En la fecha del 21 de mayo, se celebran en Chile las glorias navales en recuerdo de las hazañas de los héroes de guerra del siglo XIX.

En esta misma fecha, se efectúa la cuenta pública que hace el Gobierno en la voz de quien ocupe el cargo de presidencia, en este caso, Michelle Bachelet.

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En ocasión del discurso presidencial, se produjeron innumerables hechos de violencia en el que la “fuerza pública” se enfrentó a encapuchados y sujetos armados con palos, bombas caseras, piedras y otras tantas cosas que producen daño físico. El nivel de violencia escaló a tal punto que un guardia de seguridad en la ciudad de Valparaíso murió asfixiado con los gases tóxicos, producto de un incendio generado por estos manifestantes.

Bajo estas circunstancias de emergencia social, donde la violencia abunda y el descontrol de los delincuentes que aprovechan cualquier efemérides para destruir la propiedad pública, se espera que la policía, que existe para mantener precisamente el orden público, tuviera no sólo los mecanismos sino también el respaldo para cumplir sus funciones y disipar los desmanes.

Sin embargo, durante largos años Chile ha venido cultivando la mentalidad izquierdista de que el orden público, lo establecido, es en esencia malo, que la revolución social se ampara en la calle y quienes se le opongan son fascistas.

Cuando la situación provoca la muerte de una persona como consecuencia de las manifestaciones de los así llamados movimientos sociales, comprendemos que es hora de reconocer el desgobierno y la crisis social.

Varios parlamentarios y personalidades emitieron sus opiniones, entre ellos la diputada Camila Vallejos, exlíder del movimiento estudiantil y miembro del Partido Comunista, que con sus dichos sólo refuerza la idea de que se puede lanzar la piedra y esconder la mano.

Vallejos lamentó la muerte del funcionario, pero luego acompañó su frase con una jugada de empate diciendo que, por otro lado, recuerda a las víctimas de las balas represoras. La realidad es que en ninguna de estas marchas ha muerto una persona como producto de dichas balas represoras, porque la policía no ha utilizado sus armas. No existen cifras porque el número de muertos a manos de la fuerza pública es cero.

Sería inútil buscar políticos o dirigentes que sean pertenecientes al sector izquierdista y que inviten abiertamente a partes de la población a manifestarse con violencia y exhorten a estas masas a destruir todo a su paso sin respeto por la autoridad y mucho menos por el resto de los individuos, sin embargo han creado las condiciones ideales para que ocurra exactamente eso.

Mientras los congresistas vociferen en defensa de las manifestaciones, aun cuando éstas terminen en la completa destrucción del espacio público, entonces la policía estará limitada a muy pocos medios de acción.

No hace mucho se intentó legislar sobre la intensidad de flujo del carro lanza agua de manera que casi se tratara de “una suave lluvia de primavera”, con tal que nadie se moleste. En otra ocasión, el movimiento estudiantil pidió que los carabineros (policías) no vistieran cascos porque les parecía “provocadora” la sola visión de un policía con un elemento de defensa personal, y de hecho lograron su objetivo.

Cuando predomina el discurso que hace ver mal a la fuerza pública, cuando proliferan ideas como la de Camila Vallejos sobre las supuestas “balas represoras”, cuando se refuerza en la población que no deben haber sanciones por agredir a quienes intentan resguardar el orden y proteger el espacio de todos, cuando gobierna la mentalidad de que todo el orden social está mal, entonces:

¿Qué tiene de extraño que al final de dicho proceso el país encuentre que todo espacio público está en manos de grupos destructores? De un simple conjunto de bárbaros que desde luego no se desarman  y obviamente se radicalizan, grupos que jamás sufrirán las sospechas de los organismos de Derechos Humanos.

Se entregó el espacio público a los violentos. En todo el país es igual, la delincuencia sabe que el discurso de quienes gobiernan la defenderá. Una muestra de eso es la IX región de la Araucanía, donde los grupos terroristas toman caminos y queman propiedad privada sin mirar si queman personas también.

¿De quién es la culpa? Claro que en primera instancia es de todos aquellos que salen a las calles llenos de odio y resentimiento, que detestan todo orden establecido, pero también de quienes crearon las condiciones para que esto suceda.

En estas condiciones, un buen mensaje para la izquierda es que  ya no es necesario cambiar la Constitución, porque el Gobierno en su completa inoperancia ha acabado con ella. En Chile, la protección a las personas, la libertad individual y el respeto por el orden y el buen vivir ya no existen. Basta con que cualquier grupo demandante queme elementos en el espacio público y cause desmanes y así consiga todo lo que quiera.

La izquierda ha creado una sociedad de odio, ha reunido el combustible y la leña para que cualquier bárbaro lo encienda. El orden público ha muerto, la sociedad depende de la voluntad de grupos violentos que según su voluntad decidan o no salir a las calles a hacer su número y no de que exista policía, ni conductos regulares, ni leyes pertinentes y tampoco un orden establecido.

La policía con toda su inteligencia está atada de manos, la delincuencia y la destrucción ya han ganado su espacio y la izquierda ha creado un paraíso para la violencia.

Sólo queda esperar que se acabe esta nefasta administración y que Chile recupere la cordura cívica, logrando desarmarse de este proceso de revolución izquierdista que ha llevado al país directo al precipicio.