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Enrique Peña Nieto visitó Guatemala para discutir temas económicos

By: Adriana Peralta - @AdriPeraltaM - Jun 7, 2017, 10:02 pm
Enrique Peña Nieto se reúne con Jimmy Morales. (Gobierno de México)
Enrique Peña Nieto se reúne con Jimmy Morales. (Gobierno de México)

El presidente de México Enrique Peña Nieto visitó Guatemala por dos días —5 y 6 de junio acompañado por Luis Videgaray, canciller de México— y fue recibido en la Fuerza Aérea Guatemalteca por el canciller Carlos Raúl Morales, quienes se dirigieron al pueblo colonial de Antigua Guatemala, donde se reunieron con Jimmy Morales, presidente de Guatemala

Después del intercambio de saludos y promesas habituales —”un compromiso por consolidar y fortalecer los “excelentes lazos de amistad y cooperación”, “el contexto internacional demanda mayor intención y concentración centroamericana para la defensa de los intereses comunes— en este tipo de encuentro los mandatarios discutieron  el trato a los migrantes en México, temas económicos y de mercado entre los dos países y la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Migrantes: tema prioritario

“Hoy años después seguimos compartiendo con Guatemala la firme convicción de que el diálogo y la negociación, son las mejores herramientas políticas para alcanzar acuerdos para la prosperidad de la sociedad”, subrayó Peña Nieto en su discurso.

Tanto México como Guatemala son países de origen, tránsito y destino de migrantes. Jimmy Morales y Peña Nieto buscarán mecanismos para que la frontera México-Guatemala (que tiene una extensión de 956 km) sea más eficiente.

“Lo más importante: coincidimos en desterrar los discursos de odio y discriminación en contra de nuestros hermanos migrantes”, señaló Peña Nieto. “Reconocemos que la cifra de guatemaltecos retornados ha disminuido y muy respetuosamente solicitamos que estos procesos puedan realizarse quizá de una manera más ágil en la medida de sus posibilidades presidente Peña Nieto”, pidió el presidente de Guatemala.

Alianzas económicas entre México y Guatemala

Entre los temas específicos que se trataron está un proyecto para la modernización fronteriza, que permitirá pasos más modernos, ágiles y eficientes que mejorará el intercambio comercial y los procesos migratorios y aduaneros.

Durante la visita de Enrique Peña Nieto la cancillería de Guatemala anunció que Lala una empresa mexicana invertirá USD $30 millones en una planta de producción láctea, que estará ubicada en el interior guatemalteco, en Escuintla, un departamento a 50 km de la capital. Se estima que esta planta generará al menos 4 mil empleos directos.

El ministerio de Economía de Guatemala y la secretaría de Economía de México suscribieron hoy un Memorándum de Entendimiento de Promoción del Comercio que busca establecer las bases para el desarrollo de actividades comerciales y de inversión entre ambos países, así como un Memorándum de Entendimiento de Garantías Mobiliarias, este último busca simplificar los pasos para inscribir bienes raíces entre los países.

Enrique Peña Nieto visitó también la escuela pública Benito Juárez, que lleva el nombre del expresidente mexicano. “Nada resulta más grato que iniciar en un centro educativo una visita de Estado a este país hermano”, dijo el mandatario durante un acto en el que estuvo acompañado por el ministro guatemalteco de Educación, Óscar López, y la embajadora de México en Guatemala, Mabel Gómez.

Extradición de Javier Duarte de Ochoa

Peña Nieto también le solicitó a Jimmy Morales que la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sea lo más rápido posible. “Hay un procedimiento conforme al tratado de extradición y lo que hemos pedido al Gobierno de Guatemala es que conforme al tratado de extradición, se realice de la manera más expedita posible”, dijo Luis Videgaray. “Se reiteró la colaboración en esta materia, esperemos que la extradición se otorgue de la manera más rápida posible”, insistió.

Jaiver Duarte de Ochoa fue un gobernador de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y expulsado del mismo en octubre de 2016. Duarte que fue capturado en el pueblo de Panahachel (a 3 horas de la capital),  tenía una orden de captura por la INTERPOL. El político es requerido por las autoridades de su país acusado de corrupción responsabilizandolo por la quiebra del estado de Veracruz, que gobernó de 2010 a 2016 y cuya deuda creció en ese período en 1.454 millones de dólares.

Fuentes: El Financiero, El País, Noticieros Televisa, Prensa Libre, Soy502

Adriana Peralta Adriana Peralta

Adriana Peralta es amante, promotora y defensora de la libertad. Ha sido pasante en el Cato Institute y Atlas Network en Washington D.C. y miembro de la junta directiva de @CREO_org en El Salvador. Actualmente trabaja en el departamento de desarrollo de la Universidad Francisco Marroquín. Síguela en Twitter: @AdriPeraltaM.

En Colombia vamos hacia la opresión que viven en Venezuela: 10 razones

By: Jorge Enrique Gómez Pardo - @jegomezpardo - Jun 7, 2017, 8:41 pm
santosymaduro

En una columna anterior escribí, parafraseando a Winston Churchill, que si alguno de los aliados de Santos y las FARC en la imposición del Acuerdo ilegítimo llega a la presidencia en 2018, probablemente en unos años estaremos llamando a un largo, triste y doloroso periodo de nuestra historia como el de “La Dictadura Socialista Innecesaria”. Esta dictadura, como a la hermana Venezuela, también llevaría a Colombia a la opresión y a la miseria. Lea más: Venezuela: lo que dice (y lo que no logra ocultar) el discurso de Vladimir Padrino López sobre la Guardia Nacional Además, citando a Nicolás Maquiavelo, escribí que en el caso de Venezuela, el problema “es fácil de conocer y difícil de curar” pero que en Colombia la situación todavía es relativamente “fácil de curar y difícil de conocer”. Así, describí algunos de los aspectos más preocupantes y evidentes de la situación que sufre el valiente pueblo hermano venezolano. En esta columna entonces describiré la situación colombiana relativamente “fácil de curar y difícil de conocer”. Para esto, expondré diez de las razones que permiten concluir que, en Colombia, como consecuencia del Acuerdo ilegítimo y las chavistas FARC, nos dirigimos rápidamente hacía la opresión castrochavista de una “Dictadura Socialista Innecesaria”. Esto, si no tomamos, a tiempo, las decisiones democráticas correspondientes. Todas estas razones tienen un mismo hilo conductor: el autoritarismo que el Gobierno Santos, sus aliados y las FARC han utilizado para violar la voluntad popular, someter a los otros poderes públicos, e ignorar a las demás instituciones de la democracia y el Estado de Derecho. En otras palabras, para hacer “trizas” el orden constitucional liberal en Colombia. Es importante resaltar que dichas instituciones de la democracia liberal han sido diseñadas y perfeccionadas desde los antiguos griegos hasta nuestros días para contener la natural propensión de oprimir por parte de quienes tienen poder a quienes no lo tienen. Por lo tanto, existen, precisamente, para garantizar las libertades y derechos humanos que dignifican la existencia humana e incentivan la prosperidad individual y nacional. Todo lo contrario a la opresión y la miseria que se deriva del castrochavismo de los Castro, Chávez, Maduro y las FARC. Veamos entonces diez razones respecto a la opresión. Por razones de espacio, en otra oportunidad abordaremos las relativas a la miseria. 1) El Gobierno Santos, sus aliados, y las FARC dieron un golpe a la voluntad popular y, por lo tanto, a la democracia y al Estado de Derecho en Colombia, al desconocer el resultado del plebiscito de 2016. De esta forma, se configuró el Acuerdo ilegítimo. Hace unos pocos meses en Colombia nadie hubiera creído capaz a un presidente de robarse un plebiscito. Ahora bien, las FARC no fueron unos terceros inocentes en el golpe. Por el contrario, fueron cómplices del mismo. Más aún, se llenaron la boca ante la prensa internacional al señalar que el “Nuevo Acuerdo conserva la [misma] estructura y el espíritu” del Acuerdo rechazado por el pueblo en el plebiscito. Lo anterior indica que las FARC sometieron al Gobierno Santos (no a Colombia) para que pasara por encima de los valores democráticos tan hondamente interiorizados en nuestra nación. Esto ayuda a entender la lógica e histórica desaprobación al Gobierno Santos y a la implementación del Acuerdo ilegítimo. Como lo escribió hace unos años el historiador estadounidense David Bushnell, la historia ha demostrado que “Colombia es poco acogedora para las dictaduras”. En la mencionada columna también escribí que, en últimas, las FARC siguieron el ejemplo de su referente Hugo Chávez. El coronel, quien protagonizó un fallido golpe de Estado en 1992 y luego fue elegido popularmente en 1999, perdió un referendo constitucional 2007 para, según la BBC, “completar la transición a una ´República socialista”. Sin embargo, después de perderlo, lo impuso en su mayoría mediante el Congreso. 2) La Corte Constitucional de 2017 se prestó para legalizar dicho golpe a la voluntad popular-democracia-Estado de Derecho. Esto al expedir una sentencia absurda la cual básicamente dijo que refrendación “popular” no necesariamente es “popular”, sino que también puede ser congresional. ¡Y esto en un contexto plebiscitario! Una canallada constitucional con el pueblo colombiano como esa también era impensable hace unos pocos meses en nuestro país. En dicha columna también señalé como el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, controlado por Maduro, recientemente le quitó las facultades al Parlamento venezolano. Así, en ambos casos, el poder ejecutivo sometió al máximo tribunal judicial cuya razón de ser es precisamente para controlar al poder ejecutivo. Al respecto, en otra columna expuse, citando al profesor F.A. Hayek, como el nazismo se impuso en Alemania en parte gracias a las legalizaciones de normas arbitrarias, como la hecha por la Corte Constitucional, la cual permitió la “refrendación” que hizo el Congreso. Asimismo, Hayek cita a Ivor Thomas, político inglés que a mediados de los años 50 del Siglo XX renunció al izquierdista partido laborista, quien concluyó que “desde el punto de vista de las libertades humanas fundamentales no hay mucho que escoger entre el comunismo, socialismo y nacionalsocialismo. Todos ellos son ejemplos de colectivismo y totalitarismo estatal (…). En sus aspectos esenciales el socialismo no solo es lo mismo que el comunismo sino que difícilmente se diferencia del fascismo”. En otras palabras, desde el punto de vista de las libertades, los socialistas de izquierda —como Stalin, Chávez, Maduro, los Castro o las FARC— o los de derecha como los Nazis (Nacionalsocialistas) o los fascistas,  son esencialmente iguales. Por lo tanto, el problema con las FARC y el Acuerdo ilegítimo no es que quieran que el Estado tenga un mapa y un catastro completo como alguno de sus destacados defensores recientemente señaló. El problema es que las libertades que dignifican al ser humano, permiten la prosperidad de las sociedades y el respeto a los derechos humanos, y sin las que no puede haber democracia y Estado de Derecho, están en las antípodas de su forma autoritaria del ver el mundo. De allí que todo lo que hagan las FARC —como lo que hicieron los Nazis o hacen los Castro, Chávez o Maduro— siempre estará impregnado de autoritarismo. El golpe a la voluntad popular-democracia-Estado de Derecho o su legalización por parte de la Corte Constitucional de 2017, entre otras situaciones que han llevado a cabo en los últimos meses, en acuerdo con el Gobierno Santos y sus aliados, son prueba de ello. Esta es la realidad, por más que ciertos precandidatos presidenciales las quieran victimizar para ganar réditos electorales. 3) Contrariando la expresa voluntad popular, la mencionada legalización que hizo la Corte Constitucional y la “refrendación” hecha por el Congreso le dieron a Santos (y a las FARC) facultades dictatoriales. El Fast-Track dio a Santos (y a las FARC) facultades habilitantes que ya hubiera querido tener el propio Hugo Chávez, tal como en su momento lo advirtió el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Un gobernante con ese poder, incluso que se atreviera a pedirlo, o peor aún que se lo haya tomado prácticamente por la fuerza, también era inaudito en la República de Colombia hasta hace muy poco. En desarrollo de ello, el Gobierno tramitó de manera autoritaria reformas constitucionales que atentan contra los fundamentos mismos de la democracia liberal y legisló sobre lo que quiso vía decretos con fuerza de ley (más de 30), en lo que se conoció como la “decretatón”. Al respecto, también difiero de la opinión de otro de los reconocidos abogados del Acuerdo ilegítimo quien para controvertir la valiente decisión de la nueva Corte Constitucional de 2018 (nuevos magistrados) que limitó el Fast-Track, básicamente dijo que éste no es tan grave porque en los Estados Unidos los tratados comerciales se han aprobado por esa vía. ¿A alguien, de verdad, le cabe en la cabeza que en los Estados Unidos se aprobaría una enmienda constitucional, incluso de mucho menor envergadura que las resultado del Acuerdo ilegítimo, vía Fast-Track? 4) El Gobierno Santos y las FARC dieron un golpe constitucional al sustituir la Constitución del 91 por la Constitución de las FARC. En efecto, en desarrollo de ese Fast-Track también se aprobará en el Congreso una reforma constitucional que impondrá a la Constitución de las FARC. Esto, esencialmente, por dos razones: La primera, porque dispone que todo el ordenamiento jurídico deberá interpretarse a la luz de los principios del Acuerdo ilegítimo. Siguiendo lo señalado por el jurista Jaime Castro en entrevista para la Revista Semana, el Acuerdo ilegítimo tiene “muchos elementos del Socialismo del Siglo XXI, sobre todo en el modelo de desarrollo rural”. De este modo, queda reemplazada la parte dogmática de la Constitución, a la luz de la cual se debe interpretar el resto de la Constitución y las demás normas colombianas. La segunda, porque dispone que todas las autoridades colombianas están obligadas a cumplir con lo establecido en el Acuerdo ilegítimo. En otras palabras, contra la expresa voluntad popular, el Gobierno, en alianza con las chavistas FARC, no solo impusieron un nuevo marco constitucional, sino que su espíritu se contrapone al de la democracia liberal vigente siendo el nuevo inspirado en el Socialismo del Siglo XXI. Las FARC han reiterado que al socialismo es hacía donde quieren llevar a nuestro país. No debemos olvidar que otro influyente jurista defensor del Acuerdo ilegítimo, desde el año pasado, es decir sin siquiera haberse presentado la mencionada reforma constitucional sino únicamente el golpe a la voluntad popular-democracia-Estado de Derecho, ya hablaba de la Constitución de 2016. Un golpe constitucional como este también era inaceptable en Colombia hace tan solo unos meses. Lea más: "Para que Venezuela salga del chavismo debe existir una negociación"Carlos Alberto Montaner 5) Las FARC ya están cogobernando a Colombia. Mediante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), creada con fundamento en el Acuerdo ilegítimo, las FARC “son la primera y última palabra de lo que se legisle en el país en los próximos 10 años”, tal como acertadamente lo señaló hace unos meses el analista Pedro Medellín en su columna para la Revista Semana. El CISIVI pone en igualdad de condiciones a los presidentes que elijan libremente los colombianos en los próximos periodos presidenciales con los cabecillas de las FARC. En efecto, tanto el Gobierno como las FARC, tienen tres representantes. Siguiendo con Medellín, “la primera, porque ninguna instancia del Gobierno puede presentar proyectos de Ley sin que pase por la revisión de la CSIVI. Y la última, porque ellos son quienes dirán qué cambio se puede o no se puede hacer”. ¿Si lo anterior no es cogobernar entonces qué es? Esto, obviamente, también era inaceptable hace solo unos pocos meses en nuestro país. 6) Con la Constitución de las FARC y el cogobierno con las FARC, el Gobierno Santos, sus aliados y las FARC pretenden hacer irrelevantes las elecciones democráticas en Colombia en los próximos años. Según la reforma que consagra la Constitución de las FARC, ésta no puede ser modificada durante “tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”. Igualmente, el decreto que creó el CSIVI dice que “la duración de la CSIVI podrá ser hasta de 10 años”. De esta forma, pretenden, en la práctica, (i) petrificar su Constitución inspirada en el Socialismo del Siglo XXI impuesta arbitrariamente a los colombianos, y (ii) seguir cogobernando el país independientemente de quien gane las elecciones. Algo así también era inconcebible hace algunos meses en nuestro país. No es difícil imaginar en lo que convertirá una Colombia cada vez más gobernada por los cabecillas de las FARC, responsables de algunos de los crímenes más sanguinarios que ha conocido la humanidad, como lo son los crímenes de lesa humanidad. 7) Santos y las FARC excedieron incluso las facultades habilitantes que se tomaron arbitrariamente. En la “decretatón”, aprobada por el CSVI, legislaron sobre aspectos que no eran parte del Acuerdo ilegítimo, tal como lo analizó Juan Esteban Lewin de La Silla Vacía. Esto demuestra lo obvio: el autoritarismo es insaciable de poder y los límites que establece el Estado de Derecho les son irrelevantes. Habiendo hecho lo más difícil, es decir, robarse el plebiscito, excederse en los decretos leyes ya es algo menor. Y no les quepa la menor duda que si llegan a la presidencia junto alguno de sus aliados en la imposición del Acuerdo ilegítimo, se sentirán con la legitimidad necesaria para seguir haciendo lo que les dé la gana con Colombia. Pero cada vez con mayor profundidad, hasta extremos todavía inimaginables hoy para nosotros. ¿Si ha ocurrido lo descrito sin haber ganado elecciones (directa o en cuerpo ajeno), de qué serán capaces si ponen presidente en alianza (notoria o soterrada) con alguno de los defensores del Acuerdo ilegítimo? 8) Impusieron una justicia a la medida de las FARC. Teniendo en cuenta lo señalado a lo largo de este artículo, se puede concluir que el Acuerdo ilegítimo y la normativa que lo implementa es una imposición arbitraria a los colombianos por parte del Gobierno Santos, sus aliados y las FARC. La Justicia Especial para la Paz (JEP), es decir, para las FARC, lógicamente no es la excepción. Ahora bien, en muchos casos las imposiciones al pueblo colombiano seguramente vinieron precedidas de imposiciones de las FARC al Gobierno Santos. Así, por ejemplo, para el caso de la JEP, el jurista Jaime Castro en reciente artículo para Ámbito Jurídico explica en detalle las razones por las cuales considera que la JEP fue una imposición de las FARC al Gobierno. En esencia, señala que en la reforma constitucional que aprobó el denominado Marco Jurídico para la Paz (MJP) en 2012 en ninguna parte se encontraba algo como la JEP aprobada mediante el dictatorial Fast-Track. En su opinión, la visión del Gobierno sobre la justicia transicional para este proceso de paz la reflejaba el MJP y no la JEP resultado del Acuerdo ilegítimo. Además, el exministro Castro señala que la JEP “investigará y sancionará a relativamente pocos hombres y mujeres de las FARC, porque el 90 % de los que están reunidos en las zonas veredales será amnistiado o indultado”. Y, por el contrario, “cumplirá las mismas funciones en relación con varios miles de soldados y policías”. Asimismo, dice que “el número de otros servidores públicos y terceros que serán sometidos a su autoridad no es determinable todavía”. En otra oportunidad espero abordar en mayor detalle algunos aspectos de la JEP. Por lo pronto, quiero resaltar que (i) fue impuesta por el Gobierno Santos, sus aliados y las FARC al pueblo colombiano, (ii) es razonable concluir que es una imposición de las FARC al Gobierno, y (iii) está hecha para beneficiar a las FARC en detrimento del resto del país. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); }); 9) Las FARC se entraron a la brava al Congreso contrariando lo ordenado por el presidente del Senado. Al respecto, según Caracol Radio, el responsable de la corporación, dijo que “ellos están sin control, entraron sin avisar violando todas las normas que tiene cumplir cualquier ciudadano que quiera entrar al Congreso, esta mesa directiva lo prohibió pero la Policía no puede hacer nada porque llegan con sus escoltas y no queda más remedio que dejarlos entrar”. Esto puede parecer un asunto menor pero refleja su talante autoritario y el tono que tendrá una Colombia cada vez más cogobernada por ellos. ¿Si así son sin haber ganado elecciones (directa o en cuerpo ajeno), cómo será si ponen presidente en alianza (notoria o soterrada) con alguno de los defensores del Acuerdo ilegítimo? 10) Por lo tanto, Colombia está viviendo un autoritarismo de inspiración socialista mucho más cercano al castrochavismo que al de la democracia liberal. Y como vimos, la opresión intrínseca que caracteriza a los castrochavistas avanza a pasos enormes, contra nuestra voluntad. Y ello por más  que varios de los más férreos defensores del Acuerdo legítimo se hayan dedicado en las dos últimas semanas a publicar columnas en contra del castrochavismo, Maduro o el Socialismo de Siglo XXI, seguramente con el fin de recobrar algo de la credibilidad que han perdido. Como si ello fuera a cambiar en algo la realidad que han contribuido a generar y que ya la mayoría de los colombianos empezamos a percibir, tal como ya lo comienzan a mostrar las encuestas. Santos, sus aliados y las FARC están entonces haciendo “trizas” a la democracia y el Estado de Derecho en Colombia, cuyas instituciones existen para proteger y garantizar nuestras libertades y derechos. En otras palabras, para protegernos del autoritarismo como el del castrochavismo o el fascismo. En últimas, para protegernos de una “Dictadura Socialista Innecesaria” de opresión y de miseria como la que viven en la hermana Venezuela, si no tomamos a tiempo las medidas necesarias. Y mientras tanto los precandidatos presidenciales defensores del Acuerdo ilegítimo tienen el descaro de presentarse ante los colombianos como los defensores de los valores democráticos, la tolerancia o el respeto a las minorías, cuando al mismo tiempo hacen “trizas” las instituciones diseñadas precisamente para defender y garantizar lo que dicen respaldar. Afortunadamente el NO ganó en el plebiscito, por lo que el Acuerdo es ilegítimo, y en consecuencia, el nuevo Gobierno tendrá completa libertad política y jurídica para modificarlo. Sin embargo, para ello, primero, debemos elegir presidente a alguien serio, con el criterio, la decisión y el coraje necesarios para ajustarlo en lo que haya lugar, con el fin de restablecer el orden constitucional liberal en Colombia.

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