¿A quiénes asisten los aparatos estatales?

Las demandas planteadas por ciertos sectores no pueden ser para dar un manotazo a lo que otros han obtenido legítimamente

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Argentina
Como primer principio civilizado debe respetarse la propiedad privada. (Foto: Flickr)

Vivimos una época de mucha hipocresía que se pone de manifiesto con claridad y contundencia cuando gobernantes repiten hasta el cansancio ideas tan esotéricas como que llevan a cabo «grandes esfuerzos» para entregar recursos a tales o cuales grupos. No parecen percatarse de que los esfuerzos los hacen los vecinos a quienes se les arranca el fruto de su trabajo para colocarlo en manos de otros destinatarios, que no son los titulares de esos fondos.

De entrada exponemos la tesis de esta nota: los políticos en funciones se asisten a sí mismos al cobrar emolumentos extraídos de la comunidad por la fuerza para jugar al hada madrina, como si ellos contribuyeran con su propio peculio, algo que jamás hacen. En lugar de dedicarse a proteger derechos y ofrecer seguridad y justicia, en gran medida se dedican a expoliar a unos en la esperanza de congraciarse con otros. Es necesario insistir en que, de este modo, la sociedad se transforma en una lucha descarnada de todos contra todos. Es como si la sociedad se hubiera convertido en un círculo infernal e insoportable donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del vecino. Esto así es insostenible y, por cierto, macabro.

Así, reclama airadamente el fabricante de tornillos que pretende un subsidio, los artistas que piden financiación para sus obras, los piqueteros que marchan para obtener prebendas, el productor que quiere ayudas monetarias, el sindicalista que pide que le otorguen más controles sobre obras sociales, el comerciante que espera que le otorguen un mercado cautivo, el profesional que insiste en asociaciones obligatorias, el banquero que apunta a mayor cobertura por parte de la banca central; el almacenero sugiere que se limite el radio de los supermercados, el empresario pide mayores aranceles, barrios populares reclaman viandas, médicos apuntan a que se les entreguen mejores equipos, estudiantes se manifiestan airadamente para obtener estudios sin cargo y así sucesivamente, todo a costa del prójimo.

Parece que a pocos se les ocurre que como primer principio civilizado debe respetarse la propiedad privada.

Parece que a pocos se les ocurre que como primer principio civilizado debe respetarse la propiedad privada. Las demandas no pueden ser para dar un manotazo a lo que otros han obtenido legítimamente. En general se trata al lugar de trabajo o el lugar donde se abastece la gente como propio sin percatarse de que se trata de la propiedad privada de otro, del mismo modo que condenaríamos que alguien ajeno pretenda dirigir lo que ocurre en nuestro domicilio.

De esta concepción proviene la maldita idea de aplicar la guillotina horizontal al efecto de «redistribuir ingresos» sin comprender que la distribución original y pacífica se lleva a cabo en supermercados y afines cuando la gente compra o se abstiene de hacerlo según sean los diferentes rubros que necesita. Pero resulta que esa distribución es reemplazada por la referida redistribución que inexorablemente se lleva a cabo con el uso de la fuerza contradiciendo las previas votaciones de la gente, y como los recursos no crecen en los árboles, esta violencia implica despilfarro que repercute negativamente en los salarios e ingresos en términos reales.

Todos los quejosos y pedigüeños que les exigen a los aparatos estatales que les arranquen recursos a otros en lugar de esto deberían ellos mismos constituirse en oferentes de lo que demandan y hacerlo con el precio y la calidad que airada e injustificadamente reclaman que lo haga otro. Si esas personas alegan que no cuentan con el dinero suficiente para embarcarse en esos negocios, pues que ofrezcan su idea a terceros para recabar los fondos necesarios para operar. Pero si nadie les compra la idea es porque no se basa en un plan de negocios serio y por ende debe abandonarse.

En esta línea argumental, se suele proceder a través del impuesto progresivo tan apreciado y aconsejado por Marx y Engels en el Manifiesto comunista, de 1848. Ese gravamen se traduce en cuatro efectos. En primer lugar, es regresivo, puesto que el contribuyente de jure al contraer sus inversiones reduce los salarios de los marginales que se convierten en contribuyentes de facto. En segundo término, significa un bloqueo para la imprescindible movilidad social, puesto que se perjudica a los que trabajosamente vienen ascendiendo en la pirámide patrimonial vía tasas que progresan a medida que progresa el objeto imponible. Tercero, altera las posiciones patrimoniales relativas, ya que son necesariamente distintas de las que había establecido la gente revelando sus preferencias, lo cual acentúa el consumo de capital. Por último, con razón se sostiene que deben incrementarse la productividad y realizarse los esfuerzos correspondientes, pero nos encontramos con que la progresividad significa que cuanto más productivo el agente, se propinan mayores palos fiscales como castigo.

La siempre ponzoñosa envidia opaca la bendición de las desigualdades de las personas, puesto que de otra manera se derrumbarían la cooperación social y la consiguiente división del trabajo. Si todos tuviéramos las mismas inclinaciones y vocaciones, las relaciones sociales serían inviables. El delta de ingresos y patrimonios en una sociedad libre es consecuencia necesaria de los gustos de la gente; lo importante es que todos mejoren, pero no que sean iguales, puesto que, como queda dicho, la desigualdad de resultados surge del plebiscito diario del mercado, que a su turno es debida a las diferencias de talentos de cada cual para servir a su prójimo.

En este sentido, para comprobar cómo ha cambiado la opinión que hoy prevalece en el Vaticano, y sin perjuicio de otros eventuales errores que puedan señalarse, es de interés reproducir un pasaje de lo consignado por el papa León XIII en 1891: «Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener es esto: que se ha de guardar intacta la propiedad privada. Sea, pues, el primer principio y como base de todo que no hay más remedio que acomodarse a la condición humana; que en la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los bajos. Afánense en verdad los socialistas, pero vano es ese afán y contra la naturaleza misma de las cosas. Porque ha puesto en los hombres la naturaleza misma grandísimas y muchísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni igual el ingenio ni la salud ni la fuerza, y a la necesaria desigualdad de estas cosas le sigue espontáneamente la desigualdad de la fortuna, lo cual es por cierto conveniente a la utilidad, así de particulares como de la comunidad, porque necesitan para su gobierno la vida común de facultades diversas y oficios diversos, y lo que a ejercitar esos oficios diversos principalmente mueve a los hombres es la diversidad de la fortuna de cada uno».

Por último subrayo que, como si todo lo dicho fuera poco, hay gobernantes trasnochados que sostienen que la solución a los problemas es el aumento del consumo, sin entender que la clave para todo es el incremento de la producción. Si un grupo de náufragos llega a una isla deshabitada y uno de los sujetos proclama que lo que deben hacer es consumir para resolver sus problemas, seguramente los colegas no se molestarían en contestar semejante sugerencia, si es que no amenazan con ahogarlo en represalia por tamaña obscenidad.

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