Loretta Lynch, fiscal general de los Estados Unidos (EE.UU.) se opone a una propuesta presentada por la Casa Blanca que permitiría a prisioneros de la prisión militar en la bahía de Guantánamo declararse culpables de cargos de terrorismo a través de una videoconferencia.
Lynch argumenta que el proceso propuesto por el presidente Obama violaría reglas de larga tradición sobre procedimientos en justicia criminal.
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Si se convirtiese en ley, el plan respaldado por el presidente Obama permitiría que sospechosos de terrorismo se declaren culpables y cumplan sus sentencias en cárceles de otro país, sin llegar a pisar territorio estadounidense. De ese modo, el plan eludiría una prohibición del Congreso a las transferencias de detenidos a EE.UU., lo que ha dejado a decenas de presos en un limbo judicial a largo plazo en el enclave militar estadounidense en Cuba.
Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron a la agencia Reuters que Obama respalda la propuesta, pero que el presidente optó por no anular las objeciones de Lynch.
«Hubo algunas frustraciones. La principal abogada del país intervino; el Departamento de Justicia tiene jurisdicción para hacerlo», dijo un funcionario de la Presidencia.
Cerrar Guantánamo, una promesa rota de Obama
El presidente de EE.UU. Barack Obama vuelve a enfrentar oposición a su proyecto de cerrar Guantánamo, esta vez desde el interior de su propio gobierno, de mano de Lynch, una fiscal a la que Obama designó para liderar el Departamento de Justicia hace dos años. Durante los últimos tres meses, Lynch ha intervenido dos veces para bloquear las propuestas gubernamentales sobre el tema.
En el primer caso, su oposición desbarató una iniciativa legislativa de la Casa Blanca para permitir admisiones de culpabilidad a través de video luego de casi dos meses de negociaciones entre agencias y de la redacción de la legislación.
En el segundo caso, Lynch impidió que el gobierno respaldara públicamente una propuesta del Senado de legalizar las admisiones de culpabilidad a través de video. Obama prometió que cerraría la prisión durante su mandato. Aunque durante su gobierno han salido de ahí unos 160 presos, las instalaciones aún albergan a 80 detenidos.
De los 80 prisioneros que quedan, ya ha sido aprobada la transferencia de aproximadamente 30 a otros países. Se espera que sean trasladados de la prisión durante las próximas semanas. Oficiales estadounidenses estiman que cerca de 10 prisioneros más pueden estar en esta misma situación. Otros 10 prisioneros tienen juicios en curso en estancias militares.
Así, quedan aproximadamente 30 detenidos a quienes el gobierno estadounidense considera demasiado peligrosos para liberarlos, pero no se ha creado un método satisfactorio que permita juzgarlos. Si se cerrara Guantánamo, estas personas tendrían que ir a suelo estadounidense, cosa prohibida por el Congreso.
Fuentes: Reuters, The New York Post
