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El proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua se encuentra paralizado. En junio de 2013 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley 840 que autorizó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entregarle las riendas del proyecto a Wang Jing, un empresario chino de quien nadie había escuchado. Ese hecho comenzó la carrera para hacer un canal interoceánico que competería con el Canal de Panamá.
Una ley con muchas partes oscuras
La Ley 840 es el apodo para la “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal y Zonas de Libre Comercio”, una proyecto valorado en unos US $50.000 millones.
El acuerdo incluye que el Canal tendría su propio régimen jurídico especial, con inmunidad a las leyes nicaragüenses, y los descendientes de Wang serían los dueños del Canal hasta el año 2129. La ley contemplaba 16 años para construir y buscar financiamiento, 50 años para operar y gozar de ganancias y la posibilidad de otros 50 años de manejo. La empresa de Wang tendría la obligación de pagarle a Nicaragua US $10 millones durante diez años, tal cifra no es un acuerdo escrito en piedra, ya que en el acuerdo estaba estipulado que “procuraría” pagar esa cifra.
El desarrollo de infraestructura del plan incluía dos puertos de aguas profundas (uno en cada océano), un aeropuerto, dos zonas de libre comercio, un ferrocarril, un canal húmedo y un oleoducto.
Canal de Nicaragua: más preguntas que respuestas
El Canal de Nicaragua implicaba muchos riesgos económicos, medioambientales y sociales, los que generaron las siguientes dudas: ¿cuál sería el método más eficiente para crear una línea de 278 km de largo?, ¿qué especies se extinguirían?, cómo fue el proceso de asignación de este contrato a Jing y qué experiencia tiene su empresa en proyectos de esta magnitud? y ¿dónde vivirían las 400.000 personas que tuvieran que ser desplazadas?
Cuatro años después de ese acuerdo aún no se ve ninguna acción concreta para iniciar ese canal. No hay inversión china, nuevos empleos, construcción, ningún tipo de campamento, ni una onza de tierra removida. Lo único que se ha manifestado han sido 87 protestas de ambientalistas en contra del Canal. Una de ellas es doña Francisca Ramírez, líder de marchas campesinas que expresa su descontento en contra del proyecto.
“No creemos en ese canal, y no lo vamos a aceptar”, expresa Ramírez, quien pide que Ortega reconozca que falló y que se derogue la Ley 840 para sellar de una vez el asunto. Quien parece haber olvidado el asunto es Wang Jing, quien ha expresado en medios que ya no va a Nicaragua hace dos años y que sabe que funcionarios del Gobierno tienen prohibido verlo a menos que lleve dinero. Se rumora que Wang nunca tuvo el dinero que prometió para poder ejecutar el plan.
Fuente: El Diario de Hoy
