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Es del dominio público la trifulca suscitada como consecuencia del manotazo de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Es de esperar que el trámite ante la Corte prospere puesto que esa jurisdicción tiene rango provincial y consecuentemente le cabe las de la ley. Pero el asunto va mucho más al fondo que la faena del leguleyo al efecto de precisar el significado original del espíritu federal. Recordemos que, entre muchos otros, Juan Bautista Alberdi resumió el fiasco del positivismo al sentenciar que “saber leyes pues, no es saber derecho”.
Originalmente, en el plano político el desarrollo de la filosofía federalista se ubica en el Siglo XVIII en el tratamiento constitucional en tierras estadounidenses de donde han bebido muchas naciones del mundo libre. Allí tuvo lugar uno de los debates más fértiles en la materia entre los federalistas y los antifederalistas (paradójicamente más federalistas que los federalistas).
La tesis central, luego desvirtuada en distintos países (incluso de un tiempo a esta parte en Estados Unidos a contracorriente de lo consignado en aquél debate fundacional), consiste en apuntar a los incentivos en dirección a mantener en brete al poder político para que se dedique a su misión específica de proteger derechos, apartándolo de otros menesteres que no le competen.
¿Cuál era la intención de la arquitectura presente en esta edificación? Estaba basada en la noción fundamental de que son las provincias (en el caso norteamericano, los estados) las que constituyen la Nación y no el gobierno central y, por tanto, para establecer las debidas jerarquías en la copartipación fiscal son las provincias las que deben coparticipar al gobierno central y no a la inversa. En Estados Unidos, al sugerir este procedimiento, se referían “al poder de la billetera” de los estados miembros. Incluso en el extremo hubo quienes en aquel momento sostenían que no debía existir un gobierno central lo cual fue refutado con razón con el argumento de las relaciones exteriores y la defensa del conjunto.
En este contexto, los estados o provincias que componen la Nación son las encargadas de recaudar todos los gravámenes, excepto los vinculados a la Justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa. En todo caso la idea que subyace en el genuino federalismo es que independientemente de las ideas políticas de los gobernadores de las distintas jurisdicciones, todos estarán principalmente interesados, por una parte, que los habitantes no se muden a otra jurisdicción debido a cargas impositivas excesivas y, por otra, no ahuyentar inversiones para lo cual tienden a la implementación de tributos razonables situación que los obligan a mantener un nivel de gasto público ajustado.
Por supuesto que si a esto se agregan las reflexiones de Thomas Jefferson como embajador en París al recibir la flamante Constitución, otros grifos se hubieran cerrado. Expresó Jefferson en esa ocasión que si hubiera estado presente en la respectiva Convención hubiera introducido la prohibición de contraer deuda pública externa porque la consideraba incompatible con la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda.
En otros términos, si agudizamos las neuronas y repasamos el significado último del federalismo en sus fases iniciales, podríamos revisar en nuestro país la legislación para que apunte a lo que dejamos consignado, con lo cual se cortarían de cuajo las escaramuzas que vienen ocurriendo en nuestro medio sin solución de continuidad desde hace décadas y podríamos reemplazar el sistema del chantaje y la extorsión del unitarismo disfrazado de un federalismo en verdad inexistente.
El sistema federal argentino no es una confederación y, por ende, el maltrato del gobierno central a las provincias bajo ningún concepto autoriza la secesión, pero de allí no se sigue que las distintas jurisdicciones deban someterse en silencio a los abusos del gobierno central. También es cierto que hay caudillejos que prefieren gastar en aventuras antirrepublicanas para que el gobierno central alegremente les transfiera recursos en un juego macabro a dos puntas. La solución consiste en abrirse paso y despojarse del statu quo y debatir propuestas que minimicen problemas recurrentes.
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