLa prognosis de la regulación del mercado de la marihuana en Uruguay es incierta. Las elecciones presidenciales de octubre ponen en peligro una iniciativa que desde su concepción traía consigo un pecado original. El excesivo intervencionismo, los altos niveles de rechazo entre la población, y los tiempos electorales preanunciaban las posibilidades de fracaso del nuevo enfoque del Gobierno uruguayo hacia la controversial planta.
Cuando en diciembre de 2013 el Senado uruguayo aprobó la propuesta del presidente José “Pepe” Mujica, lo hizo contra viento y marea. Tanto los partidos de la oposición, como algunos partidarios del oficialista Frente Amplio (FA), junto a una gran mayoría de uruguayos se mostraban descontentos con el proyecto.
Un sondeo de la encuestadora Equipos Consultores señalaba semanas antes de la aprobación de la ley que dos de cada tres uruguayos rechazaba la nueva regulación. Seis meses más tarde, según un estudio de la Universidad de Vanderbilt, el nivel de rechazo alcanzaba casi un 60%. El amperímetro apenas se movió.
A menos de un mes para las elecciones presidenciales en Uruguay, los candidatos opositores de los principales partidos —el Partido Nacional y el Partido Colorado— manifestaron su voluntad para derogar la ley. Como si esto fuera poco, incluso la continuidad del FA en el Ejecutivo pone en jaque los objetivos originales de la regulación de la marihuana.
En la última semana el expresidente y nuevamente candidato Tabaré Vázquez aseguró que utilizará la nueva legislación para “rehabilitar” a los consumidores de marihuana.
“Va a haber un registro de consumidores de drogas y ese registro… va a permitir tener un mayor conocimiento de quienes están en el tema de las drogas y va a tener el Estado la posibilidad de intentar en una etapa más temprana lograr la rehabilitación de esta persona”, dijo Vázquez. El expresidente reemplazará la persecución y la cárcel por la persecución y la hospitalización coactiva, y continuará violando derechos individuales.
La ley 19.172 está luchando por su supervivencia. Pero su potencial fracaso no sería una sorpresa; una herramienta conocida como la Ventana de Overton nos sugiere que la implementación de la ley tiene altas probabilidades de fracasar.
La ventana de lo políticamente aceptable
La Ventana de Overton nos sirve para comprender por qué a diferencia de la legalización de la marihuana para fines recreativos en los Estados de Colorado y Washington, y para fines medicinales en otros 21 Estados de EE.UU. tienen posibilidades de tener éxito, el caso uruguayo tendrá otro rumbo.
Los altos márgenes de rechazo de la sociedad uruguaya a la nueva política de drogas dejaban en evidencia que la legalización de la marihuana, incluso con una fuerte regulación estatal, no estaba dentro del rango de alternativas políticamente aceptables en Uruguay.
Joseph Overton (1960-2003), quien fuera vicepresidente senior del Centro Mackinak para Políticas Públicas en Midland, Michigan, esbozó una teoría de cambio político. Consideró que de un conjunto de políticas acerca de un tema determinado, solo algunas se encuentran en la “ventana” de lo políticamente aceptable. Es decir, aquellas propuestas que los políticos podrían defender sin poner en riesgo sus posibilidades electorales. Esta ventana sin embargo no es estática y lo políticamente vendible se mueve de acuerdo al cambio cultural de una sociedad.
Por ejemplo, en el caso uruguayo y la legalización del cannabis, iniciativas como “Fin a la prohibición” de Estudiantes por la Libertad, los informes de la Comisión Global sobre Política de Drogas, y las tarea de diversas agrupaciones académicas y de activismo político contribuyen a mover la ventana.
Ya los altos márgenes de rechazo de la sociedad uruguaya a la nueva política de drogas dejaban en evidencia que la legalización de la marihuana, incluso con una fuerte regulación estatal, no estaba dentro del rango de alternativas políticamente aceptables en Uruguay.
El expresidente uruguayo Jorge Batlle (2000-2005) lo pudo percibir: A pesar de que luego de dejar la presidencia afirmó que “hay que legalizar todas las drogas”, durante el quinquenio al mando del Ejecutivo no hizo reformas en ese sentido.
Por su parte, el candidato a presidente por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou sostuvo que no va a derogar el artículo que autoriza el cultivo personal de cannabis. Quizás una medida insignificante en materia de impacto sobre el crimen organizado y los efectos negativos de la prohibición, pero probablemente un paso necesario que debe transitar el país para llegar a una política realista sobre drogas.
El éxito de la acción popular en EE.UU.
Una prueba del funcionamiento de la venta de Overton es cómo se reformó la criminalización del cannabis en Estados Unidos.
Los estadounidenses han promovido directamente la adopción de leyes menos nocivas —no fue una movida política de un partido gobernante como en Uruguay.
Allí 14 Estados han despenalizado la posesión de marihuana, y más de 20 otros han adoptado legislaciones que autorizan el uso de marihuana medicinal, y en dos estados la marihuana está totalmente legalizada. En Florida, Oregon, Alaska, Washington D.C. y California, el próximo 4 de noviembre los ciudadanos podrán votar en consultar populares para legalizar la marihuana o para reformar las leyes hacia el camino de la legalización.
A través de estos referendos, los ciudadanos ni siquiera han debido esperar a que se produzca un cambio político motivado por un cambio en las actitudes sociales. Los estadounidenses han promovido directamente la adopción de leyes menos nocivas —no fue una movida política de un partido gobernante como en Uruguay.
Nada nuevo por aquí
El enfoque prohibicionista sobre las drogas no ha funcionado. Lo que hoy afirman prominentes líderes mundiales como una novedad, ha sido manifestado una y otra vez por exponentes del liberalismo desde el siglo XIX.
“Los vicios no son delitos”, ya en 1875 sostenía el abogado y emprendedor libertario estadounidense Lysander Spooner. Desde su creación 1972, el Partido Libertario de Estados Unidos propuso en su plataforma la derogación los “delitos sin víctimas”, entre los que incluía el uso de drogas. Liberales tan diversos como Murray Rothbard o Milton Friedman han coincidido en la agresión contra los derechos individuales que representa el prohibicionismo.
Lo que hoy afirman prominentes líderes mundiales como una novedad, ha sido manifestado una y otra vez por exponentes del liberalismo desde el siglo XIX.
Cada día que continuamos viviendo bajo una legislación que genera muertes innecesarias, que promueve el crimen organizado y que destruye sociedades enteras, es un día que más que se sumará a la cuenta de esta etapa oscura de la historia: la prohibición que comenzó en los albores del siglo pasado.
Sin embargo, desarmar el andamiaje legislativo que persigue y castiga a usuarios y vendedores de drogas no es tarea fácil. En los sistemas democráticos, en los cuales la decisión mayoritaria es la que vale, y donde los políticos sedientos de poder buscan complacer a las mayorías sin consideración por los derechos individuales, la aceptación por parte del público en general es una condición indispensable para que una determinada ley tenga éxito.
Comprender las mecánicas de cambio político nos permitirá adoptar estratégicas y caminos para promover políticas que amplíen el rango de libertad de los individuos. No se trata de desistir de las situaciones ideales y renunciar a vivir en un mundo justo, solamente es necesario adecuarse a las circunstancias. Con algo de perseverancia, el cambio llegará.
