EnglishEl gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla propuso el pasado 30 de octubre un aumento al impuesto de la importación del barril de petróleo y sus derivados de US$9,25 a $15,50 por barril, para ser aplicado a partir de marzo del 2015.
La propuesta de incremento del 68% del impuesto aún no cuenta con los votos suficientes en el Senado y la Cámara de Representantes de la isla, y es una amenaza directa al bolsillo de los puertorriqueños.
Para conseguir este ingreso extra, que ayudará a sacar de la quiebra a una serie de instituciones públicas, el gobernador sostuvo una reunión con el presidente del senado, Eduardo Bhatia, y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.
En el encuentro acordaron hacerle cambios al proyecto de ley del gobernador, y a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT), una de las agencias del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que se encuentra en problemas.
Para Padilla es imprescindible aprobar este cambio antes de que finalice el mes de noviembre. De otra forma, quedarán paralizados por falta de recursos el Tren Urbano y los servicios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) del DTOP.
A su salida de la reunión, Bhatia indicó que se debe evaluar el nivel de gasto de estas instituciones, y el mejor modo de recoger fondos para el funcionamiento de los servicios de transporte. Por su parte, Perelló dijo que en la manera en la que actualmente está propuesta la ley, no tendría los votos para ser aprobada en la Cámara de representantes.
Cuando el nuevo borrador de la ley esté listo, García Padilla convocará a una sesión legislativa extraordinaria para someter a voto el proyecto con las modificaciones solicitadas por los representantes legislativos.
Carreteras con serios problemas fiscales
El objetivo de este incremento —cuyo nombre coloquial es “la crudita”— es poder obtener un fondo especial de hasta $178 millones anuales para cubrir los gastos de operaciones de la ACT. Además de poder cumplir con las millonarias obligaciones crediticias que esta institución tiene con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), cuya deuda está afectando la liquidez del banco.
El plan es transferir la deuda de ACT a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), dependencia gubernamental que a su vez emitiría entre $2.500 a $2.900 en bonos para pagar la deuda a la BGF. Para que el dueño de la deuda dejara de ser el banco y se convierta en los inversionistas que compren los bonos.
Para Luis Dávila Colón, abogado de profesión y analista político local, no hay que analizar el aumento del impuesto del petróleo como un hecho aislado, sino como una serie de acciones del Gobierno que afectarán directamente el bolsillo de los puertorriqueños.
“Con esta reforma el Estado busca cargarle al consumidor una deuda de $1.500 millones”
“El Gobierno no está realizando estas reformas tributarias por una necesidad real, sino por una necedad. El problema de Puerto Rico no es falta de dinero, sino un exceso de gasto. Cada año el presupuesto de la nación sube en un 15%. En vez de recortar el gasto, el Gobierno lo aumenta”.
Puerto Rico hacia una Reforma Contributiva
El secretario de gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, quien estuvo presente en la reunión sobre la propuesta de ley, explicó que el órgano ejecutivo debe presentar los lineamientos generales y una fecha de radicación de la reforma contributiva, antes de marzo de 2015 para ser puesta en práctica en abril de 2016.
“Es un nuevo sistema contributivo, un código muy complejo y hay que atender situaciones con los ingresos de los municipios y asuntos procesales”, sostuvo Suárez.

Para entender los aumentos tributarios Dávila Colón invita a analizar holísticamente la situación fiscal de Puerto Rico. “Este impuesto a la gasolina no viene solo, el bolsillo del puertorriqueño sufrirá también con la propuesta de reforma contributiva. Con esta reforma el Estado busca cargarle al consumidor una deuda de $1,500 millones”.
Entre las principales modificaciones está un nuevo Código de Rentas Internas que sustituya el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) con un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Este fuera un impuesto aplicado a todos los bienes y servicios que se consuman en la isla, pero con tasas tributarias distintas según cada rubro.
“La sustitución de del IVU por IVA significará un aumento de gastos en cada paso de producción. Actualmente el IVU es de un 7% pero con el IVA el impuesto será entre 12% al 21% en los gastos de producción”, dettalló Dávila Colón.
Otra propuesta dentro de la reforma contributiva es que las ganancias de capital de las empresas tributen al mismo porcentaje que lo hacen los individuos actualmente por sus ingresos. Esta contribución es de máximo el 30%
Esta modificación contributiva ocurre tras 20 años de recesión económica, y cuando la isla alcanza una deuda externa de más de $73.000 millones, un desempleo mayor al 14%, y en miras de una reforma a las tarifas eléctricas que podría aumentar la presión económica.
Editado por Elisa Vásquez