
El periódico local ElQuetzalteco de Quetzaltenango, Guatemala, denunció que un grupo de hombres desconocidos adquirió todos los ejemplares de la edición del 13 de octubre. Según los directivos del rotativo, la compra masiva de los periódicos se debe a que en la primera plana de dicho medio la noticia principal era sobre la gobernadora de la región, en la que se le señalaba por posible tráfico de influencias a favor de su padre. No es la primera vez que el periódico sufre una compra masiva de sus ediciones.
Esta acción es la más reciente en una larga lista de acciones en contra de la libertad de expresión en Guatemala.
Periodistas: víctimas de ataques por su trabajo
El Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) tiene registradas 685 agresiones a periodistas desde el 2003; y durante el 2016 se han duplicado las agresiones en contra de comunicadores sociales en dicho país. Datos de la SIP revelan que en Guatemala, en los últimos 29 años, se han asesinado a 30 periodistas, lo que la ha hecho la quinta nación con más muertes de periodistas en América. Colombia, México, Brasil y Honduras son los primeros en la lista.
“Aunque se presumen siete ataques (a periodistas), la SIP solo reporta dos porque no se ha podido determinar si los crímenes fueron por la profesión que ejercían —las víctimas—. Es una de las máximas preocupaciones que tiene la SIP, principalmente en México, Brasil y Guatemala, por ser países con más crímenes”, afirmó Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP.
SIP expone en un comunicado su preocupación por la libertad de expresión en Guatemala ►https://t.co/NBkaLkqsDm pic.twitter.com/7JcMneJGLV
— Prensa Libre (@prensa_libre) September 21, 2016
Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), tiene una opinión contraria a la de Ricardo Trotti. La periodista asegura que los casos se han duplicado, pues de tres reportados en el 2015, se pasó a siete comunicadores asesinados durante los primeros nueve meses del 2016, uno en la Ciudad de Guatemala.
La Unidad de Delitos contra Periodistas, del Ministerio Público (MP), descarta que “todos” estén relacionados con el trabajo que desempeñaban como comunicadores o reporteros, debido a que han detectado “ciertas particularidades” en cada caso.
Además de los ataques mortales a los periodistas en Guatemala, Cerigua ha registrado 686 agresiones que han sido realizadas por autoridades, funcionarios, pobladores, pandilleros y algunos abogados en las audiencias de la Torre de Tribunales de Guatemala. Lo más común de las agresiones y lo más denunciado son las amenazas.
Objetivos de la #SIP: Proteger y defender la #LibertadDeExpresión y prensa en las Américas. pic.twitter.com/78GXjzC73c
— SIP • IAPA (@sip_oficial) October 14, 2016
“Los responsables en primer término son autoridades y agentes vinculados con el Estado, personas desconocidas, fuerzas de seguridad, pobladores inconformes con las coberturas”, agregó Alamilla.
Una periodista que cubre los procesos penales narró que durante la sentencia a 23 pandilleros en septiembre, en el Tribunal Tercero, varios de ellos la amenazaron al decir que le cortarían la lengua y coordinarían un ataque con una granada en ese momento, por tomarles fotos y escribir sobre sus casos.
Ciberataques: la nueva modalidad en contra de la libertad de prensa
Los medios de comunicación enfrentan cibertaques. El 1 de marzo Guatevisión denunció que su página web sufrió 1663 ataques que buscaban deshabilitar el sitio. Esto provocó que los usuarios tuvieran dificultades para leer las noticias. Según Guatevisión, los ataques provenían de Guatemala, pero se usaron redes asiáticas.
Colaboración entre @sip_oficial y @google para eliminar el #DDoS como una herramienta de #censura. https://t.co/OB762PzUHL pic.twitter.com/DwtciQBwYl
— SIP • IAPA (@sip_oficial) October 13, 2016
La libre expresión también fue atacada cuando fiscales y jueces incurrieron en exigencias para que se entregaran testimonios o archivos de audio y video para utilizarlos como pruebas en procesos en los que pretenden que el reportero termine involucrado.
“Todo eso refleja que el trabajo del periodista en Guatemala, como dice la SIP, se desarrolla en un ambiente de hostilidad, rodeado de inseguridad y censores de la libertad de expresión, que en el pasado eran censores del Estado, y que ahora son organismos criminales, autoridades locales y políticos que se sienten afectados por publicaciones”, enfatizó Alamilla.
Publicidad oficial como premio o castigo
Jimmy Morales, presidente de Guatemala, también ha objetado y descalificado el aporte que los medios de comunicación de Guatemala. El último incidente ocurrió el 19 de septiembre, cuando el presidente Jimmy Morales afirmó que las críticas a su Gobierno se debían a que no paga publicidad a determinados medios. “¡Se acabó la fafa, se acabó la publicidad, perdónenme si ese es el dolor de los medios de comunicación, perdónenme!”, exclamó Morales.
“fomentar la #LibertadDePrensa al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es esencial en toda sociedad democrática”.
— SIP • IAPA (@sip_oficial) October 11, 2016
Ricardo Trotti señaló que la publicidad oficial pautada en los medios de comunicación puede ser una manera de premiar o castigar monetariamente a un medio de comunicación. “Muchos gobiernos utilizan y manipulan los recursos del Estado para premiar o castigar a los medios de comunicación para su propio beneficio. En Guatemala algunos medios han sido castigados al no recibir publicidad oficial, pero hay medios que son premiados por su buen comportamiento”, afirmó Trotti.
Resaltó que no se debe discriminar a los medios por su criterio editorial, “es decir que si un medio es contrario al pensamiento de Jimmy Morales —presidente de Guatemala— eso no tiene nada que ver con recibir o no la publicidad. La distribución de la pauta tiene que hacerse en forma técnica”, enfatizó Trotti.
Transparencia opaca en Guatemala
Violeta Mazariegos, secretaria ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH), indicó que algunas unidades de acceso a la información de oficinas gubernamentales se resisten a entregar datos a pesar que la Ley de Libre Acceso a la Información los obliga.
“Siempre habrá resistencia, hasta que no exista una cultura relacionada al tema. Además de los periodistas la población debe sumarse a esa fiscalización como en México. Por ejemplo, ellos llevan tanto tiempo con la ley que ya asimilaron los procesos y exigen la información. En Guatemala cuesta mucho, el problema es que no se exige, se le dice no se puede dar la información, se van a su casa y no vuelven a preguntar nada”, añadió la representante de la PDH.
“Los periodistas departamentales siguen siendo los más desprotegidos, esto obedece a una serie de razones, entre ellas está la implantación del crimen organizado y narcoactividad. Además, la debilidad del Estado y por último la inseguridad generalizada en el país”, detalló y agregó que de las siete muertes de comunicadores registradas este año, solo uno fue en la capital, expresó Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
Fuentes: Prensa Libre, PL.