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Argentina: Guerra abierta entre el Ejecutivo y el Judicial

Por: Adam Dubove - @dubdam - Dic 4, 2014, 4:33 pm

EnglishDesde hace semanas, el Gobierno argentino lanzó una guerra abierta contra la Justicia de ese país. “Hay un golpismo activo del poder judicial”, reclamó el jefe de Gabinete Jorge Capitanich. A medida que se acerca el final del mandato de Cristina Kirchner, se multiplican los frentes de batalla para el Gobierno —y la desesperación oficial arrecia.

Tras 10 años de pasividad, los jueces y fiscales argentinos decidieron impulsar causas contra los funcionarios de un Gobierno plagado de sospechas de corrupción. El síndrome de pato rengo animó a los magistrados a introducirse en los esquemas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que dominaron la era kirchnerista.

La presidente Cristina Kirchner encabeza una batalla contra el Poder Judicial para evitar afrontar las consecuencias por la corrupción que caracterizó a su Gobierno
La presidente Cristina Kirchner emprende una batalla contra el poder judicial para evitar afrontar las consecuencias de la corrupción durante su Gobierno. (Ministerio de Cultura de Argentina)

Una denuncia acerca de una empresa de la presidente Kirchner disparó esta nueva etapa del conflicto de poderes que ya lleva más de un año y medio. La diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer, denunció en noviembre irregularidades en la documentación de Hotesur S.A., una sociedad que administra el hotel Alto Calafate.

Si bien la denuncia de Stolbizer apunta a una simple falta administrativa —la sociedad no presentó los balances de los últimos tres años ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la autoridad contralora de las sociedades comerciales— una investigación periodística sugiere que el hotel podría haber sido utilizado para lavar dinero proveniente de actos de corrupción. Así reportaba el PanAm Post en noviembre:

Según las investigaciones, [Lázaro] Báez le alquiló a Hotesur casi 1.000 habitaciones por mes a las empresas de la presidente durante 2010 y 2011. El empleado bancario devenido en poderoso empresario desde la asunción del matrimonio Kirchner al poder, pagó AR$10 millones (alrededor de US$2,5 millones de 2010) por el alquiler de 935 habitaciones por mes durante dos años, independientemente si estaban ocupadas o no, o si era temporada alta o baja; una maniobra que el juez sospecha que podría haber sido utilizada para lavar dinero proveniente de actos de corrupción.

Kirchneristas contraatacan

Luis D’elía, un activista y exfuncionario del Gobierno del fallecido Néstor Kirchner, sugirió clavar “simbólicamente” la cabeza de Claudio Bonadío, el juez a cargo de la investigación de las irregularidades en la empresa presidencial, frente a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

La operación para deslegitimar al juez y su investigación ascendió hasta las jerarquías más altas. Sergio Urribari, gobernador de la Provincia de Entre Ríos y precandiato a la presidencia, describió a la causa iniciada contra Hotesur como “un apriete liso y llano”, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Dominguez, acusó al magistrado de querer “dañar la investidura” presidencial. La jefa del bloque kirchnerista en esa cámara, Juliana Di Tullio, vinculó al juez federal con el candidato presidencial opositor Sergio Massa y el diputado Edgardo Depetri habló de una “una operación infame y mentirosa para ensuciar la figura de Cristina Kirchner”.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Ricardo Recondo describió la situación con exactitud: “El juez que investiga es perseguido; el juez que tapa es premiado”. Para Recondo, “el país y la democracia están en grave riesgo” porque “hay muchas actividades antidemocráticas por parte de este Gobierno” y advirtió que “usando la democracia quieren destruir la democracia”.

De los dichos a los hechos

La cadena de acontecimientos posteriores a las críticas contra el juez Bonadío ilustran el estado de la languideciente república. Este martes 2 de diciembre, el Consejo de la Magistratura —el organismo encargado de proponer jueces y controlarlos— decidió sancionar al juez Bonadío con un descuento del 30% de su sueldo. ¿Los motivos? Desde el Consejo argumentan que el juez federal incurrió en demoras en dos causas que residen en su juzgado (que no tienen vinculación con las investigaciones contra la presidente Kirchner). Un argumento inverosímil en un contexto donde la saturación del Poder Judicial pone en jaque hasta la estabilidad de los edificios donde trabajan los jueces.

No obstante, Julián Alvarez, viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo ante el Consejo, había sugerido suspender al juez y juzgarlo por “mal desempeño”, iniciativa que no prosperó. Alvarez pretendía aplicarle al juez el mismo escarmiento que recibió el fiscal José María Campagnoli, quien también osó investigar al contratista y socio de la presidente, Lázaro Baéz. El Gobierno finalmente cedió y el fiscal fue restituido a su cargo.

Stolbizer, por su parte, fue objeto de una denuncia de enriquecimiento ílicito, el mismo delito por el que estaban siendo investigados Cristina Kirchner y su difunto esposo. A pesar de que el patrimonio de la pareja presidencial aumentó un 3.540% durante los 11 años de Gobierno, el juez federal Norberto Oyarbide los absolvió.

El cuestionado juez Oyarbide —quien acumula 47 denuncias en el Consejo de la Magistratura— es un emblema del poder judicial en tiempos del kirchnerismo. Los “sorteos” de las causas de más alto perfil que involucraban a funcionarios y acusaciones de corrupción recaían en su juzgado y el modus operandi era casi calcado en todas ellas: los funcionarios acusados fueron beneficiados, o en su defecto, las causas se archivaron.

Silvina Martínez, exfuncionaria de la IGJ y testigo en la causa Hotesur, también fue hostigada. Una diputada oficialista la denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público y falso testimonio:

Hacia el blindaje judicial

Kirchner sabía que el despertar del poder judicial podía perjudicarla. Para eso, en 2013 impulsó una reforma que hubiese ampliado las posibilidades de controlar a los jueces si no fuera porque la Corte Surpema dictó su inconstitucionalidad.

En 2012, el vicepresidente Amado Boudou, complicado judicialmente por adquirir de manera irregular la empresa responsable de la impresión de los pesos argentinos, denunció al entonces procurador general Esteban Righi por presunto tráfico de influencias. La maniobra tuvo éxito. Luego de la acusación, el procurador renunció y la causa que se inició en su contra terminó desestimada —aunque ello no evitó que el vicepresidente fuera procesado, no solo una sino dos veces por diferentes causas.

Que la presidente termine en prisión por las causas en las que se la investiga sería una rareza. El fin de un ciclo presidencial viene, generalmente, acompañado de un pacto de inmunidad con la siguiente gestión. Paralizar las causas judiciales a cambio de apoyos y garantías de sedar una feroz oposición contra el Gobierno venidero.

Pero en caso de que todo falle, ya hay un plan B en marcha: Cristina Kirchner se postularía para integrar el Parlasur y con ello conseguir fueros que le garanticen la inmunidad judicial.

Adam Dubove Adam Dubove

Adam Dubove es Director de Traducciones en el PanAm Post y conductor del programa radial Los Violinistas del Titanic. Síguelo en Twitter, @dubdam, y en su blog, Diario de un Drapetómano.