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EnglishEl inicio de 2015 ha sido violento en El Salvador. Hasta el 11 de enero se han presentado, en promedio, 15 homicidios al día, seis más que los ocurridos en promedio en enero de 2014.
El incremento en los casos inició a finales de 2014; solo en diciembre se presentaron 412 homicidios, cifra que casi duplicó los 208 homicidios que sucedieron en el mismo mes en 2013.
Los datos de enero y diciembre podrían ser muestra de una tendencia, ya que la tasa anual de homicidios de 2014 sufrió un aumento considerable en comparación con el año previo: De 43,7 casos por cada 100.000 habitantes ocurridos en 2013, el país registró 68,6 por cada 100.000 en 2014.
Pese a estas cifras, las autoridades afirman que el problema está sobredimensionado en la opinión publica; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, afirmó en una entrevista televisiva el pasado 5 de enero que “la delincuencia en este país no es elevada, lo que pasa es que hay que distinguir entre la realidad y la percepción”.
El Gobierno central afirma que esta alza de asesinatos se debe a las disputas que las pandillas tienen entre sí por el control territorial, ya sea por la distribución de droga o por el “negocio” de las extorsiones. Las autoridades calculan que el 50% de las personas asesinadas son pandilleros.
Lara aseguró que el incremento de asesinatos de noviembre a enero se debe a situaciones aisladas, porque en octubre se obtuvo una baja considerable de los casos. En la misma entrevista, incluso dijo que espera que el aumento de la violencia “no tenga incidencia en las elecciones”, señaló el funcionario.
Un pacto perverso
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reconoció el lunes cinco de enero que el Gobierno de su antecesor, Mauricio Funes, estableció un diálogo y pacto con las pandillas para disminuir los homicidios y la criminalidad.
Nosotros no podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas, porque eso está al margen de la ley
“Nosotros no podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas, porque eso está al margen de la ley. Los pandilleros se han puesto al margen de la ley, y por lo tanto nuestra obligación es perseguirlos, castigarlos y que la justicia determine las penas que les corresponden”, expresó el presidente después de una reunión con los altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) para discutir el aumento de la criminalidad en 2014.
El pasado año ocurrieron 3.942 homicidios, 63% más que los 2.492 de 2013 según datos del Instituto de Medicina Legal (IML).
La “tregua” entre las pandillas es el nombre que se le da al pacto que estas hicieron entre sí en marzo de 2012, para lograr una disminución de los homicidios, y menos luchas por el control territorial, pacto que facilitó el Gobierno central de El Salvador. Durante los 14 meses que duró este proceso, el promedio de asesinatos bajó a cinco diarios y fue roto cuando el Gobierno dejó de apoyar el diálogo entre las “maras”.
Preocupación en el sector empresarial
El aumento de asesinatos, el homicidio de policías y la “actitud pasiva” de las autoridades preocupan a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y a la Cámara de Comercio e Industria. Luis Cardenal, presidente de esta última gremial, expresó en una conferencia de prensa el temor de que El Salvador se convierta en un “Estado fallido”.
“Un Estado fallido es un Estado que no controla su territorio, y aquí ya no lo controlamos”, sostuvo Cardenal, y lamentó que las autoridades sean incapaces de imponer la ley en los territorios controlados por las pandillas.
"Es buen mensaje que @sanchezceren reconozca que fue un error la tregua: promueve la corrupción y da fuerza a las maras" Arnoldo Jiménez
— Debate TCS (@Debate_TCS) January 7, 2015
Debido a ello la gremial empresarial ha contratado a la empresa consultora en temas de seguridad del exalcalde de nueva York, Rudolph Giuliani, para frenar el avance de la violencia. “Le tomamos la palabra al Gobierno y al presidente, de buena voluntad, de querer dialogar y de trabajar juntos para resolver un problema que nos afecta a todos” concluyó Cardenal.
Por su parte, el director ejecutivo de ANEP, Arnoldo Jiménez, expresó que “hay un interés de parte, no solo de ANEP, sin de toda la sociedad civil que está apoyando al Gobierno en el Consejo de Seguridad, para que realmente sea efectiva la persecución del delito, que se aplique la ley y que se baje la impunidad”.
Para Cardenal el reconocimiento público de la tregua es un signo de que el Gobierno puede cambiar de estrategia para combatir el crimen. “El hecho de que el presidente lo reconozca es un avance, es un buen síntoma de decir : ‘Eso no funcionó y no lo vamos a seguir repitiendo”.
Tregua terminó de consolidar cobro de renta a empresas y familias y fortaleció estructuras tal como fue aceptado por autoridades: WJiménez
— ANEP (@ANEPElSalvador) January 6, 2015
Sobre el mismo tema Jimenez agregó: “Si hay consistencia con las palabras del presidente que está en contra de la política de la tregua, tiene que haber una consistencia en cuanto a los beneficios que les dieron a ellos en materia penitenciaria”, dijo Jiménez.
En ese sentido, Jiménez cree necesario que el Gobierno regrese de nuevo a los 30 cabecillas de las pandillas al centro penal de máxima seguridad de El Salvador, quienes al inicio de la tregua, en marzo de 2012, fueron trasladados a otras penitenciarías de menor seguridad.
Editado por Elisa Vásquez
