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EnglishNumerosas economías siguen fallando al momento de evitar que sus compañías realicen actos de corrupción y sobornos alrededor del mundo, es lo que afirma el último reporte “Exportando corrupción” de Transparencia Internacional, en el cual se detalla el status de la implementación del acuerdo antisoborno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD).
Hace 15 años 41 países firmaron un acuerdo —adoptado en 1997 e implementado desde febrero de 1999— en el que se comprometían a investigar y enjuiciar a compañías que sobornaran a oficiales de otros países para que estos facilitasen contratos u obtuvieran licencias o concesiones.
De acuerdo con el informe, de los 41 países, solo cuatro investigan activamente a posibles sobornantes: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Suiza; cinco fueron clasificados como moderados a la hora de imponer las leyes — Italia, Canadá, Australia, Austria y Finlandia—, y solo ocho de ellos hacen esfuerzos limitados por impedir la corrupción, como Francia, Noruega y Argentina, entre otros.
En cambio, 22 de los países firmantes, de los cuales proviene el 27% de las exportaciones globales, hacen poco o nada para combatir la corrupción internacional —Japón, Holanda, Chile, México, Colombia, Brasil y España son algunos.
Para que un país sea clasificado como “activo” en contra de la corrupción, debe de iniciar procesos legales que lleguen a las cortes que dicten sentencias. Por su parte, “esfuerzo moderado” y “esfuerzo limitado” es como se clasifica a aquellos países que si bien inician procesos, no son lo suficientemente fuertes para finalizar el procedimiento legal. La organización utiliza la etiqueta de “poco esfuerzo” para clasificar a los países que no vigilan a ninguna empresa.
“Para que la convención antisobornos realice un cambio fundamental en el modo en el que las compañías operan, necesitamos que la mayoría de los principales exportadores activamente refuercen la ley, para que otros países se vean presionados para seguirlos” expresó el recién electo presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. “Desafortunadamente, estamos muy lejos de tal punto, y eso significa que la visión de anticorrupción global sigue lejana”.
Transparencia Internacional expresa en su informe que el cumplimiento del acuerdo es débil, debido a que los investigadores carecen del capital y apoyo político para hacer contraloría a las grandes compañías, especialmente en aquellos países donde el interés económico pesa más que los acuerdos anticorrupción. Además indican como complicado perseguir el lavado de dinero de los sobornos, sobre todo cuando son efectuados a través de compañías ficticias.
“Quince años deberían haber sido tiempo suficiente para hacer cumplir estos compromisos. La OCDE ha trabajado arduamente para que la convención se convierta en una herramienta potente, y ha impulsado a los Gobiernos a adoptar leyes rigurosas. Ahora debe asegurarse de que las autoridades de aplicación cuenten con todo el apoyo que necesitan para hacer frente al poder cada vez más amplio de las redes de delincuencia transnacional”, indicó Ugaz.
América Latina tiene pocas herramientas para combatir la corrupción. Argentina (0,4% de las exportaciones) fue el país de la región mejor calificado al clasificarse como un país con un limitado esfuerzo para combatir la corrupción internacional. En cambio Brasil (1,3%), México (1,7%) Colombia (0,3%) y Chile (0,4%) son catalogados como países que no realizan ningún esfuerzo para evitar los sobornos.
Destacan como claves programas de monitoreo
Una de las recomendaciones que Transparencia Internacional ofrece para reducir los sobornos es que los Gobiernos provean soporte adecuado contra la corrupción, con personal dedicado a esta lucha, así como con un mayor presupuesto para ello. La organización indica que los programas de monitereo son primordiales y esenciales para mantener involucrada también a la sociedad civil interesada en el tema.
Por su parte, también los Gobiernos deben de responder a las inquietudes de transparencia de las organizaciones de la sociedad civil. En muchos países la información sobre los procesos judiciales no está disponible para el público, lo que no crea un adecuado clima para la supervisión en posibles casos de corrupción.
