Chile: ¿proceso constituyente o adoctrinamiento?

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El Gobierno de turno tiene un interés especial para que sus intentos reformistas no encuentren obstáculos presentes o futuros (Ángel Guardián)

EnglishLa llegada de Michelle Bachelet al Palacio de La Moneda ha traído consigo una serie de profundas reformas de tinte socialista que buscan “combatir y acabar con el modelo que tanta desigualdad e injusticia social ha generado” en Chile.

Bajo este contexto, resulta conveniente plantearse si el país ha sido conducido hacia un proceso constituyente o hacia un verdadero adoctrinamiento, lo que se convierte en tema digno de análisis.

Varios aspectos merecen ser destacados: si bien la Constitución actual de Chile fue creada durante el régimen militar, la misma fue reformada en un 95% durante el Gobierno del presidente Ricardo Lagos y adaptada a los principios democráticos de nuestra sociedad.

De hecho, el 17 de septiembre de 2005, Lagos declaró: “Hoy firmamos solemnemente la Constitución democrática de Chile. Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar (…) por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, éste es un logro de todos los chilenos”.

Recientemente se ha anunciado la creación de Cabildos abiertos para que la ciudadanía participe en un proceso constituyente y tenga la posibilidad de expresar sus ideas, que serán “tenidas en cuenta” en la redacción de la nueva Carta Magna, bajo el monitoreo de algunos agentes “facilitadores del Gobierno”.

De todo esto surgen unas cuantas cuestiones a evaluar: ¿qué principios y aspectos de la actual Constitución son merecedores de un cambio? ¿La Constitución Nacional ha dejado de responder a las demandas y cosmovisiones de la sociedad chilena?

¿Los cambios que necesita Chile son tan drásticos que no pueden ser soportados en reformas? ¿Realmente los chilenos hemos dejado de sentirnos representados por la Constitución y por sus instituciones?

Lo anterior nos dirige hacia un cuestionamiento adicional: si la opinión de los ciudadanos no ha sido tenida en cuenta en temas como la salud, el transporte o la educación, ¿en qué se fundamentan las esperanzas de que esta vez será diferente?

La historia, parece dejarnos una lección: si ninguno de los interrogantes anteriores es afirmativo, se debe a que el Gobierno de turno tiene un interés especial para que sus intentos reformistas no encuentren obstáculos presentes o futuros. En este sentido, corresponde considerar el caso de Venezuela, por ejemplo.

Por su parte, las declaraciones de José Miguel Insulza, agente en la Haya del Gobierno de Chile, dan cuenta de una abierta oposición, desde la misma bancada oficialista, a un proceso ilegítimo e innecesario que está destinado a fracasar: “Tengo el sueño de equivocarme, pero creo que este proceso de debate no va a llegar demasiado lejos (…) no tengo grandes esperanzas respecto de la primera etapa, porque no va a participar la misma gente”.

Consciente de que Insulza trabaja para un Gobierno al cual le debe “lealtad”, no es de extrañar que posteriormente se haya excusado. Esto lo aleja de su carácter frío y calculador, y revelaría las habilidades persuasivas y diplomáticas de su “empleadora”.

Sin embargo, de las palabras de Insulza queda un sinsabor, ¿cuál es la raíz del fracaso que éste respetado político observa?

Primero se observa el nivel de desinformación. Los integrantes del Consejo de Observadores, que son los encargados de monitorear los “cabildos abiertos” para que no haya conducción ideológica o parcialidad en las discusiones, han manifestado preocupación por el desconocimiento de lo que realmente será su trabajo, ya que no tienen guía sobre lo que deben sancionar.

Segundo, la Constitución democrática y republicana que se encuentra vigente, establece los requisitos y medios para su reforma o sustitución. ¿Por qué en vez de acudir a medidas populistas, no se respetan los mecanismos preestablecidos?

Los métodos que sugiere Bachelet no están contemplados en este tratado, y el mensaje que envía es el de invalidar la misma Constitución, que a ella la respalda en su ejercicio dentro del Ejecutivo.

Tercero, la ausencia de debates que determinen la pertinencia de una nueva Carta ratifican la ausencia del “carácter democrático” de la coalición de Gobierno, la misma que estará presente durante la redacción del documento final.

¿Qué son o serán entonces, los cabildos? Un escenario de catarsis nacional, donde se les hace creer a los ciudadanos que de lo que ahí salga surgirá la nueva Constitución, que sus quejas, deseos serán materializados en la nueva Carta Magna, sin embargo no será más que una reunión que como máximo aspirará a servir de catarsis.

Si se impulsa un proceso constituyente es porque alguien determinó que era necesario y por lo tanto tiene al menos una imagen de lo que desea como resultado antes de obtenerlo. No en vano, quienes liderarán este proceso, serán activistas del Partido Comunista y Socialista.

Resulta curioso que aunque el Gobierno de Bachelet tiene la convicción de que los cambios que ellos proponen son necesarios para evitar el colapso del país, nunca esclarezca cuáles son esos cambios y cómo pretende implementarlos.

Quizás este proceso constituyente no es más que una oportunidad para los ciudadanos de desahogarse, pero no de aportar  a la creación del nuevo documento, pues cuando un Gobierno ve la necesidad de este tipo de procesos, es porque quiere guiarlo en una dirección determinada.

Para el Gobierno, la Constitución es espuria, es un vestigio de la dictadura y sin detenerse a conciencia en su contenido, sólo desean deshacerse de ella y de las instituciones que protegen a la República.

Por eso es que el proceso no puede sino ser un camino de adoctrinamiento civil para lograr convencer con recursos públicos, de que las personas deben dejar sus libertades y futuro en manos de un Gobierno que sabrá administrarlos mejor que uno mismo.

Finalmente, el principio de la democracia es el pluralismo y la libertad de pensamiento, ¿dónde queda el debate? ¿Dónde o en qué parte del proceso quedarán los opositores?

Las redes sociales y otros canales informativos nos han permitido observar que la Nueva Mayoría y sus seguidores no están abiertos al diálogo, tanto así, que se refieren a sus contrincantes como “fascistas, nostálgicos de la dictadura, pinochetistas, golpistas, reaccionarios, cavernarios y sediciosos”.

¿Es esta la República que queremos? ¿Garantizará efectivamente las libertades esta “nueva Constitución” cuando se deja por fuera a la oposición?

Sólo queda esperar que este periodo acabe pronto y que Chile haya aprendido la lección, para comenzar a escoger correctamente a los verdaderos constructores de una República libre.

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