English La Corte Suprema de Canadá revocó una prohibición de 21 años sobre el suicidio asistido. En su lugar, los jueces han ordenado al Parlamento nacional promulgar una ley que permita a los pacientes con enfermedades terminales un mayor control sobre la forma en que eligen morir.

En una decisión unánime, el tribunal decidió, el viernes 6 de febrero, que la prohibición infringía disposiciones clave de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades que protegen «el derecho a la vida, la libertad y a la seguridad». Para permitir al Parlamento redactar la legislación apropiada el próximo año, los jueces han suspendido por 12 meses el efecto de su decisión.

«Para los canadienses con enfermedades graves o incurables, los valientes que trabajaron codo a codo con nosotros durante tantos años en este caso —esta decisión significará todo para ellos», dijo Grace Pastine, directora de litigios de la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica.

La decisión, que revoca la prohibición establecida en el Código Penal de Canadá, establece las condiciones específicas en las que el suicidio asistido se debe permitir: «muerte con asistencia médica para una persona adulta competente que (1) claramente otorga su consentimiento a la terminación de su vida y (2) tiene una condición médica grave e irremediable (incluyendo una enfermedad o discapacidad) que causa sufrimiento duradero que es intolerable para el individuo en las circunstancias de su condición».

El tribunal dejó claro en su sentencia  —la cual no fue firmada por ningún juez, lo que muestra un fuerte consenso— que la prohibición del suicidio asistido negaba a las personas «el derecho a tomar decisiones en cuanto a su integridad corporal y su asistencia médica y, por tanto, socavaba en su libertad».

El fallo histórico marca la revocación del antecedente de Sue Rodríguez, de 1993, cuando el tribunal declaró que las personas vulnerables no podían ser adecuadamente protegidas con el suicidio asistido por un médico. En ese momento, el tribunal citó las prohibiciones sobre el suicidio asistido como «la norma entre las democracias occidentales», pero ahora dice que el panorama legislativo en el mundo ha cambiado desde entonces. En este punto, el suicidio asistido es legal en varios países, entre ellos en Colombia, Bélgica y los Países Bajos, así como en varios estados de Estados Unidos.

Buscando el derecho a morir

Dos mujeres de Columbia Británica, Kay Carter y Gloria Taylor, impulsaron el caso histórico, que fue patrocinado por la Asociación de Libertades Civiles de B.C.. Ambas mujeres sufrieron de condiciones debilitantes que les impedían llevar a cabo sus actividades diarias.

Según afirma el texto de la sentencia, Taylor dijo que ella «no quiere morir lentamente, parte por parte» o «atormentada por el dolor», mientras que Carter «informó a su familia que no quería vivir su vida como una ‘tabla de planchar, acostada en su cama'».

La hija de Carter, Lee Carter, describió al fallo como «una gran victoria para los canadienses y un legado para Kay.»

Ambas mujeres murieron antes de la sentencia. Taylor, que sufría de la enfermedad de Lou Gehrig (esclerosis lateral amiotrófica), murió a causa de una infección. Carter tenía 89 años y padecía de una condición que «resulta en la compresión progresiva de la médula espinal». Ella viajó a Suiza, acompañada por su familia, donde se permite el suicidio asistido por un médico.

No sin desacuerdos

Andrea Mrozek, directora ejecutivo del Instituto del Matrimonio y la Familia de Canadá (IMFC), no se hizo esperar en su reproche: «Obviamente es una ironía del más alto nivel que al parecer la Corte Suprema cree que necesitamos acceso a la muerte asistida con el fin de asegurar nuestro derecho a la vida. En cuanto al sufrimiento —tenemos todas las pruebas de que el sufrimiento puede ser aliviado al final de la vida con unos buenos cuidados paliativos».

El comunicado de prensa del IMFC afirma que la «ampliación de suicidio» estará acompañada por un desprendimiento de la adherencia a los estándares que existen en papel. Citan el caso de Bélgica, donde hasta el 32% de las muertes recientes «pasó sin petición expresa del paciente».

«Esto envía una fuerte señal a todos los canadienses», dice Mrozek, «de que ciertas vidas no son dignas de ser vividas. Es un precedente peligroso. Finalmente, dado que las garantías no han sido eficaces en otros países, no tenemos ninguna razón para creer que van a trabajar aquí».

Lea el debate ¿Debe permitirse la eutanasia y el suicidio asistido? sobre este tema, publicado luego de la muerte de Brittany Maynard.

Con la contribución de Fergus Hodgson.

Traducido por Rebeca Morla.