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En El Salvador el “Colectivo de Víctimas de Terrorismo de El Salvador”, una organización de la sociedad civil solicitó que se investigue al presidente Salvador Sánchez Cerén por crímenes de guerra cometidos durante la Guerra Civil salvadoreña (1980-1992). Junto a Sánchez Cerén también se ha solicitado la investigación de la diputada oficialista, Nidia Díaz, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez. Sánchez Cerén fue un comandante guerrillero cuyo seudónimo era Leonel González.
En julio de 2016, la Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Se determinó que esa ley es inconstitucional “porque los crímenes de lesa humanidad son de carácter imprescriptible según el derecho internacional”. Estos crímenes incluyen los cometidos por la Fuerza Armada como por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El Colectivo por medio de su abogado Fernán Álvarez, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se investiguen al menos ocho casos. Para esta organización, el el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Frente Frabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tenían “una política de aniquilar”.
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“En el aviso presentado pedimos el procesamiento de Francisco Jovel, Salvador Sánchez Cerén, Eduardo Sancho Castañeda, Joaquín Villalobos, Nidia Díaz, Ana Sonia Medina, Mercedes del Carmen Letona, Ana Guadalupe Martínez, José Abraham Dimas Aguilar, William Rivas Bolaños, Juan Miguel García Meléndez, Mario Gónzález, Jorge Meléndez, Ana Sonia Medina, Mercedes del Carmen Letona, Fidelino Fuentes y Fermán Hernández”, dijo a los medios uno de los representantes del movimiento.
Al momento de interponer la demanda la exdiputada por el partido Alianza Republicana Nacionalista (principal partido de oposición) Lilian Díaz Sol, aseguró que el acto de pedir justicia y conocer la verdad, no es un gesto de venganza, sino “una necesidad del pueblo salvadoreño por conocer la verdad”.
El Salvador: “se abrió la caja de Pandora”
Un representante del Colectivo que interpuso la demanda aseguró a La Prensa Gráfica, un periódico salvadoreño, que con la derogación de la Ley de Amnistía se abrió “la caja de Pandora” en el El salvador. El ciudadano prefirió mantener el anonimato por sus declaraciones.
Entre los casos que el Colectivo busca que que investigue está la matanza ocurrida el 19 de junio de 1985, cuando cuatro infantes de marina de los Estados Unidos fueron asesinados en una zona turística de la capital, luego que miembros del PRTC dispararan en su contra.
También durante la guerra los grupos de izquierda derribaron un helicóptero UH-1H cuya tripulación eran tres militares estadounidenses. Uno de ellos murió al caer la nave, los otros dos quedaron heridos, pero el ERP se acercó y disparó contra los sobrevivientes.
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, informó el 12 de diciembre de 2016 que él emitió un acuerdo para designar a un grupo de tres o cuatro fiscales para la investigación de los crímenes de lesa humanidad.
Meléndez explicó que a pesar de no contar con los recursos suficientes para llevar a cabo un amplio trabajo de investigación de los crímenes de guerra, este grupo ya se encuentra trabajando en “cuatro o cinco” denuncias que han sido interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Después de derrogada la Ley de Amnistía el primer caso en reabrirse fue la investigación sobre la masacre de El Mozote, ocurrida en Morazán en diciembre de 1981, en la cual fueron asesinados caseríos enteros a manos del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.
Fuentes: Estrategia y Negocios, La Prensa Gráfica.
