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Crisis de poderes en El Salvador por reforma de pensiones

Por: Adriana Peralta - @AdriPeraltaM - Jul 27, 2017, 2:39 pm
El pago de pensiones busca que las personas jubiladas tengan ingresos después de dejar de trabajar. (Rankia)
El pago de pensiones busca que las personas jubiladas tengan ingresos después de dejar de trabajar. (Rankia)

Ayer (26 de julio) por la tarde la Sala de lo Constitucional de El Salvador —el máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia— dejó sin efecto la reciente reforma al Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) que fue aprobada en la Asamblea Legislativa el pasado 17 de julio. La reforma buscaba aumentar el techo obligatorio —de un 45 % al 50 %— de compra de Certificados de Inversión Provisional (CIP) por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al Gobierno.

La Sala determinó que la reforma de la semana pasada “limita excesivamente el margen de inversión que las AFP pueden realizar” con los ahorros de los trabajadores. Disminuye “las condiciones de las pensiones futuras de los cotizantes”, agregaron los magistrados.

“Mi gobierno no permitirá que la Sala ni nadie deje a los jubilados sin pensión”, expresó ayer por la noche el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, cuando criticó el fallo de inconstitucionalidad dado por la Sala de lo Constitucional.

Para Cerén, “el impago de pensiones es culpa de la Sala de lo Constitucional y condeno estas medidas que son políticas y que solo buscan crear el caos y desestabilizar al país”. “Llamo al pueblo salvadoreño a respaldar al gobierno en las medidas que tomaremos para asegurar el pago de las pensiones”.

Esto provocó la crítica de los ciudadanos ya que las palabras de Sánchez Cerén atentan en contra de la separación de poderes gubernamentales.

Con esa reforma el Gobierno buscaba tener mayor capacidad de tomar dinero prestado de los ahorros de los cotizantes salvadoreños. La Sala determinó que es inconstitucional esta reforma; en el inicio de las FOP el límite máximo de la inversión obligatoria de los fondos de pensiones en certificados de inversión previsional era de un 30 %.

Para René Novellino, presidente de ASAFONDOS, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, el aumento del techo a un 50 % significaba que muchos cotizantes en el futuro iban a recibir la mitad de su pensión.

El aumento del 5 % implicaba que el Gobierno, en medio de una crisis fiscal, podía tener acceso a unos USD $500 millones. Esta crisis fiscal incluye impagos y retrasos a proveedores gubernamentales. En total han sido USD $5,700 millones que el Gobierno de El Salvador ha tomado prestado a través de CIP.

Pensiones: el tema más candente en El Salvador

A finales de la década de 1990 El Salvador cambió su sistema de pensiones, se crearon los AFP, pero la pensión de muchas personas quedó bajo el sistema antiguo, pagar esas pensiones ha causado dolores de cabeza al Gobierno.

El FOP se creó en 2006 para poder financiar el pago de pensiones del sistema antiguo, las del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). Ambas instituciones se quedaron sin fondos en el 2002 y el Gobierno asumió el costo financiero de pagar las pensiones de 100.000 personas.

Este es el último capítulo de una serie que tira y encoge alrededor del dinero de pensiones de los salvadoreños. Durante julio el Gobierno de El Salvador propuso un cambio en la forma en que se maneja el fondo pensiones, en vez del sistema de capitalización individual que se maneja en este momento el Gobierno propuso un sistema mixto, que existan dos fondos de ahorro, uno individual y uno colectivo.

Con ese fondo colectivo estaría compuesto por el 50 % del dinero que actualmente tiene cada donante y si se aprobara esa reforma, se nutriera del 59 % de los ahorros futuros de los trabajadores. Este fondo colectivo se usara para pagar las obligaciones del Gobierno con el sistema antiguo. Además la propuesta establece que la cotización para pensiones sube de un 13 % al 15 % del salario, un 1 % aportado por el empleador y el otro 1 % por el trabajador. Esta propuesta no ha recibido apoyo en la Asamblea Legislativa.

 

Según cálculos oficiales la deuda con el sistema antiguo es de aproximadamente USD $24,000 millones y solo para pagar la deuda con el ISSS y el INPEP se necesitan USD $400 millones anuales, que por el momento son tomados prestados de los fondos de pensiones de las personas afiliadas a las AFP —del 45 % de los ahorros que se buscaba poder subir a 50 %, pero que la Sala impidió ayer.

Oposición desde la ciudadanía

El Gobierno de El Salvador en repetidas ocasiones ha intentado tener más dinero para sufragar sus gastos, a costa de más deuda pública y maniobras políticas como la de las pensiones, pero de ninguna manera se hace responsable por el excesivo gasto gubernamental.

Entre ellos un aumento de USD $500 millones anuales en los gastos en subsidios entre 2004 y 2009 y un mayor número de plazas de Gobierno que en 2008 eran 159.000, pero para el 2014 eran 200.000. Ese gasto representó un 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Debido a la presión del Gobierno, por tener control del dinero de las pensiones, la ciudadanía salvadoreña formó organizaciones como la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), compuesta por instituciones, gremiales del sector privado y asociaciones de trabajadores.

La ICP considera que la reforma de pensiones presentada por el Gobierno busca aliviar las finanzas públicas, pero que no busca resolver los problemas de fondo del sistema.

Para la ICP, la propuesta es “confiscatoria y perjudicial para el futuro de los trabajadores y contiene distorsiones y parches que solo buscan llevar recursos al Estado, aunque con esto se afecten las futuras pensiones de los trabajadores”.

Además de ello, Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) aseguró a los medios de comunicación de El Salvador que subir el techo de 45 % a 50 % es un abuso.

“Creo que cuando se va a aprobar o modificar leyes de las pensiones se debería hacer en una discusión abierta para que la población pueda opinar y que los diputados, que representan a la población, tomen en cuenta las opiniones de los ciudadanos”.

“Lo que sucede es que si el Gobierno le quita ahorros y le paga el 1 % de interés sobre los ahorros de los trabajadores, por supuesto, estos no rinden y no tendrán suficiente para pagar una pensión digna. Eso es culpa de los Gobiernos que están aprovechándose de esos fondos y no pagando los intereses de mercado como debería ser”, aseguró el presidente de la ANEP.

Adriana Peralta Adriana Peralta

Adriana Peralta es amante, promotora y defensora de la libertad. Ha sido pasante en el Cato Institute y Atlas Network en Washington D.C. y miembro de la junta directiva de @CREO_org en El Salvador. Actualmente trabaja en el departamento de desarrollo de la Universidad Francisco Marroquín. Síguela en Twitter: @AdriPeraltaM.