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EnglishEl pasado 16 de junio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) en la que revela que 12 de cada 100 habitantes de México son víctimas de corrupción directa al realizar trámites gubernamentales.
“Ya no es que hemos escuchado que hubo corrupción, ya no es que un conocido me dijo que el primo de un amigo. Ya es efectivamente cuando uno hace un trámite o servicio, 12,1% nos dijo que fue víctima de un acto de corrupción”, expresó Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del INEGI, en la conferencia de prensa donde anunció los resultados de la encuesta.
Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno y Seguridad aclaró que el estudio no mide toda la corrupción del país, sino la que enfrentan los ciudadanos cuando van a una ventanilla a solicitar un trámite o servicio público. “Aquí no está la corrupción que se podría dar en las obras públicas, ése es otro tema”, aclaró. Asimismo, detalló que la tasa de población que cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites, solicitudes de servicio o servicios que realizó durante 2013 es de 47 por cada 100 habitantes, es decir, 47% cree o ha escuchado que existe corrupción en ese conjunto de trámites.
Sobre la incidencia, Franco expuso que de 30,1 millones de actos donde los usuarios fueron presencialmente a hacer algún trámite o servicio, 7,4% tuvieron una experiencia de corrupción. Esto arroja una tasa de incidencia de 25 actos de corrupción por cada 100 habitantes.
Según la ENCIG la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción en su estado es del 88,3%. La institución con la peor reputación es la policía con un 89,7% de actos corruptos, seguidos por los partidos políticos con un 84,4%, el Ministerio Público con 78,4%, los gobiernos estatales con 77,2%, diputados y senadores con un 77% y los medios de comunicación con 62,3%.
Esta encuesta arrojó que la corrupción se ubica en el tercer lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos, con 48,5%, y sólo detrás de la inseguridad y delincuencia que alcanzó 70,4% y el desempleo con un 51%. Respecto a las experiencias de corrupción por trámites o servicios, el 50,6% de las personas sufrió un acto de corrupción con autoridades de seguridad pública, 24,8% en permisos relacionados con la propiedad y 21,9% en otros pagos, revela la encuesta.
La ENCIG investigó la percepción de corrupción así como la experiencia de corrupción durante la demanda de servicios públicos. Las encuestas fueron realizadas del 4 de noviembre al 13 de diciembre de 2013 en 33,000 viviendas a personas mayores de edad en zonas urbanas de más de 100.000 habitantes.
Críticas a la encuesta
La ENCIG midió también la percepción de corrupción en diversos estados de la federación mexicana. Dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Rodríguez y Patricia Leal, criticaron los resultados e indicadores de la encuesta que colocan a la población de Puebla, a quienes representan, como la tercera más corrupta de México. Manifestaron que los resultados son influenciados por el alto índice poblacional y que la metodología de la ENGIC podía basarse en preguntas insidiosas.
“Son percepciones. También se debe considerar que somos la cuarta ciudad más grande del país y de las entidades más pobladas. Entre más flujo de gente somos susceptibles a este tipo de resultados, pero podemos hacer un esfuerzo más serio para mejorarlo” consideró Rodríguez.
Corrupción e inseguridad frenan economía
Estos resultados vienen a respaldar la percepción de empresarios mexicanos que consideran que la corrupción y la inseguridad en México son los mayores obstáculos para el desarrollo económico, según los resultados de la investigación Pulso Expansión 500 a la pregunta “¿Qué le falta a este gobierno para que la economía despegue?»
Los empresarios consideran que es necesario que el combate a la corrupción sea prioridad del gobierno, como mayor transparencia y mejor ejercicio del gasto público. Al respecto de la inseguridad, algunos empresarios en México consideran que es necesario aumentar el combate contra el secuestro, la ofensiva contra el narcotráfico e identificar a los funcionarios vinculados a estos crímenes, sobre todo a nivel municipal.
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