English Version
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue destituido hoy por decisión administrativa de la Procuraduría de Colombia. Si bien no ha sido sancionado penalmente, sí ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 15 años. El conflicto que motivó su alejamiento del cargo surge de irregularidades en el plan de recolección de basura de la ciudad colombiana.
La Procuraduría estimó que el funcionario habría causado un perjuicio a la ciudad al haber decidido cambiar el esquema de recolección de basura. En palabras del Procurador Alejandro Ordóñez, “la Procuraduría impuso como sanción la destitución del cargo y la inhabilidad general por un término de quince años”. El conflicto surge en el año 2012, cuando la Alcaldía habría tomado la decisión de hacer que el servicio de recolección fuera prestado de manera exclusiva por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, estatal. El cambio de planes habría tenido como consecuencia un caos que vivió la ciudad durante varios días, debido a la falta de recolección de los residuos en varias localidades.
En la acusación realizada por el Ministerio Público se reclama al Alcalde recientemente destituido por haber improvisado el cambio, promoviendo la implementación de un esquema que no contemplaba en primera instancia la inclusión de la población recicladora de la ciudad, tal como se lo ordenó la Corte Constitucional. El Procurador Delegado Juan Carlos Novoa Buendía fue el encargado de llevar adelante la investigación, y fue quien remarcó en la demanda que las fallas que se cometieron pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud de los bogotanos.
La defensa del ex alcalde realizó el descargo correspondiente frente a la acusación. En el mismo afirmó varias cosas: por un lado dijo que la Procuraduría no es competente para destituir a un funcionario elegido en elecciones; además negó haber improvisado el plan de recolección de residuos; y finalmente denunció la violación al debido proceso para su despido del cargo.
El anuncio de la destitución de Petro fue informado a través de la web de la Procuraduría, mediante el Comunicado 996, que cita: “La evidente crisis que sufrió la ciudad de Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre del año inmediatamente anterior por la absoluta incapacidad del Distrito en la prestación del servicio público de aseo, suscitó la recepción de más de un centenar de quejas contra el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su condición de alcalde mayor de Bogotá; las cuales fueron interpuestas por ciudadanos y funcionarios públicos, entre ellos, concejales de la ciudad, congresistas y el señor defensor del Pueblo”. El mismo fue publicado hoy, minutos después del mediodía.
Por otra parte, a través de un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación también destituyó e inhabilitó por 12 años a Diego Fernando José Bravo Borda, en su condición de gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), y por 11 años al señor Henry Romero Trujillo, en su calidad de director general encargado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP), vinculados al mismo caso.
Gustavo Petro es un ex guerrillero de izquierda cuyo período de gobierno debía extenderse de 2012 a 2016. Sin embargo, las irregularidades de gestión no han sido extrañas en Bogotá en los últimos años. Hace menos de dos años, hechos como éste signaron la suspensión y posterior destitución del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas. Pero en este caso, el conflicto se habría dado en torno a hechos de corrupción, lo cual no está probado en el caso de Petro.
La decisión de la Procuraduría ha despertado revuelo entre los políticos del país. En este sentido, el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Mendez se refirió a la sanción impuesta diciendo que “tenemos que revisar la norma constitucional que le permite destituir a un funcionario que ha sido elegido por voto popular”. Otros que se han expresado al respecto han sido Diana Alejandra Rodríguez, concejal del movimiento Progresista; y el concejal del Partido Verde, Antonio Sanguino.
Rodríguez afirmó que “la decisión es un golpe a la democracia, a la ciudad, al proceso de paz, un acto de injusticia. No hay pronunciamiento de la Procuraduría ni una sola destitución por el saque de más de dos billones de pesos de la administración anterior. El alcalde Petro defendía los intereses públicos y de los bogotanos. La determinación fue sesgada y política y por fuera del marco futuro. El futuro es incierto y la decisión polarizará a la ciudadanía. Esperemos que esto no genere hechos de violencia.”
Por su parte, el concejal del Partido Verde se mostró preocupado en sus afirmaciones: “Es una circunstancia que tiene un impacto sobre la estabilidad de la ciudad, uno desafortunado. Al margen de las decisiones que motivaron al Procurador, es grave que la ciudad haya tenido dos alcaldes destituidos en serie y que no haya estabilidad en el ejercicio del gobierno. De eso dependen certezas presupuestales, de ejecución.”
Poco después de la difusión de la noticia de su destitución, el Alcalde Petro se expresó en la red social Twitter apelando a una protesta pacífica por lo ocurrido. Resta definir si su defensa apelará o si la disputara continuará en tribunales internacionales.
Pido a toda la ciudadanía democrática movilizarse en Bogotá y en el país. Vamos por la Paz y por la Democracia
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2013
Multitud en Defensa de la Paz y la Democracia. Hablaré en la Plaza pic.twitter.com/qAiA9HIvGM
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2013
