EnglishPareciera que fue ayer cuando importantes figuras del conservadurismo estadounidense expresaban solidaridad con los niños refugiados en la frontera.
¿Dónde está ahora todo ese entusiasmo?
Mientras que el debate por la reforma migratoria parece haber perdido impulso, y un Congreso incongruente pretende que el ciclo electoral venidero se trate solo acerca del Oriente Medio, el presidente Obama se compromete a utilizar sus poderes ejecutivos para actuar al respecto. Sin embargo, la “reforma” de Obama no incluye los cambios necesarios para abordar los problemas que favorecieron un incremento en la afluencia de niños inmigrantes a Estados Unidos desde 2012.
“No lo podría haber logrado sin el voto latino”
Más allá de la reciente ronda de discusiones, la inmigración siempre ha sido un asunto delicado para el Gobierno de Obama; no porque el tema le importe al presidente, sino porque suena bien cuando manifiesta su preocupación.
Durante su presidencia, Obama observó cómo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) acosó a un número récord de empresas acerca de sus políticas de contratación. Bajo su supervisión, el ICE recaudó cerca de US$13 millones en multas a compañías cuyo único crimen fue ejercer su derecho a contratar a quienquiera deseen.
Según datos proveídos por el ICE, 250 empresas fueron investigadas por contratar inmigrantes en 2007, y solo en 2012 más de 3.000 empresas fueron auditadas por la misma razón.
Mientras que un enfoque práctico a la reforma de la legislación migratoria es más que bienvenido, prevenir que las empresas contraten a aquellos que están dispuestos y aptos para trabajar contribuyen al fracaso. Los despidos masivos y los encontronazos con la ley representan una importante carga para las empresas medianas que dependen de su mano de obra para mantenerse en funcionamiento.
La insistencia del Gobierno de Obama de mostrarse duro a la hora de aplicar la ley migratoria ha contribuido directamente a la escasez de trabajadores, lo que a su vez ocasiona un gran daño a las personas, sus empresas y sus familias.
Empresas clausuradas por el ICE
El inmigrante polaco Louis Botchman abrió las puertas de su lavandería hospitalaria en Peekskill, Nueva York, en 1939, y su familia la ha estado operando desde entonces. Ahora, la empresa podría enfrentar días complicados si el ICE confirma su sospecha sobre los procesos de contratación de Botchman. De acuerdo a Bruce Botchman, el hijo de Louis, el ICE denuncia que 339 de los 575 empleados han utilizado documentación dudosa en sus formularios I-9, motivando a que la agencia anunciara que estará auditando a la compañía.
“Esto nos podría llevar a la quiebra en pocos días”, dijo Bruce Botchman, el empleador que le paga un promedio de $10 por hora a sus trabajadores, además de proveerles cobertura de salud y jubilaciones. “Esta empresa es mi bebé, yo la construí. Estas personas son mi familia. Estuve llorando durante todo el fin de semana. No sabía que hacer. Este puede ser el final para mi”.
Teóricamente, las auditorias son iniciadas cunado las empresas son sospechadas de abusar o explotar a sus trabajadores. A pesar de esto, solo en 2013, el ICE auditó 3.127 negocios recurriendo a esta excusa. Con estas cifras, ya sea todas las empresas estadounidenses repentinamente se volvieron más abusivas hacia sus trabajadores o el Gobierno de Obama tiene un problema con los inmigrantes que prefieren trabajar en vez de buscar subsidios.
Las cárceles privadas, las grandes beneficiadas
Por lo menos una industria está floreciendo a expensas de la afluencia de inmigrantes.
En junio de 2014, el Departamento de Seguridad Nacional, detuvo a 10.622 niños sin compañía en la frontera. A la luz de estos informes, el Gobierno federal comenzó a promover el establecimiento de centros de detención gestionados por privados con el propósito de alojar a los jóvenes y mujeres que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
La llegada de niños migrantes provocó un alza en la industria, disparando el precio de las acciones de dos importantes empresas estadounidenses de cárceles privadas. Desde el 30 de julio, la acciones del Grupo GEO subieron un 7%, mientras que el precio de las acciones de la Corporación de Correccionales de Estados Unidos aumentó un 8,5%.
La llegada de niños migrantes provocó un alza en la industria, disparando el precio de las acciones de dos importantes empresas estadounidenses de cárceles privadas.
Los abultados números de junio llevaron a la Casa Blanca a impulsar un proyecto de $3,7 mil millones que incluye la construcción de más centros de detención a lo largo de la frontera. El plan de emergencia no fue autorizado por el Congreso, pero eso no detuvo al Gobierno de Obama de transferir fondos a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), a la Administración de Seguridad de Transporte, y a la Guardia Costera, para que brinden su apoyo.
A pesar del optimismo compartido por la Casa Blanca y Wall Street, el número de niños solos o acompañados de adultos que cruzan la frontera disminuyó drásticamente en agosto. Sin embargo, la Casa Blanca prosiguió con su plan, y como resultado GEO prorrogó su contrato con el ICE para construir más centros de detención.
Es digno de resaltar que el contrato ha sido firmado entre el ICE y GEO a pesar del cuestionable historial de la compañía para alojar de manera segura en sus instalaciones a migrantes detenidos.
De acuerdo a la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, desde 2007 se realizaron por lo menos 200 denuncias por abuso sexual relacionadas con las instalaciones de detención para migrantes. Tan solo el Grupo GEO estuvo involucrado en más de 100 denuncias por abusos a internos en sus correccionales, entre 1995 y 2007.
La guerra contra las drogas y las cárceles privadas
Una empresa privada que ignora las necesidades del mercado solo puede mantenerse funcionando cuando el Gobierno está metido.
Las guerras contra los inmigrantes y contra las drogas están impulsando una industria que prospera mediante la criminalización de personas que nacieron en el lugar equivocado.
Los centros de detención privados, sostenidos con dinero estatal, mantienen encarcelados a a niños cuyas vidas fueron arruinadas por la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos. Mientras tanto, el ICE ha estado persiguiendo a innumerables trabajadores en todo el país, evitando por la fuerza que sus empleadores les ofrezcan trabajo.
La intervención en asuntos privados perjudica a las empresas, empleadores y empleados por igual. Al mismo tiempo, las guerras contra los inmigrantes y contra las drogas están impulsando una industria que prospera mediante la criminalización de personas que nacieron en el lugar equivocado.
El trabajo de estas agencias representan más que un desperdicio de dinero de los contribuyentes; han dañado nuestra economía en niveles inconcebibles y lo continuarán haciendo hasta que permitamos a los trabajadores trabajar, y a los empleadores contratar a quienes ellos deseen.