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Por qué Argentina libra una batalla contra el Citibank

Por: Adam Dubove - @dubdam - Abr 13, 2015, 4:17 pm

EnglishLa fecha clave era el 1 de enero de 2015. Ese día venció la famosa cláusula RUFO que según el Gobierno argentino le impedía negociar con los acreedores que se habían mantenido al margen de los procesos de 2005 y 2010 para reestructurar del default más grande de la historia: US$100 mil millones. Las especulaciones indicaban que en los primeros meses del 2015 el Gobierno de Cristina Kirchner iba a alcanzar un acuerdo con los llamados fondos buitre, resolvería el conflicto judicial que se ventila en Nueva York y recuperaría el acceso al mercado internacional de capitales, lo cual le permitiría hacerse de la tan necesitada moneda verde.

(Contacto y negocios)
El Gobierno denunció a la entidad ante un tribunal argentino el pasado 8 de abril, por haber celebrado un acuerdo con el juez estadounidense Thomas Griesa sobre el pago a los holdouts. (Contacto y negocios)

Pero más de 90 días después del “día D” aquel escenario luce distante. Argentina sigue sumida en cesación de pagos luego de que el juez estadounidense le ordenara al Gobierno pagarle holdouts antes de continuar pagando la deuda reestructurada. La negociación con los fondos buitre no es parte de la agenda oficial. Por el contrario, los funcionarios kirchneristas no dudaron en lanzar epítetos contra el mediador designado por el tribunal neoyorquino: “es un buitre más”, apuntó en febrero el viceministro de Economía, Emanuel Alvarez Agis.

Desde la declaración del default del año pasado, los fondos buitre se han convertido en uno de los principales protagonistas de los discursos de Kirchner. Ante el inminente fin de ciclo —el actual mandato presidencia concluirá el próximo 10 de diciembre— el Gobierno ha convertido el enfrentamiento por la deuda en una causa nacional: “Patria o Buitres”, rezaba una campaña desplegada el año pasado en las calles de Buenos Aires.

Efectos colaterales

El fallo del juez estadounidense Thomas Griesa impide desde mediados del año pasado que Argentina continúe pagando los nuevos bonos emitidos en 2005 y 2010 si no salda antes sus obligaciones con los holdouts, como lo indica la interpretación de la cláusula pari passu: todos los acreedores deben ser tratados con igualdad. Esta situación ha llevado al Gobierno de Kirchner a recurrir a diversas estrategias para eludir la decisión del juez estadounidense.

Desde entonces, el banco estadounidense Citibank, uno de los agentes encargados de distribuir el pago de los bonos en dólares gobernados por la ley local, ha debido buscar un equilibrio entre cumplir con sus compromisos en Argentina y respetar el fallo dictado en los tribunales de donde se encuentra su casa matriz.  Hasta ese momento, la tensión cedía cuando Griesa autorizaba a la entidad bancaria a girar los pagos. En tres oportunidades el juez autorizó “por única vez” al Citibank a cumplir sus compromisos.

Sin embargo, el vencimiento del pasado 31 de marzo colocó al gigante financiero entre la espada y la pared.  Si complacía al Gobierno argentino y transfería el pago de US$3,7 millones correspondientes al próximo vencimiento de la deuda se hubiese puesto en la incómoda posición de desobedecer el fallo de Griesa. En cambio, si acataba la resolución se arriesgaba al cierre de sus operaciones en Argentina.

Los abogados del Citibank parecían haber encontrado una salida elegante: solicitarle al juez que autorizara los próximo dos pagos, a cambio de no apelar la resolución que establece que los bonos emitidos bajo ley argentina están alcanzados por la cláusula pari passu. Pero no todo salió como lo esperaba.

Acuerdo del Citibank; desacuerdo del Gobierno

El acuerdo se consumó el pasado 22 de marzo y el juez autorizó el pago de los próximo vencimientos del 31 de marzo y 30 de junio, aunque detonó un iracunda reacción oficial que acusó al banco de “violar la ley argentina”. “Es un principio de estafa a los tenedores de bonos que confiaron en el Citibank, van a dejar abajo del tren a los tenedores de bonos”, apuntó el ministro de Economía Axel Kicillof.

El banco ya había anticipado que renunciaría a continuar funcionando como agente de pagos de la deuda por verse en medio de un “conflicto de leyes internacionales sin precedentes”, pero el Gobierno ya ha demostrado que hará todo los posible para hacerle pagar al Citibank lo que considera una traición.

La embestida, encabezada por el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA), comenzó cuando designó el 20 de marzo un veedor del Gobierno que supervise el pago que debía ocurrir 11 días despúes; y siguió con la con la suspensión de la operaciones de la entidad financiera en el mercado de capitales local el pasado 27 de marzo. Aunque el punto más álgido de la confrontación llegaría unos días más tarde.

Suspensión y conflicto interno

El 30 de marzo, el BCRA resolvió suspender al presidente de Citibank Argentina para desempeñarse al frente de la entidad. “Esta decisión de gravísimas consecuencias afecta injustamente a uno de sus asociados y a su representante legal”, replicó la Asociación de Bancos de Argentina, ampliando las repercusiones al plano local. La organización consideró que “no se han respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio ya que la misma se adoptó sin permitir a los interesados realizar el descargo correspondiente”.

Una semana más tarde el BCRA incrementó la presión sobre el banco rebelde. El pasado lunes 6 de abril envió a inspectores para que realicen “supervisión integral” para “garantizar el normal funcionamiento del banco”, indicó el titular de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli. “Queremos saber si dada la situación de acefalía que atraviesa [la filial argentina del Citibank], el banco cuenta con representantes legales que garanticen que no haya problemas con los clientes y los trabajadores”, agregó.

Una historia sin final

El Gobierno está decidido a desarticular el acuerdo firmado por el Citibank. Para lograrlo, el pasado miércoles 8 de abril denunció a la entidad ante un tribunal argentino para que anule el acuerdo con el juez Griesa. “El pacto que está aplicando el Citibank es irse del negocio”, dijo Kicillof. “Abandonaron un negocio que les daba $17 millones por año. Les ocasionó un perjuicio, pero en lugar de plantarse, acuerdan en Nueva York y toman el camino del abandono. Los han abandonado de la Argentina los buitres”.

El banco negó estar violando la ley argentina y explicó que “la orden [de Griesa] no exige a Citibank NA que su sucursal en Argentina abandone el negocio de custodia”. Pero desde el banco ya saben que su salida no será nada fácil y aún queda mucho tiempo para concretarla. En la impredecible Argentina todo puede pasar.

Adam Dubove Adam Dubove

Adam Dubove es Director de Traducciones en el PanAm Post y conductor del programa radial Los Violinistas del Titanic. Síguelo en Twitter, @dubdam, y en su blog, Diario de un Drapetómano.